“Minera La Alumbrera es el ente contaminador más importante que tiene el NOA

ONG - Dr. Rafael Medina, presidente de la ONG Pacto Verde de Tucumán Los camiones llevan 220 toneladas de material por viaje. “Hay un impacto ambiental que no podrá ser revertido” Declaraciones. El abogado y ambientalista advirtió que hay otra mina que está por entrar pronto en producción. Los riesgos para el medio ambiente. “Minera La Alumbrera es el ente contaminador más importante que tiene el NOA, ellos están consumiendo 600 litros de agua por segundo, está generando un impacto ambiental que no va a tener manera de ser revertido ni siquiera a mediano plazo, a partir de que es uno de los pocos lugares en el mundo en el que se sigue practicando la minería a cielo abierto”. El Dr. Rafael Medina, presidente de la ONG Pacto Verde de Tucumán cuestionó con dureza a la empresa que desarrolla este emprendimiento minero en Andalgalá, Catamarca. Sostuvo que hay una gran preocupación porque Xstrata, la firma que opera la mina “va a comenzar a explotar otra mina que está muy cerca de La Alumbrera que es dos veces más grande y que se llama Agua Rica”. Aseguró que el impacto ambiental que produce la mina a cielo abierto, se debe a que “utiliza productos químicos para la extracción que no reciben tratamiento adecuado y terminan contaminando la montaña, el agua y el aire”. Sostuvo que en Tucumán, donde desemboca el ducto por el cual se envía el mineral y donde se produce la separación del metal, “el agua –de ese tratamiento- termina yéndose por el canal DP2 y es vertida finalmente en el embalse de Río Hondo, todo eso es una contaminación enorme, pero además un inmenso consumo de energía eléctrica y de agua pura, además de un impacto social negativo en los valles”. En Río Hondo A su vez, Rafael Vielma, ambientalista de la ONG Tincunacu de Las Termas de Río Hondo, expresó que “mientras la minera La Alumbrera siga funcionando vamos a estar condenados a sufrir las consecuencias de la contaminación en nuestro embalse” al referirse al impacto ambiental que arroja la explotación minera en Las Termas. Vielma repudió el accionar de empresas mineras y de ingenios tucumanos que desechan material contaminante al embalse Río Hondo y advirtió que la situación se agravará en los próximos dos años cuando comience a funcionar el emprendimiento minero Agua Rica en Catamarca. La agrupación ecologista, en diálogo con EL LIBERAL, afirmó que el daño ambiental persiste en el embalse Río Hondo como consecuencia “de los desechos de ingenios tucumanos y empresas mineras a cielo abierto que son arrojados a los cauces tucumanos y al canal DP 2”. “El daño ambiental no se detuvo, La Alumbrera comenzó la actividad cerca del 97 y en el 2000 sospechamos que los casos de enfermedades de cáncer en Las Termas son provocadas por este emprendimiento económico a cielo abierto; ahora Agua Rica empezó la etapa de exploración y dentro de 2 ó 3 años tenemos miedo que los derivados se filtren en el Valle del Aconquija”, expresó. 

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La Alumbrera afirma que su actividad no contamina y busca adquirir más minas

DECLARACION - Jorge Montaldi, Gte RR.II de minera La Alumbrera La mina a cielo abierto tiene una profundidad de 7 km y 17 de ancho. Eso equivale a unir una línea recta entre la plaza Libertad y la plaza Belgrano de La Banda. Defensa. “Nosotros no contribuimos a la contaminación del embalse” de Río Hondo, dice Jorge Montaldi. Ambientalistas cuestionan la actividad de la empresa. Esta semana hay una audiencia en tribunales federales. Esta semana funcionarios del área de Relaciones Institucionales de la empresa minera La Alumbrera visitaron la provincia para informar sobre la actividad que realiza la empresa, además de la inminente firma de un convenio con la Universidad Nacional (Unse) para que esta institución realice el control de efluentes que la empresa vierte por su actividad en el polémico canal DP2, un curso de agua que desemboca en el embalse de Río Hondo y que fue seriamente cuestionado por ambientalistas santiagueños y tucumanos. La Alumbrera, es un megaemprendimiento minero ubicado en el departamento de Belén en Catamarca que realiza un fuerte aporte a la economía de la zona y también a los ingresos fiscales. En 2008, pagó impuestos nacionales, provinciales y municipales por $1.208 millones. En los últimos diez años esos aportes suman $4.521 millones. Esta empresa emplea en forma directa a 1.263 personas y pese a la crisis, no despidió personal. La minera produjo una explosión en el aumento de las exportaciones catamarqueñas, llevándolas de U$S 96 millones en 1997 a U$S 1.497 millones en 2007. El año pasado pagó por retenciones U$S 150 millones. El gerente de Relaciones Institucionales de la multinacional, Jorge Montaldi, se refirió a las acusaciones que diversos grupos ambientalistas hicieron contra la actividad de la empresa. Sostuvo además que Xstrata Copper, la firma controlante de La Alumbrera, participa de una licitación por otras 5 áreas mineras lindantes a esta principal, para extender el período de vida útil de la mina a cielo abierto que expira en el 2017. “La Alumbrera explota una mina a cielo abierto, de cobre y oro, es una empresa comandada por el grupo Xstrata, ha formado una UTE (Unión Transitoria de Empresa) con Ymad (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), empresa estatal dueña de los derechos de explotación y exploración y que participa con el 20% de las utilidades del proyecto”. Ymad, es el gobierno de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucuman (UNT), porque La Alumbrera fue descubierta por un investigador de la UNT en la década del 30. “La empresa explota un concentrado de cobre y oro a cielo abierto. El proceso es por trituración del material para liberación del cobre, en ningún momento se usan sustancias como mercurio, cianuro, ni su mineral contiene arsénico. Muchas de las acusaciones que se hacen a la minería viene por ahí, que se utiliza el cianuro para separar oro o mercurio para amalgamar oro, en el caso nuestro no se usa ninguna de esas sustancias”, aclaró. En el caso de los efluentes que se vierten en el canal DP2 y luego llegan al embalse de Río Hondo, dijo que “muchas veces se asocia la contaminación del Dique Frontal con minera La Alumbrera y con la actividad industrial de Tucumán, pero nosotros contamos con un laboratorio con el que controlamos el proceso del tratamiento de agua”. Añadió que “tenemos controles de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Dirección de Minería, de la Secretaría de Minería de la Nación y del Comité de Cuenca Salí-Dulce que se ha formado como una reacción para mejorar la cuenca”. Por ello, indicó que “estamos absolutamente tranquilos que nosotros no contribuimos de ninguna manera a la contaminación que tiene el dique”. Con el objetivo de brindar mayor tranquilidad en este tema, indicó que “estamos trabajando con la Unse, hicimos un convenio con el rector Arnaldo Tenchini quien a su vez es coordinador del Grupo de Universidades del Norte Grande y ellos también harán un control de nuestros efluentes, de esta manera lo que queremos hacer es dar transparencia a nuestra actividad del efluente y que haya terceros que nos controlen y que puedan publicar todos los datos”. Crisis y minería La crisis que afectó a la minería en todo el mundo, no se extendió con la misma ferocidad hacia La Alumbrera. “Nos ha golpeado mucho por el lado del precio, en setiembre de 2008 estaba a U$S 3,50 la libra pero se produjo una caída inesperada y en 60 días llegó a un valor piso de U$S1,32, eso nos golpeó muchísimo, tuvimos que implementar medidas, pero ninguna pasó por bajas del personal”. Añadió que “avizoramos un 2009 y parte de 2010 muy complejo, pero el valor del cobre fue recuperándose, hasta encontrar un valor estable de U$S 2,10 que es un valor interesante que permite mirar el futuro con más optimismo, sobre todo pensando que queremos seguir desarollando proyectos en la zona”. Xstrata Copper vende su producto a refinerías de China, Japón, Canadá, España, Brasil y Alemania. El cobre comercializado se utiliza en la industria de la construcción, automotriz, etc 2017 Es el año en que concluirá la explotación de la mina. 670 mil toneladas de cobre y oro produce anualmente. 156 mil de ellas son de cobre. $1 Millón es el monto que indican desde La Alumbrera que se distribuyó hacia la Unse, como una porción del reparto de utilidades entre universidades.

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A simple vista este funcionario es un ignorante, un corrupto o ambas cosas

A raíz de las lamentables declaraciones de Juan Carlos Targa, director de Medio Ambiente de Santiago del Estero, nosotros podemos decir que "a simple vista este funcionario es un ignorante, un corrupto o ambas cosas". Lean la nota a continuación (puaj)

Declaraciones el director de Medio Ambiente, Juan Carlos Targa, ante el inicio de la zafra

Toman muestras del dique y no detectan “anomalías”
Ayer realizaron una tarea similar en ríos de Tucumán, técnicos de la Diosse y esa provincia.
y esa provincia.

La situación del embalse de Río Hondo amerita controles periódicos.
El jueves pasado, el director de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Carlos Targa, junto a dos técnicos de Tucumán, tomaron muestras en siete sectores del embalse de Río Hondo, como lo hacen todos los meses, para conocer los valores que arrojan, frente a la problemática de la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce.
“El embalse trae mucha agua y no se ve ninguna anomalía a simple vista, por caso: animales muertos en la superficie”, indicó Targa.
El funcionario no descartó que la zafra que avanza en Tucumán ocasione problemas en el futuro, aunque indicó que “el problema suele ocurrir cuando sube la temperatura”.
De igual manera que el trabajo hecho el jueves, ayer, técnicos de la Diosse -Dirección de Obras Sanitarias- y también de Tucumán hicieron un trabajo similar, aunque esta vez vía terrestre, en las entradas de los ríos en la vecina provincia.
En tanto, Targa indicó que ya se viene aplicando esta metodología de trabajo desde hace unos meses atrás, y que sus resultados se evaluarán en la nueva reunión del Comité de Cuenca a realizarse el próximo 8 de julio.
Mientras, el 7 de julio se lanzará oficialmente el Plan de Producción Limpia en nuestra provincia, con la presencia del director nacional, Ariel Carbajal, y otros funcionarios.
El mismo está destinado a una producción sustentable de empresas locales y forma parte de un convenio suscripto entre el Gobierno provincial y la Secretaría de Ambiente nacional.

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IMAGENES DEL DESALOJO DE CAMPESINOS EN CELENTANO

VER ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA

Un polémico candidato a juez amigo de los terratenientes sojeros

22-06-2009 /

Rodolfo Yanzón

El Senado de la Nación deberá analizar el pliego de Pedro Eugenio Simón para ser designado fiscal federal en la provincia de Santiago del Estero. La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo de la Nación y mereció la impugnación de varias organizaciones, entre ellas del Frente Nacional Campesino y de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos. Los impugnantes dijeron que Simón representa “legal y políticamente a los terratenientes y empresarios vinculados a las corporaciones nacionales e internacionales del complejo sojero”. Recordaron la pertenencia de postulante al estudio jurídico Sechi Retondo, especialista en desalojar campesinos de sus tierras. Como ejemplo del accionar empresario y de su staff de abogados, citaron el caso de la familia Quiñónez, que había habitado durante décadas en el lote 41 de Los Juríes en el Departamento de Taboada, jurisdicción de Añatuya. Los Quiñónez fueron desalojados en varias oportunidades, la última de ellas mediante una estafa con falsificación de documentos públicos pergeñada por abogados y escribanos para beneficio de los empresarios del campo. De esa maniobra participó Simón, que fue imputado en la investigación de la estafa, por la que ya están procesados por la jueza Roxana Vera el empresario Carlos Sartor y el escribano Edmundo A. Gómez, de la ciudad de Santiago. La maniobra para desapoderar a la familia Quiñónez de sus tierras es uno de los métodos utilizados por los empresarios en perjuicio de los campesinos. Adulteran escrituras que luego hacen valer ante los jueces para llevar a cabo los desalojos. La práctica es posible por abogados como Simón y con el aval de dirigentes políticos.
Durante la intervención de la provincia a partir de 2004, Pedro Eugenio Simón obtuvo como premio que el Partido Justicialista lo incluyera en la lista de diputados provinciales en la elección que el dirigente José Figueroa perdiera ante el Frente Cícivo que integra el actual gobernador Gerardo Zamora, aliado del Gobierno nacional. Al asumir como diputado provincial, Simón redactó e impulsó un proyecto, que luego se transformó en ley por la aprobación del justicialismo y del oficialismo, para incorporar al código procesal penal una herramienta expeditiva para desalojar de sus tierras a las comunidades campesinas e indígenas. En 2006 la producción del programa Blog que se emitía por Canal 9 y dirigido por Daniel Tognetti, realizó mediante cámara oculta una investigación, bajo el título de “Tierras robadas”, en la que Pedro Eugenio Simón reconocía descaradamente haber desalojado en forma personal a una familia campesina, en momentos en que era diputado provincial y abogado de los empresarios. Desde ese doble rol fue el artífice de la ley que permitió el desalojo y uno de los que pergeñaron los ardides empleados. En las filmaciones se lo puede observar riendo a carcajadas en momentos en que desalojaba a una familia, mientras decía “vengo en mi rol de abogado pero soy el vice de la Cámara de Diputados”. De la investigación también surge que las tierras arrebatadas a los campesinos luego son custodiadas por efectivos de empresas de seguridad privadas fuertemente armados, varios de ellos miembros de la policía provincial. A partir del escándalo producido por el informe televisivo, se intentó expulsarlo de la Cámara, pero los terratenientes sojeros lograron mantenerlo en su cargo. No conformes con ello, hoy pretenden que les sea útil en el rol de fiscal federal.
Los impugnantes también recordaron que Simón había representado a la corporación empresarial Minera Alumbrera Limited en causas penales federales iniciadas por daños ambientales generados sobre la cuenca de los ríos Salí Dulce. Un profesional que a lo largo de su trayectoria ha puesto su saber al servicio de empresarios cuya actividad está absolutamente reñida con el medio ambiente, la vigencia de los derechos humanos y la defensa de los sectores mas débiles de la sociedad. Esperemos que el Poder Ejecutivo de la Nación retire este pliego indeseable o que el Senado lo rechace. Los campesinos y el medio ambiente darán las gracias.
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GRUPOS ARMADOS ENTRAN EN COMUNIDAD INDÍGENA EN SANTIAGO DEL ESTERO

Informe realizado por el Mocase Vía Campesina, la comunidad pertenece a la Central CCTIA de la organización.


Entre el viernes y sábado pasados grupos armados volvieron a entrar en la comunidad indígena Lule – Vilela de Tres Leones, esta vez se ubicaron en el paraje Pampa Chaquina a pocos kilómetros de la localidad Tintina, al noroeste del Dpto. Moreno.

Entre todas las comunidades hay más de 50 familias de origen indígena quichuista vilela que viven en la zona produciendo agricultura, ganadería, artesanías y haciendo productos forestales (Carbón y postes).

Hace 5 años aparecieron en la zona dos empresarios cordobeses: Aníbal Boyero y un tal Joni Gasparuti. El primero compra los derechos y acciones de una supuesta posesión a nombre de Juan Angel Martines (puntero político juarista, y quien fuera encargado del registro civil de la localidad de Libertad, que jamás ejerció posesión alguna sobre ese lote de 3.600 has). La fracción norte (de 800 has) de ese lote era sujeto de pastaje de la comunidad Indígena. Luego de un tiempo Boyero metió una topadora y deslindo las 3600 has. Y comenzó a empostar y alambrar cerrando el camino “El Charquinero”, camino vecinal con más de 100 años de antigüedad que es mantenido por la misma comunidad. Las comunidades integrantes de Tres Leones al ver que su territorio estaba siendo amenaza realiza una denuncia ante el Consejo Provincial de Vialidad contra Boyero por cierre indebido de camino, previa verificación ocular del Juez de Paz de la localidad de Tintina.
A su vez, al ver la actitud de Boyero de seguir con el alambrado, los hermanos comunitarios proceden a redelimitar su coposesión comunitaria con 2 hebras de alambre para que Boyero respete a la misma. Boyero rompe el alambre y prosigue alambrando. Los pobladores desarman el alambre y vuelven a armar su alambrado. En Junio del año 2004 Boyero acompañado por personal policial de la comisaría seccional Nº 44 de Tintina se apersona al lugar e intima a los pobladores a que depongan su actitud. De hecho Julio Sosa alias “guiso”, agente de la policía le dice a Carlos Pérez, integrante de la comunidad, que iban a ir todos presos si siguen redelimitando la posesión. El oficial Julio Sosa recibió de Boyero $40 pesos por acompañarlo.
Durante la semana del 16 al 20 de junio de ese mismo año en dos oportunidades más, personal de la policía de Tintina vuelven a ir al lugar a apretar a los pobladores a que depongan su actitud. La comunidad, facultados por el derecho de defensa de sus territorios siguen realizando la autodefensa de la posesión. Boyero contrata alambradores cordobeses quienes con custodia policial siguen realizando el alambrado. El abogado de Boyero de apellido Carol realiza una denuncia en el juzgado de 4 nominación en lo criminal y correccional de los Tribunales de Santiago del Estero, contra los pobladores de Pampa Charquita y La Pampa por el supuesto delito de usurpación de tierra, daños y perjuicios.

El día 23 de junio, como a las 9 de la mañana, Boyero, en su camioneta lleva a la zona de conflicto el siguiente personal policial de la seccional Nº 44 de Tintina, a saber: el oficial Carlos Luna, suboficial “Kito” Perez, el sumariante Luis Romero, los agentes Guillermo Vallejo, “Toro” Santillán, Julio Sosa, Vázquez, y los agentes de las destacamentos de Amamá: Cansino y de Libertad: Santillán.
En aquella oportunidad en ocasión en que los integrantes de la comunidad Carlos Perez y Carlos Roldán, estaban esperando en la entrada de la seccional Nº 44 de Tintina, para hablar con el Jefe Taboada, el cual estaba en Santiago del Estero, vieron arribar a dicha seccional la camioneta de Boyero con todo el personal anteriormente enunciado, descendieron bajando armas largas, chalecos antibalas. Con sus propios ojos pudieron ser testigos como Boyero, de manera impune entrega a Kito Pérez un fajo con billetes de $ 100.
Cuando hablamos con el oficial Luna le advertimos de las consecuencias penales por abuso de autoridad que recaería sobre el personal (a todo esto llaman de Buenos Aires en ese momento asesores de la Senadora Diana Conti). Luna responde a quien estaban allí que el no va hacer nada que no le ordene el juez, el cual telefónicamente le abría dado la orden para hacer este procedimiento. No nos dijo si hay orden de detención, ni en el marco de QUE??? se produjo este procedimiento. El conflicto con el empresario Boyero se da en el marco de la disputa territorial por el predio conocido como campo San Dimas.

Al ser tan extenso el territorio de la comunidad tienen otro frente de conflicto con una persona de nombre Yoni Gaparutti y con la empresa Batzen SA. En este caso por el campo denominado catastralmente como Villa María. Asimismo el tercer eje de defensa territorial se da con un empresario de nombre Enricci por el campo denominado Alza Nueva.
Los conflictos han sido innumerables y a modo de ejemplificar las problemáticas sufridas mencionamos que varios compañeros estuvieron detenidos durante más de dos semanas, imputados entre otros delitos por el de Asociación Ilícita.


A continuación se transcriben fragmentos de una de las tantas denuncias realizadas por miembros de la comunidad en los Tribunales de la Provincia, esta fue hecha en el año 2007 ante la Fiscalía del Crimen de Segunda Nominación:
Que en fecha 30 de Septiembre del presente año en horas 2.30 de la madrugada aproximadamente, los suscribientes nos dirigíamos a nuestros hogares, acompañados por nuestras familias y numerosos vecinos de distintos parajes, luego de haber participado de una peña en el paraje Central Dolores (Pista “El Gato Negro”). En momentos en que transitábamos por el camino une el Paraje Libertad y el paraje El Hoyo, pasando por Pampa Charquita, fuimos interceptados por una camionada Ford F 100 dominio EBY – 929 repleta de personas armadas con distintas armas de fuego. Al bajarse del vehículo de mención pudimos reconocer a las personas que se mencionan como denunciadas y otras cuyas identidades se deberá establecer. Sin ningún tipo de advertencia previa los denunciados comenzaron a atacarnos a golpes de puño mientras el resto de las personas de dispersaban por diversos lugares intentando evitar la agresión. Algunos de nosotros y de las demás personas que transitábamos por el camino tuvieron que abandonar los vehículos en los que se transportaban, recuperándolos al otro día. Todos recibimos lesiones de distinta consideración. Luego de varios minutos de forcejeos y golpes fuimos encañonados por los agresores, sobre todo las dos personas indicadas con apellido Castillo, los cuales nos amenazaron de muerte, diciendo que si no dejábamos de joder con el campo nos iban a matar a todos. Se aclara que la comunidad viene sosteniendo la posesión de su territorio ancestral de la intrusión de estas personas con un conflicto que lleva varios años y que a pesar de las innumerables denuncias radicadas las agresiones y la usurpación no cesan.
Todo esto se ve agravado porque el accionar delictivo se realizó en presencia de los oficiales denunciados que se encontraban “custodiando” o “asegurando” el resultado de la redada aquí relatada.

Ese mismo día pero en horas de la tarde, la misma camioneta con las mismas personas se presentó en el local de la radio FM Sacha Huayra (89.3) de la ciudad de Tintina, emisora que a nuestro pedido hizo público los hechos acontecidos. Al llegar allí encontraron al Sr. José Tevez, locutor de la radio, y luego de reducirlo y colocándole el cañón de una pistola sobre su cabeza lo amenazaron de muerte si seguía dando esas noticias al aire. Le dijeron que no lo mataban en ese lugar pero que en cualquier momento lo matarían en la calle.
A pesar de estos graves hechos el juzgado a cargo del Dr. Basbus no adopto ninguna medida tendiente a detener al Sr. Gugy Castillo, quien posee un amplio prontuario delictivo, para evitar una tragedia mayor.
Se aclara que el Sr. Castillo vende sus servicio como “guardián de campos”, prestando al momento de la denuncia mencionada servicios para la empresa Batzen SA asentada en el campo Villa María, territorio de la comunidad.

A pesar de las reiteradas denuncias ante distintos organismos del Estado Nacional y Provincial, el conflicto en las tierras de esta comunidad indígena se ve agravado cada tanto por el ingreso de grupos armados, como lo es en estos días. Cabe resaltar que la zona de Tintina es la zona liberada para los terratenientes y paramilitares.

“Ante un estado de derecho en ruinas rige la criminalización de la lucha por la tierra que se vale de terrorismo judicial en búsqueda de legitimar las violaciones a los derechos humanos de los campesinos e indígenas.”

Chicos de Santiago con extrañas malformaciones y la Sociedad Rural dice "No es tan grave"

Chicos de Santiago con extrañas malformaciones

Al menos cien niños del departamento Belgrano presentan malformaciones de diversa índole por lo que autoridades provinciales y nacionales están investigando probables causas. Miembros de las familias afectadas sospechan que el origen podría ser el uso indebido de plaguicidas en zonas en las que los campos se encuentran muy cerca de los pueblos. El Gobierno Nacional puso en marcha en Bandera, departamento Belgrano, una investigación para determinar la veracidad de lo que sostiene una denuncia radicada hace meses por Víctor Krieguel, un vecino que aportó como pruebas documentación y testimonios de familiares de trabajadores rurales que sufren distintas enfermedades, o bien sus hijos nacieron con malformaciones. Todos aseguran que son causadas por los químicos que se utilizan para fumigar los campos que rodean la ciudad. La antropóloga Leticia Lahitte estuvo en Bandera entre el Leticia Lahitte. miércoles y el viernes pasados, enviada por la Comisión de Investigación sobre el Uso de Agroquímicos, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Allí se entrevistó con autoridades municipales, sanitarias, vecinos y otros sectores involucrados en lo que fue presentada como una vieja problemática que se repite en distintos lugares del país donde la soja tiene marcada presencia, al igual que los potentes insecticidas y herbicidas utilizados para el cultivo. Pero en Bandera nadie habla en contra de la siembra del grano como una amenaza para la población, más bien plantea el riesgo que corren quienes deben estar en contacto diario con las sustancias que se utilizan para eliminar plagas, tanto animales como vegetales. “No queremos que dejen de sembrar soja, lo que se pide es la creación de una zona de interfase, que proteja al pueblo de los químicos y que se respete la ley que habla de una zona libre de fumigación, de un kilómetro y medio alrededor de la zona urbanizada. También queremos que se prohíba el paso por la ciudad de máquinas fumigadoras y la existencia de depósitos de estas sustancias que son muy nocivas para la salud de la gente”, reclamó Krieguel en una entrevista con EL LIBERAL. Leticia Lahitte vino al sur santiagueño precisamente en respuesta al alerta del denunciante, el único de toda la provincia que llamó al 0800 que habilitó la comisión investigadora para que la gente radique denuncias sobre este tipo de amenazas. Fue así que se arregló una serie de entrevistas en un hotel de Bandera, donde la antropóloga recibió durante la siesta del jueves a una decena de familiares de personas que aseguran ser víctimas del uso desmedido de los agroquímicos. Fueron entrando por grupos, porque las madres con sus hijos desbordaban el pequeño salón habilitado para la reunión. Fueron casi dos horas de escuchar historias de vecinos de distintos sectores periféricos de la ciudad donde apenas una calle de tierra separa las viviendas de la zona cultivada donde en temporada alta se fumiga casi a diario. Luego, en diálogo con EL LIBERAL, Lahitte reconoció que la comisión no tiene poder de policía ni facultades para promover acciones legales en contra de quienes serían responsables de la desgracia de las familias cuyos hijos nacieron con malformaciones o padecen algún tipo de cáncer. No hace más que acopiar información y elaborar informes que pasan a manos de funcionarios de más alto rango, quienes deciden qué hacer. “La comisión define las estrategias a seguir, las que son consensuadas para determinadas situaciones, a partir del asesoramiento de técnicos y de funcionarios de las áreas del Ministerio de Salud”, explicó. Aunque remarcó que a partir de la información recogida se podrá “trabajar de manera más articulada con los gobiernos locales para que adopten las medidas necesarias”. De todas formas, su visita a Bandera le permitió comprobar la existencia de silos y depósitos de agroquímicos cerca o dentro de la ciudad; también que muchas familias no asumen el peligro que representan los plaguicidas porque utilizan los envases para almacenar agua de lluvia que recogen de los techos y que utilizan para beber y cocinar, agravado esto porque en las chapas quedan impregnados restos de plaguicidas rociados por avionetas sobre los campos aledaños. Durante los tres días que estuvo en Bandera, la investigadora se pudo entrevistar con el intendente Oscar Gorosito, quien –según afirmó- “tiene más cosas en común que diferencias” con las personas que piden un mayor control al uso de los agroquímicos. Pese a que precisamente las autoridades municipales están entre las más comprometidas en la denuncia de Krieguel, quien se queja por la inacción del municipio para resguardar la salud de la población, fijando un cordón protector alrededor de la zona urbanizada, donde no se permita fumigar. GRACIELA OCAÑA - Ministra de Salud de la Nación Un espacio para analizar pruebas. “La comisión que la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) ha creado busca ordenar las múltiples jurisdicciones que existen para actuar en este tema y fundamentalmente nos da mandato para hacer estudios de casos similares a los de Ituzaingó (provincia de Córdoba, dónde se registraron denuncias por el mal uso de fertilizantes) en otras áreas del país, para hacer una evaluación sobre evidencia de los posibles efectos que los agroquímicos tienen sobre la salud de las personas. testimonios - Cientos de familias viven a metros de las zonas fumigadas Chicos con malformaciones y enfermos de cáncer en la periferia Los González tienen cinco hijos, tres nacieron con malformaciones congénitas. El padre era fumigador. Sandra (31) y Daniel González (36) tienen cinco hijos, de los cuales tres nacieron con distintos tipos de malformaciones. Él trabajó desde los 18 años en distintas tareas rurales, entre ellas, la fumigación de campos, y está convencido que el contacto permanente con los agroquímicos es la principal causa del drama que padecen hoy sus hijos. Rosa tiene a su marido con cáncer y una nieta con malformaciones congénitas. EL LIBERAL/José Gómez Viven en el humilde barrio La Plata, en el lado este de la ciudad, a no más de cien metros de los sembradíos. Justo al lado está la casa de Rosa Villafañe, cuyo marido, de 57 años, permanece internado en un centro de salud capitalino, afectado por un cáncer de pulmón. Él también trabajó durante casi toda su vida como fumigador. Y para colmo de males, su nieta, de un año y medio, nació con una malformación de pelvis de riñón. “En el Hospital Garrahan le dijeron a mi hija que ella nació así por los agroquímicos y ahora está con tratamiento”, se lamentó la mujer. Quienes viven en este barrio están particularmente expuestos a los efectos de los plaguicidas, no solo por la corta distancia que los separa de la zona de cultivos, sino también porque las calles de tierra son el corredor frecuente de los famosos “mosquitos”, como le llaman a los equipos fumigadores que casi a diario repasan el terreno. Daniel González no deja de lamentar la desgracia de sus hijos. Se siente culpable por haberse ganado la vida con los plaguicidas, aunque en aquellos años desconocía que –tal como supone- estaba llenando su organismo de sustancias que afectarían a su descendencia. Dos de sus hijos, Leonel de 9, y Gastón de 11 años, nacieron sin el orificio anal, y en distintos momentos de sus cortas vidas tuvieron que ser sometidos a cirugías correctivas, aunque antes debieron soportar la incomodidad de tener un ano contranatura. Su hermanita Yasmín, tiene 7 años, y también nació con un cuerpito imperfecto. Dos dedos de su mano izquierda están unidos por la piel. Pero más allá de eso, sus padres temen que con el paso del tiempo otras enfermedades puedan aparecer. En el barrio La Plata, como en el 120 Viviendas, ambos ubicados frente a los sembradíos, hablar de niños con malformaciones o personas víctimas de cáncer no es nada extraño. Al dialogar con la gente del lugar sale a la luz que todos saben de alguien en la zona que sufre alguna patología que, por influencia del boca a boca ó por indicación médica, suponen que guarda alguna relación con los agroquímicos que durante todo el año son regados en los campos ubicados a metros de sus casas. Dirección de la nota: http://www.elliberal.com.ar/secciones.php?nombre=home&file=verarchivo&id_noticia=090531U22 La Rural dice: “No es tan grave”, pero propone medidas "Le pedimos a los socios que tienen equipos de fumigación que no ingresen sus equipos sucios en el pueblo. Lo mismo se podría hacerse con los dueños de campos linderos”. Omar ChiattI Omar Chiatti es presidente de la Sociedad Rural de Bandera y, si bien intenta restar seriedad a las denuncias de personas que aseguran haber sufrido los efectos de los agroquímicos, reconoce que muchos productores de la zona no respetan las normas mínimas para proteger a la población de los efectos nocivos de los plaguicidas. La enviada de la Nación tenía previsto entrevistarse también con los representantes de esta institución antes de regresar a Capital Federal, pero eso no ocurrió. No obstante, el dirigente expresó a EL LIBERAL la postura de la Rural sobre un tema que ya es viejo para los asociados pero que “por falta de decisiones firmes” nunca se pudo avanzar. Coincide en la necesidad de reunir a todas las partes y buscar puntos de coincidencias para adoptar medidas para reducir la amenaza de los plaguicidas sobre la población. Es más, ofrece las instalaciones de la Rural para hacerlo. “Hay que reunirse las entidades, los vecinos que denuncian y los que forman parte del sistema, para ponernos de acuerdo para tomar medidas, como por ejemplo no dejar ingresar a la ciudad los equipos fumigadores sucios y tomar distancia prudencial del pueblo para aplicar los productos que son autorizados por ingenieros bajo receta”, dijo. También dijo que es factible una salida diplomática para crear una zona de protección, que mantenga a la ciudad alejada de las nubes de agroquímicos que son regados con máquinas terrestres y aéreas. “No son muchos los linderos al pueblo que tienen campos, ni las empresas que fumigan y que entran al pueblo”, aseguró. Dijo además que “la institución colabora con la municipalidad y las instituciones que quieren que se erradiquen del pueblo los equipos de fumigaciones, y prueba de ello es que se ofreció tras instalaciones de la Rural para que los propietarios de los campos linderos se reúnan, que serán no más de diez, para ver que en esos campos se fumigue con recetas de ingenieros y que no afecten a la población”. Dirección de la nota: http://www.elliberal.com.ar/secciones.php?nombre=home&file=verarchivo&id_noticia=090531NT8