CRÍTICO. ?El PRI es una manera de encubrir la contaminación, no es el camino para solucionarla?,
cuestionó el fiscal federal general.
El fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, coincidió con el jefe comunal de Las Termas de Río Hondo, Miguel Roberto Mukdise, en que los empresarios que contaminan son “delincuentes”. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, el alto funcionario judicial también analizó las declaraciones de Mukdise cuando éste pidió un “gesto de la Justicia ante las claras evidencias” de que continúa la contaminación por parte de las industrias de Tucumán.
En este punto, Gómez reconoció que hay un “atraso fenomenal” para llevar a juicio a “empresarios exitosos” porque tienen el amparo del gobierno de la vecina provincia. Por el contrario, defendió la labor de los fiscales, al señalar que son los únicos que imputaron con nombre y apellido a los responsables.
“Tiene razón Mukdise en tratar de delincuentes a los empresarios que tiran esta contaminación al río Salí con las consecuencias que eso provoca. Técnicamente son delincuentes o sospechados de cometer delitos porque están cometiendo el delito previsto en el artículo 55, de la ley 24.051 que establece los delitos ambientales”, sostuvo.
Gómez dejó sentada su posición ante esta problemática: “Sigo insistiendo, hasta que aquí no metamos preso o condenemos a una pena de prisión a algunos de estos propietarios de ingenios, citrícolas o frigoríficos, no vamos a poder poner el problema en caja porque la sentencia, la acción penal, tiene un fin preventivo. Cuando se vea que se condena a alguien por un delito de esta naturaleza se va a poner en caja todo esto”.
-¿Por qué se demora tanto en emitir una condena contra los industriales?
-Si bien hay causas penales donde se ha condenado a los propietarios de un sanatorio por tirar residuos patogénicos, es absolutamente cierto que tenemos un atraso fenomenal en el ámbito de las causas penales. Por ejemplo: la contaminación de los ingenios por vinaza, son causas que abrí en 2004 y recién están recibiendo un procesamiento en los dos últimos años. Creo que la falla, el eje del problema, pasa porque los que han cometido estos delitos son empresarios exitosos y proveen de muchos recursos económicos tanto a la provincia como fuentes de trabajo. Esto hace que sea mucho más complejo avanzar penalmente hacia ellos. De hecho hay jueces, puedo citar alguno de la Cámara Federal de Tucumán, que no están de acuerdo con la acción penal para enfrentar este tipo de problemática que tiene la contaminación ambiental.
-¿Supone que hay un tipo de amparo o protección del gobierno tucumano?
-Creo que sí, se han hecho resoluciones administrativas que permiten una contaminación superior a lo fijado por la ley penal ambiental. O proponer planes como el PRI donde se los autoriza a contaminar por encima de los niveles permitidos por la ley penal ambiental, es un despropósito. Es como si tuviéramos un problema de narcotráfico en la ciudad y el narcotraficante proponga en un término de seis años, reducir la cantidad de droga que vende. En el ámbito del PRI es exactamente lo mismo, le proponen al empresario producir la reconversión industrial y le dan un plazo en años para que vaya reduciendo su contaminación de modo periódico. Le ofrecen planes beneficiosos, dinero y curiosamente esto se repitió en el pasado. El PRI tuvo otro plan anterior que se llamaba Producción Limpia y estos tipos de planteos o programas, con fondos y beneficios, son históricos.
Acciones penales
Gómez también tomó nota del mal humor de la vecindad de la ciudad termal por el agravamiento de la contaminación del embalse Río Hondo y que fue advertido por el intendente Miguel Roberto Mukdise, quien manifestó que se pensaba cortar el paso a camiones con producción de Tucumán. El fiscal fue crítico de estos dichos: “Las declamaciones periodísticas no son suficientes ni es un camino”.
En cambio, propuso al municipio termense y a la provincia que actúen en el ámbito del proceso judicial como querellantes y que impulsen la acción penal.
“No hay en las causas penales de Santiago ni de Tucumán, ninguna presentación de ningún funcionario santiagueño, ni del defensor, ni del intendente de Las Termas, que impute con nombre y apellido estos delitos. Los únicos que lo hacen somos los fiscales de Santiago y de Tucumán. Si hay una demora judicial, no es una responsabilidad nuestra”, afirmó.
Como se recordará que Fiscalía de Estado y la Defensoría esperan que la Justicia Federal resuelva la presentación conjunta para constituirse como querellantes en la causa penal que se instruye en el fuero local.
Otro aspecto de las declaraciones de Mukdise sobre las que se pronunció Gómez, están vinculadas a la intervención de la Corte Suprema en este conflicto, algo que no compartió. “La vía de la Corte es absolutamente ineficaz para resolver este problema; si hubiera sido útil ya se hubiera resuelto el problema del Riachuelo donde la Corte fijó un cronograma muy puntual para producir la descontaminación y sin embargo no se ha mejorado un ápice”, sostuvo. l
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