MARCHA DE LOS PUEBLOS 9/12/11

domingo, 13 de marzo de 2011

A UN AÑO DE LA MUERTE DE SANDRA JUAREZ

El hecho ocurrió en el paraje San Nicolás, a 40 kilómetros de Clodomira

Quiso defender su lote, renegó y murió

Se trata de Sandra Juárez, quien trató de evitar que una máquina arrancara un monte. Una mujer identificada como Sandra Juárez, de 33 años, falleció ayer en la localidad de San Nicolás, distante a unos 40 kilómetros de Clodomira, a causa de un paro cardiorrespiratorio tras haber sufrido una crisis de nervios, porque una topadora había comenzado a desmontar un lote, que según ella aducía le pertenecía.
El oficial Pérez, de la comisaría de Clodomira, indicó que “el deceso se produjo ayer a las 19.30 y en tal sentido están trabajando los peritos policiales de La Banda para corroborar las causas del fallecimiento.
Los efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar del hecho y constataron que la mujer habría sufrido la descompensación, tras renegar porque una topadora arrasaba con los árboles que estaban en su lote de unas 30 hectáreas.
Según se supo, el lote en la que habitaba la mujer, junto a su familia, se encuentra en litigio judicial y es custodiado por la Guardia de Infantería.
“La mujer quiso impedir que la máquina empiece a voltear los árboles. No obstante, la Guardia de Infantería custodiaba el campo para que la topadora pueda trabajar y así no se produzca ningún altercado”, manifestó el oficial Pérez.

Protagoniza fatal altercado
Momentos después, Sandra Juárez inició un altercado con el chofer de la topadora, lo que luego desencadenó en su deceso. El hecho causó gran conmoción entre los vecinos que se hicieron presentes en el lugar para solidarizarse con la familia de la víctima ante el fatal episodio. Anoche, los peritos realizaban los trámites para trasladar a la víctima a la morgue, donde le realizarían la autopsia.
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/nota/158488/Policiales/Quiso_defender_su_lote_reneg%C3%B3_muri%C3%B3.html


La soja empezó a derramar sangre en Santiago del Estero


Dirigentes del MOCASE-Vía Campesina hablaron con P&M tras el fallecimiento de una mujer cuando enfrentaba a las topadoras de una empresa agrícola para impedir ser desalojada de sus tierras.La muerte agrava una crítica situación por el avance de los cultivos transgénicos, las fumigaciones indiscriminadas y la intervención de fuerzas policiales y parapoliciales.

Sandra Juárez, una madre de 33 años, murió el sábado pasado por una descompensación al enfrentarse a una topadora de la empresa agrícola cordobesa Namuncurá S.A, que al igual que otras compañías de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se apoderan de las tierras para emprendimientos agrícolas bajo el modelo sojero.

“Veníamos advirtiendo este hecho, donde el avance del agronegocio es cada vez más fuerte sin importar las consecuencias. Ahora dejó una madre muerta y niños huérfanos. Miles de hectáreas se venían destinando a la soja transgénica, pero ahora ya empezó a correr sangre”, denunció Deolinda Carrizo, encargada de la Secretaría de Comunicación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-Vía Campesina), en diálogo Política&Medios.

La mujer fallecida, junto a otros vecinos de San Nicolás, departamento La Banda , ubicado a 70 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, denuncian los desalojos por parte Namuncurá S.A desde hace dos años.

Entre febrero y la primer semana de marzo la situación se había agravado y detonó el sábado pasado, cuando las topadoras quisieron pasar por encima de las tierras de la comunidad, “aplastando todo a su paso”, según palabras de Carrizo. El cuerpo de Sandra Juárez, que se había plantado firme con su familia, no resistió más y sufrió un paro cardiorrespiratorio.

El MOCASE responsabiliza por esta muerte a los ejecutores del “modelo agroexportador que se está implementando en nuestro país”, que privan “a las comunidades indígenas de la tierra, de su forma de vivir, de producir su alimento”.

“Se está mercantilizando la tierra y la muerte de personas, como así también el envenenamiento de niños por fumigaciones –otra forma de desalojo indirecta-; mujeres que tienen abortos espontáneos, niños con malformación y otras consecuencias que hoy las estamos viviendo en carne propia, y no quienes dan permiso para la siembra y ordenan quitarnos del medio”, explicó Carrizo.

Según la dirigente, la justicia de Santiago del Estero desconoce la ley que plantea que una persona que vive 20 años en una tierra recibe inmediatamente la posesión de la misma: “Los campesinos que defienden sus tierras terminan siendo imputados, cuando tendría que ser al revés. Hay más de 500 compañeros procesados. Esto es por intereses económicos y políticos, y la justicia falla siempre por los empresarios. Además, la policía actúa en los desalojos, lo cual es ilegal, ya que no pueden hacer tareas adicionales”.

Por su parte, Pablo Orellana, también referente del MOCASE y miembro de la Mesa Coordinadora del Frente Nacional Campesino, denunció que la muerte de la campesina ocurrió en el marco de una brutal represión.

“Hoy la justicia nos castiga hostigando a las familias campesinas con policías, y con guardias blancas, que son fuerzas parapoliciales, policías privados que tienen las empresas, y que tienen la facultad de meter presos a los compañeros porque están arreglados con la policía local”, denunció Orellana.

Ambos entrevistados coincidieron además en que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, es responsable y cómplice de los hechos sucedidos.

“Hay responsabilidad en el gobernador quien no da señales de detener esta situación que pone en peligro cotidianamente a un montón de familias. Ya habíamos advertido la posible muerte de una persona, pero nadie nos escuchó”, remarcó Carrizo.

Orellana, por su parte, aseguró que Zamora “se hace la víctima y tiene mucho que ver en todo esto; está arreglado con estas empresas, e, incluso, su Instituto de Producción es pro-sojero. Hicimos muchos comunicados y nunca tuvimos ninguna respuesta de parte suya”.
Daniel Mecca
http://www.prodiario.com.ar/despachos.asp?cod_des=65663&ID_Seccion=17

martes 16 de marzo de 2010

Cuestionan accionar policial en un operativo de desalojo

El episodio ocurrió en el departamento Banda.

Organizaciones campesinas, con el acompañamiento de diputados del bloque Compromiso Social y de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, denunciaron el accionar de uniformados que realizaron un “violento” operativo de desalojo en un paraje del departamento Banda. También cuestionaron al juez del Crimen de Primera Nominación que ordenó el procedimiento, al decir que no tuvo en cuenta la derogación del artículo 182 que impide el desalojo mientras se sustancia una causa judicial en un litigio por tierras.
El hecho ocurrió el sábado pasado y como saldo lamentable, una mujer de 33 años, Eli Sandra Juárez, falleció tras una descompensación motivada por el violento momento que le tocó vivir. Juárez junto a integrantes de otras 10 familias del paraje -ubicado a 10 kilómetros de Huyamampa-, intentó interponerse al paso de las topadoras de la firma Estancias Namuncurá SA, de Córdoba, que eran custodiadas por efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería. Las máquinas realizaban un trabajo de delimitación del Lote A4 donde la comunidad ejerce la posesión ancestral a través de la actividad agrícola, señalaron los legisladores.
“Creemos que resulta imprescindible investigar las causas del fallecimiento, de por qué Infantería estaba dando protección a las topadoras y cobrando un adicional por eso, cuando está prohibido expresamente, las causas por las cuales la Justicia sigue demorando todo lo que tiene que ver con los derechos posesorios de los campesinos y es sumamente ejecutivo en la violación a la Constitución, como es la aplicación del 182 bis, derogado por esta Cámara, pero que se sigue aplicando”, condenaron los parlamentarios.
Sostuvieron que es necesaria una respuesta contundente ante este hecho y pidieron a la sociedad que acompañe a las organizaciones campesinas y de pueblos originarios que “llevan la parte más dura de esta pelea, porque están perdiendo sus campos”.
Según contaron, el conflicto se aceleró en los últimos 20 días y que un ciudadano español que habría entrado ilegalmente en el país, habría sido quien vendió los títulos en forma supuestamente fraudulenta a la empresa. “Esto viene fraudulento y mal y se ignoran los derechos ancestrales de los ocupantes”, repudiaron.
Rescataron que las familias recibieron la visita del Comité de Emergencia de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete y de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
A su turno, representantes del Mocase y Mocase Vía Campesina, y de comunidades de pueblos originarios, criticaron el accionar de la Policía y de la Justicia y no descartaron realizar una movilización para exigir respuestas por la muerte de la joven mujer. También participaron las ONG El Ceibal, Prade, APDH y la Mesa de Tierras del departamento Ojo de Agua. 

http://www.elliberal.com.ar/secciones.php?nombre=home&file=ver&id_noticia=100316J0L


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