MARCHA DE LOS PUEBLOS 9/12/11

viernes, 24 de agosto de 2012

¿CONVENIO PARA CONTROLAR?


La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Producción rubricaron firma de convenio

Para efectivizar los controles en la elaboración, formulación, almacenamiento y destrucción de envases.
La Defensoria del Pueblo y el Ministerio de la Produccion rubricaron firma de convenio
ACUERDO. Se realizó para ?la defensa y protección de los derechos de las personas?, además ?coadyuva a un debido desarrollo institucional? entre partes.
Publicado el 23/08/2012 - La Defensoría del Pueblo de la provincia, y el Ministerio de la Producción, a cargo de Martín Díaz Achával y Luis Gelid, respectivamente, firmaron un convenio de cooperación técnica y logística para efectivizar los controles en la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio de productos agroquímicos y destrucción de envases.
Las partes del convenio entienden que “la defensa y protección de los derechos de las personas, coadyuva a un debido desarrollo institucional, así como la necesidad de potenciar la integración de los distintos sectores componentes de nuestra comunidad en búsqueda de la consolidación de valores como la solidaridad, la participación ciudadana y la responsabilidad social como herramienta para propender al tan ansiado bien común”.
Puntualiza que “la ley provincial de agroquímicos tiene como objetivo fundamental la salud humana, los recursos naturales, la producción agropecuaria, así como también evitar la contaminación de los alimentos y del medio ambiente”.
Afirma que “ante la expansión de la frontera agrícola, dentro de la provincia en la última década, muchos grupos poblacionales quedan insertos en estos procesos de desarrollo económico productivo. El agroquímico, es una herramienta destinada a la protección de los cultivos y con su uso correcto, se alcanza los rendimientos óptimos en la producción agrícola. Entendiendo que fueron concebidos para evitar daños a la salud por vectores de enfermedades o para evitar pérdidas económicas en los cultivos. En definitiva, para satisfacer la necesidad humana de vivir en sociedades organizadas y con expectativas de mejora en la calidad de vida”.
Sostienen las partes del convenio que para “evitar efectos nocivos en la salud humana y en el ambiente por el mal uso de los agroquímicos, se hace necesario la concientización y regulación de su uso”. Por ello, a tal efecto, resulta altamente beneficioso establecer estrechos lazos de cooperación en los temas que hacen a la competencia de las partes”.
Considera que “se contribuye el fortalecimiento y promoción de la institución constitucional del defensor sobre la base del respeto mutuo y de finalidades que animan a las partes”.
Por ello, concluye, que “las partes deciden establecer y profundizar en el tiempo esa relación, potenciando el accionar de cada uno de ellas, celebrando el presente convenio de colaboración técnica y logística sujeto a las cláusulas que siguen y en un todo de acuerdo con lo estipulado”.

Contaminación en Santiago: “El Gobernador Zamora vinculado a pooles de siembra”


Las denuncias por el uso del glifosato en Santiago se pierden en un esquema de burocracia e intereses económicos. La empresa Monsanto se niega a hacer declaraciones

SANTIAGO DEL ESTERO.- En Banderas, Santiago del Estero, la preocupación por el uso del Roundup es grave. “¿Enfermos? Concretamente, tengo amigos muertos”, explica a Víctor Krieguer Fabroni, comerciante de la zona y vocero de los vecinos. “Hemos presentado las denuncias ante las autoridades provinciales, pero el Gobernador mismo y el Ministro de la Producción están vinculados directamente a los pooles de siembra, que son una extensión de Monsanto”, explica Víctor en su visita por Tucumán. 

Llegó a nuestra Provincia buscar ayuda en la Justicia Federal, a explicarle la situación del lugar “Están lavando los aspersores terrestres autopropulsados en los canales que proveen el agua potable de mi pueblo”, explica. 

Krieguer detalla los efectos que puede producir el uso del glifosato en la comunidad donde se lo emplea: “Puede desencadenar diversos tipos de cáncer, entre ellos leucemia y Hodgkin, que es un tipo de cáncer al sistema linfático. El Concejal del pueblo que nos apoyaba, Julio Roberto Antinori murió de cáncer. Tenía 51 años” Antinori había realizado denuncias por el daño ambiental que desde hacía 20 años afectaba a la zona, producto del lavado del lavado y vertidos de agrotóxicos por aerofumigadores terrestres en un canal a cielo abierto, que alimentaba la represa que provee la única fuente de agua a los aproximadamente 12 mil habitantes. 

Pero no vivió para ver el avance de la causa. El Concejal Matteo se hizo eco de las denuncias y publicó los efectos del uso de glifosato en la región: fue entonces cuando el Fiscal Federal Gustavo Gómez tomó intervención de oficio, pero la Justicia santiagueña determinó que por la jurisdicción debía hacerse cargo del asunto, y el trámite quedó perdido en los vericuetos de la burocracia.
 
“Las cifras en Santiago se disfrazan. Nosotros no sabemos de qué se está muriendo la gente, pero los casos de cáncer avanzan. Las madres en la tercera semana de embarazo, sin saber que están embarazadas ya están abortando.”, explica Krieguer. Consultada la empresa Monsanto, una agente del área de prensa explica con orgullo a  las actividades que la firma desarrollará en Tucumán. Sin embargo, resulta tajante la negativa a opinar sobre los peligros de contaminación que esas actividades pueden acarrear en la Provincia. “En todo caso, consulten a CASAFE”, es la respuesta. 

La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), es la asociación empresaria que representa a la Industria de la Ciencia de los Cultivos. Desde el área de prensa de la institución tampoco llega una respuesta sobre los niveles de contaminación del glifosato, ni sobre las denuncias de cáncer y contaminación del agua del lugar. Todos los intentos por conseguir una opinión empresaria son vanos. Mientras tanto, el agronegocio avanza en Santiago del Estero y Córdoba, donde ya existen denuncias ante la Justicia. En Tucumán, en tanto, el Gobernador celebra el establecimiento de una de las empresas más investigadas en el mundo por envenenar la tierra, el agua y el aire. 


Fuente: Semanario  de Tucumán, Edición Impresa. 
http://www.elintransigente.com/notas/2012/8/13/contaminacion-santiago-gobernador-zamora-vinculado-pooles-siembra-142374.asp

miércoles, 15 de agosto de 2012

Proyecciones de La Educación Prohibida


La Educación Prohibida,  Una película sobre un paradigma educativo basado en la cooperación, centrado en el niño y el respeto por los procesos de desarrollo humano 
Por favor, ayudanos a difundir las proyecciones en Santiago!
Gracias!!!
La Educac Prohibida-Proyecciones.jpg

martes, 14 de agosto de 2012

JUZGADOS DE TIERRAS Y AMBIENTE: UNA MIRADA CRITICA


Aún cuando no hemos podido conseguir el texto del proyecto de ley enviado a la legislatura, nos permitimos tener una mirada crítica sobre el mismo.
A tal efecto realizamos una entrevista sobre el tema al Fiscal Federal Antonio Gustavo Gómez, como una primer entrega sobre este asunto.
Movida Ambiental
1). Pregunta =     El Ejecutivo de la Pcia. de Santiago del Estero envió a la legislatura hace más de dos meses un proyecto de ley para la creación de Juzgados de Derechos Reales y Ambientales de 1º y 2º Nominación, y el día 8 de agosto se hizo una especie de presentación pública con la asistencia de Ongs, organismos de DDHH y organizaciones campesinas y pueblos originarios. Todo esto ha sido muy difundido por la prensa local, pero aún no queda bien claro los alcances de dicho proyecto. ¿qué conocimiento tiene usted sobre el tema?
1).  Respuesta =   lamentablemente no tuve acceso al proyecto de ley. Pero hay que tener en cuenta que ambas materias suelen estar en conflicto: los derechos reales hace al derecho civil y especial con conceptos arcaicos desde donde se defiende y privilegia la propiedad privada sobre la comunitaria. La esencia es la inscripción en los Registros de Propiedad Inmueble por sobre la tenencia ancestral.
2).   Pregunta =  Sabemos que organizaciones campesinas hace tiempo que reclaman la creación de juzgados específicos para los problemas de tierras. Lo que no nos cierra es el porqué de mezclar esto con el tema de medio ambiente. ¿Qué opinión le merece este aspecto del proyecto en cuestión?
2).    Respuesta =   En primer lugar desde el nombre mismo queda claro que en el conflicto con los pueblos originarios y sus derechos, la prioridad no es contar con magistrados que conozcan en la materia sino a la inversa, Por otro lado hablar de la competencia ambiental disfraza la intención real. Los conflictos ambientales de derecho penal son federales según ley 24051 y la mayoría de las leyes ambientales como las que disponen el recurso de amparo ambiental, son federales.
3).  Pregunta =    Parecería que estos juzgados someterían los conflictos ambientales a la órbita de la justicia provincial, pero además los circunscribirían al fuero civil y no al fuero penal ¿qué consecuencias traería esto a las causas en curso y a los futuros conflictos ambientales?
3).     Respuesta = En la doctrina jurídica hay una resistencia feroz a considerar el derecho Penal ambiental como una alternativa para la protección del ambiente. El derecho civil, administrativo, etc que son la fuente donde abreva el derecho ambiental clásico es un fracaso absoluto. El ejemplo más contundente es el caso Mendoza fallado por la Corte Suprema para descontaminar el Riachuelo. Y es un fracaso premeditado. Está claro que los fallos de un tribunal civil como el que se quiere crear no van a ser acatados por el Poder Político ni por el Poder Económico si son contrarios a sus intereses. Insisto que si no se cumple con un fallo de la Corte Suprema muchísimo menos con uno de un juzgado como el que se quiere crear.
4).   Pregunta =     A pesar de la amplia difusión periodística no hemos podido acceder al texto del proyecto. No encontramos en internet el texto del mismo, aunque hemos podido acceder a un Proyecto de Declaración presentado en la Cámara de Diputados de la Nación el 2/8/12 solicitando el REPUDIO por la eventual supresión de la jurisdicción de Monte Quemado, dentro de la estructura del Poder Judicial de Santiago del Estero.  Según dice textualmente el Proyecto de Ley "de Creación de los Juzgados de Derechos Reales y Ambiental de 1º y 2º Nominación con asiento en la ciudad Capital", el cual en sus Disposiciones Finales y Transitorias dispone la supresión de la jurisdicción Monte Quemado (artículos 10 y 11), por lo cual todas las causas deberán tramitarse en la ciudad de Santiago del Estero. La razón que se expone es que "no ha tenido bajo su competencia una cantidad de causas importantes, más allá de alguna que haya tenido amplia cobertura y difusión en los medios de comunicación por la gravedad de la misma." Esto nos hace pensar en ocultos objetivos más allá de las declaraciones públicas de los funcionarios. ¿Qué alcances piensa que puede tener entonces este proyecto de ley y/o que intencionalidad política se puede inferir del mismo?
4).   Respuesta =    La burocracia judicial es la mejor herramienta para que las empresas que ganan dinero con la contaminación tengan asegurado sus réditos económicos. En especial cuando el huevo de la serpiente esta en las propias carreras de grado y posgrado en derecho ambiental. En Santiago la pelea es por aumentar el empleo judicial (por eso se quejan en Monte Quemado) y no por garantizar el acceso a un medio ambiente sano. a nadie se le ocurriría pensar que van a terminar con la contaminación del agua con agro tóxicos con un juzgado ambiental en Monte Quemado. Al contrario, va ser funcional a los intereses agrarios.
5).     Pregunta = Una de las declaraciones del gobernador que más nos llama la atención es la que dice (textual) hemos pensado en dos juzgados, por lasrecusaciones que se puedan plantear, y los dos van a tener competencia en toda la provincia ¿a qué piensa usted que se está refiriendo?
5).  Respuesta =     En verdad no lo sé. Con ese argumento, cada vez que se cree un juzgado federal habría que crear otro. Es insólito. Es más de lo mismo. Hay que crear juzgados para que la familia judicial imbuida de un nepotismo y clientelismo político siga creciendo. Eso es lo mismo que creer que Santiago necesita otro Juzgado Federal. No lo necesita. Ocurre que la incapacidad de jueces y fiscales se encubre en una maraña burocrática que solo busca agrandar estadísticas. Así se disimula.
6).   Pregunta =  ¿qué reflexiones finales le merece este proyecto de ley?
6).  Respuesta = Que ojalá no pase. Si se crean los más perjudicados serán los pueblos originarios y campesinos. y también el ambiente. Ah! Para colmo esos sueldos monumentales -ningún juez baja de 20.000$- lo van a pagar todos los Santiagueños.


Ver proyecto de repudio cámara diputados
artículos y declaraciones

domingo, 5 de agosto de 2012

Bandera: Preocupa el uso de agroquímicos



Una especialista en el tema, que visitó la ciudad, aseguró que se utilizan productos en desuso en otros lugares, debido a su nocividad.


Bandera: Preocupa el uso de agroquímicos
Se realiza el lavado de los equipos “mosquito” en el río.


Bandera. Recientemente, visitó la ciudad de Bandera la ambientalista santafesina, Graciela Cristina Gómez, quien es abogada (UBA), escribana (UNR), miembro de la Comisión Medio Ambiente Cpacf, periodista ambiental y escritora, con un profesorado de Ciencias Jurídicas. Gómez fue invitada por miembros de instituciones de la ciudad preocupados por el mal uso de los agroquímicos y sus efectos en la salud de los pobladores, por lo que constantemente están requiriendo el apoyo de personas conocedoras del tema, quienes puedan brindarles información sobre consecuencias o tratamientos. 

La Dra. Gómez, de amplia trayectoria nacional e internacional en el tema, dialogó en exclusiva con Nuevo Diario y expresó que “lamentablemente, no hay ordenanza que regule el uso de los agroquímicos y en Bandera hay 4 hangares, por lo cual los camiones que atraviesan el pueblo con o sin carga, pocas veces respetan la vida de los demás y realizan el lavado de los equipos “mosquito” fumigadores en cualquier curso de agua”. 

Gómez también expresó que “en Bandera se están utilizando agroquímicos que ya están es desuso en otros lugares del mundo, por su nocividad, como por ejemplo el 2-4-D, que es directamente el que proviene del agente naranja usado en Vietnam, clase I y II es lo que más usan en los cócteles, porque el glifosato solo ya no mata las plagas contra las que se lucha con los agroquímicos”. 

Consultada sobre cuál considera que sería la solución, la respuesta de la profesional fue contundente: “Debemos cumplir las leyes, nada más simple. Terminar con la conveniencia de todos los organismos involucrados”. 

Sin embargo, Gómez reconoce que el tema es de difícil solución, ya que “la frontera agropecuaria ni los desmontes cesan y el apostar a la soja es un suicidio y un hecho seguro de la continuidad en el uso de los agroquímicos”.
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/notas/2012/8/3/bandera-preocupa-agroquimicos-407939.asp

Con lucha y organización se logro la reincorporación de los trabajadores de SSAF


La unidad de los trabajadores en ATE logró la reincorporación de los compañeros de Agricultura Familiar

La unidad de los trabajadores en ATE logró la reincorporación de los compañeros de Agricultura Familiar
CAPITAL FEDERAL// Los compañeros de Agricultura Familiar, acompañados por el Secretario Gremial del Consejo Directivo Nacional de ATE, Alejandro Garzón, y por Darío Orellana, integrante del Bloque Organizativo-Gremial del CDN, se reunieron hoy con el Jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Durante la reunión se resolvió la situación de dos trabajadores del sector a los que se les había informado vía correo electrónico su despido, además de iniciar el proceso de resolución de la incierta situación de otros seis compañeros a los que se les venció el contrato de trabajo.
Mónica Knopoff, Delegada Provincial de ATE dentro de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en San Juan, e integrante del Equipo de Coordinación Nacional de ATE dentro del sector, dijo: “Para nosotros fue muy importante, y es un hecho casi histórico, el habernos reunido con el Jefe de Gabinete acompañados por Alejandro Garzón, Secretario Gremial del Consejo Directivo Nacional, y Darío Orellana, integrante del Bloque Organizativo-Gremial del CDN. Nos parece que fue una reunión muy importante porque significa un reconocimiento gremial que es fundamental para poder avanzar en la conquista de los distintos logros. En el acuerdo del día de hoy se logró la reincorporación, aunque en realidad podríamos decir que se logró la continuidad en su puesto de trabajo, de dos compañeros de Santiago del Estero: Ángel Morán y Sergio Álvarez. Para ambos casos se consiguió que en la reunión se firmara el pase a Ley Marco de los dos con la letra de categoría correspondiente. Creemos que haber llegado a estas negociaciones es fruto de la lucha que se ha venido haciendo y de habernos organizado, además de contar con un apoyo fundamental por parte del gremio. La unidad nos permite avanzar en los logros”.

La compañera además aseguró: “La situación de los dos compañeros de Santiago del Estero era la más complicada porque eran los únicos a los que se les comunicó, aunque extraoficialmente, que no iban a continuar trabajando. Pero no son los únicos compañeros que se encuentran en situación de inestabilidad. Todavía hay seis compañeros que no están dentro de la Ley Marco, y cuyos contratos han concluido y nadie les informó cómo será la continuidad de sus puestos de trabajo. Por lo tanto, si bien siguen trabajando, no saben en qué condiciones. Nuestra expectativa era la de resolver esta situación también en el día de hoy, pero por cuestiones personales de uno de los funcionarios del Ministerio, hubo que concluir la reunión un poco antes de lo esperado. Se acordó que el día lunes por la mañana nos volveremos a reunir para ver la situación de esos seis compañeros. Por este motivo nosotros continuamos en estado de alerta, y sigue en pie la medida de paro dispuesta para el día lunes, pero con la firme esperanza de poder resolver por completo la situación a primera hora de ese día para levantar la medida de fuerza”.
“Es importante aclarar que una parte fundamental de este proceso de pase a Ley Marco reside no sólo si se pasa o no, sino también a qué categoría se pasa. Para nosotros es muy importante que se respete el principio constitucional de ‘a igual tarea, igual remuneración’, por lo que pretendemos que las categorías que se asignen sean las mismas para todos, cosa que por el momento no se está respetando. Sin embargo hubo un firme compromiso por parte de Rossetto de que una vez que los compañeros ya estén incluidos en la Ley Marco, las puertas estarán abiertas para debatir el acomodamiento de cada trabajador en la categoría correspondiente. Ese es el siguiente paso”, cerró Knopoff.

Ángel Morán, trabajador de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en Santiago del Estero, aseguró: “Hace un poco más de dos años comenzamos a tener conflictos en el sector. Los problemas empezaron con persecuciones políticas e ideológicas a quienes hacíamos planteos gremiales o políticos dentro de lo que es el ámbito de la agricultura campesina. Poco a poco se nos fueron restringiendo labores y participación a algunos de los trabajadores del sector. Nos excluyeron y nos quitaron funciones, y esto fue llevando a una situación de estigmatización y, eventualmente, hace poco más de un mes fuimos virtualmente despedidos mediante un correo electrónico. Este es el tema que agrava la situación del conflicto. Nosotros ya veníamos siendo acompañados por los cuerpos de delegados de ATE a nivel regional, y a partir de este hecho, los consejos directivos Provincial y Nacional pusieron mayor presencia para la resolución del conflicto”.

Por su parte, Sergio Álvarez, trabajador de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en Santiago del Estero, explicó: “Yo trabajo en la oficina de la coordinación provincial de la Subsecretaría, y se hace muy difícil desempeñarse en un ámbito cerrado en el que la mayoría de la gente con la que uno trabaja es afín a la conducción, y en el que hay un clima de cero tolerancia por la mirada crítica y la diversidad ideológica. No hay posibilidad de debate ni de reflexión que pueda ayudar a los compañeros. Ante la falta de diálogo el conflicto se fue profundizando y tras intentar hablar con el delegado regional, vimos que las puertas se iban cerrando. Tuvimos que llegar a la instancia del Jefe de Gabinete del Ministerio para encontrar respuesta por parte de la patronal”.
Alejandro Garzón, Secretario Gremial del Consejo Directivo Nacional de ATE, resumió: “Tras la organización de los trabajadores del sector de Agricultura Familiar, con todo su compromiso y unidad, y en un marco de debate político en el que además el Consejo Directivo Nacional realizó un planteo a través de su Secretaría Gremial, en el día de hoy hemos podido firmar un acuerdo con Miguel Rossetto, que es el Jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Finalmente se llegó al compromiso de que se reincorporará a dos compañeros que estaban en una situación compleja. La negociación por el resto de los compañeros, que ya está casi cerrada, sigue el lunes. Lo importante es que hoy hemos demostrado, no solamente para los compañeros de ATE y para todos los trabajadores del sector, sino también para los funcionarios, que cuando hay unidad, compromiso, objetivos políticos claros y capacidad de negociación, los problemas se resuelven”.

“Los compañeros de este sector trabajan con el campesino diariamente, ven la pobreza de primera mano, ven cómo se venden las tierras a manos extranjeras, ven cómo se desmontan los territorios. Hoy se logró la reincorporación de dos compañeros que son militantes, que tienen consciencia de clase y que son de ATE, por lo cual el triunfo es doble”, manifestó Garzón.

Prensa ATE – 03/08/2012

“DOSIS SUBLETALES” Y SU “EFECTO CRÓNICO”


¿ POR QUÉ NO QUIEREN QUE HABLEMOS DE
DOSIS SUBLETALES” Y SU “EFECTO CRÓNICO” ?


AGROTÓXICO                       FASE AGUDA                        EFECTO CRÓNICO

PARATHION                             Vómitos                                Parkinson
CARBARIL                              Diarrea, vómitos                   Cáncer
D.D.T                                     Convulsiones                        Cáncer
BROMURO DE METILO               Quemaduras de piel              Cáncer
PARAQUAT  27,6                      Quemaduras                          Necrosis de hígado
LINDANO                                Cefalea                                  Leucemia
2.4.D                                     Vómitos                                 Malformaciones
CIPERMETRINA                       Cefalea                                   Daños sistema reproductivo
METAMIDOFOS                        Cefalea, sudoración                Veneno
CARBOFURAN                         Vómito, diarrea                      Cáncer de pulmón, EPOC
ENDOSULFAN                          Cefalea                                   Cáncer, daño sist. Reproductivo

Se da cuenta, en vez de hablar de vómitos, cefalea, diarrea, convulsiones, estaríamos hablando de cáncer, leucemia, linfomas, epoc, malformaciones, parkinson, venenos…..

victor krieger fabbroni

jueves, 2 de agosto de 2012

SANTIAGO: Ordenan reempadronamiento de los productores mineros



El plazo estipulado es de sesenta días a partir de su publicación en el Boletín Oficial, teniendo en cuenta la Ley Nº2.738.

02/08/2012 | Desde la Dirección General de Minería, Geología y Suelos se ordenó el reempadronamiento obligatorio en el Registro de Productores Mineros a toda persona física o jurídica que, siendo o no titular de derechos mineros, ofrezca y asuma la responsabilidad de ejecutar actividades regladas por el Código de Minería en cuanto a minerales de tercera categoría, por el período de 60 días hábiles a partir de su publicación en el Boletín Oficial, que se haría mañana. En este contexto, el art. 2º de la Ley Nº2.738, establece que dicha dirección tiene a su cargo el gobierno, autoridad, administración, fomento y policía de minería en el territorio de la provincia y deberá conocer, impulsar y resolver todos los asuntos, peticiones y cuestiones relacionadas a derechos mineros, de conformidad a las disposiciones del código de minería y leyes especiales vigentes.

Por otro lado, los artículos 33, 34 y 35 de la mencionada ley, establecen la obligación de la dirección de mantener al día una estadística completa de los trabajos mineros realizados en la provincia y todo productor minero está obligado a presentar la información que este organismo requiera.

Es por ello que las presentaciones deberán realizarse por cada cantera a explotar y deberán acompañar con el correspondiente formulario de inscripción, donde se debe especificar los antecedentes que detentaren de su registración, precisar las coordenadas de la cantera con su plano correspondiente, acompañar la documentación del inmueble afectado por la cantera, un informe de dominio y gravamen del inmueble afectado por la cantera emitido por el Registro de Propiedad Inmueble de la Provincia, informe de impacto ambiental conforme a lo exigido por el Art. 35 del Código de Procedimiento Minero y en la forma establecida por la Ley 6.321 y su decreto reglamentario, cumplimentar la forma establecida en el Art. 8 y 9 del Código de Procedimiento Minero (Ley Nº6.920) y presentar constancias de depósito (original) correspondiente en la cuenta Nº 198812458 del Banco Santiago del Estero SA, cuyo titular es
Rentas General Ordinaria de la Provincia.

En caso de que el ocurrente no cuente con antecedentes en el organismo como productor minero, no se podrá autorizar la entrega de guías de propiedad y transporte de producto minero, hasta tanto se obtenga la Resolución de la Autoridad Ambiental del Certificado de Aptitud Ambiental y Resolución de Registración definitiva de la mencionada dirección.

Guías para el transporteAsimismo, los titulares de derechos mineros deberán dar cumplimiento a los requisitos en materia de protección ambiental para la defensa, conservación y mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales de la provincia. En caso de que se cuente con antecedentes en el organismo como productor minero, se podrá autorizar la entrega de las guías de propiedad y transporte de producto minero correspondiente en la cantidad que determine el informe del Departamento Técnico y hasta que la Dirección General de Medio Ambiente le otorgue el Certificado de Aptitud Ambiental..

El Coyuyo / Intento de despido e impunidad en la SSAF Santiago del Estero


http://www.elcoyuyo.org/wp-content/uploads/2012/07/tapa-18.jpg
SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR EN SANTIAGO DEL ESTERO, DEL COMPROMISO CON EL DESARROLLO RURAL A LA DESCAMPESINIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS Y LA PERSECUCIÓN DE TRABAJADORES

Una larga historia de denuncias, tanto de los trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SSAF) como de organizaciones campesinas, sobre el accionar de los funcionarios Héctor Lipshitz, Osvaldo Gallego González y Alfonso Tricárico tuvo un nuevo correlato a fines del mes de junio con el intento de despido ilegal de varios trabajadores de dicho organismo público. “Una mancha más de estos tres tristes tigres” que dirigen los destinos de dicho organismo nacional en la provincia de Santiago del Estero.
Los ingenieros agrónomos Héctor Lipshitz (delegado provincial de Santiago del Estero) y Osvaldo González (referente regional del NOA), quienes dirigen la SSAF en la provincia, hace tiempo vienen ejerciendo acciones de persecución y violencia laboral hacia los trabajadores comprometidos con los territorios y las organizaciones campesinas que luchan por el reconocimiento de sus derechos. Asimismo, son responsables directos e indirectos de la desarticulación de organizaciones campesinas, discriminación y arbitrariedad en la ejecución de fondos públicos y usurpación y desalojo de familias campesinas de sus tierras, como lo muestran los casos del paraje Celentano (Campo Gallo. Dpto. Alberdi) y La Elsita (Dpto. Moreno).

Discriminación, persecución ideológica y violencia laboral
El pasado 25 de Junio de 2012 trabajadores de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación (SSAF) –delegación Santiago del Estero- recibieron un correo electrónico por parte del coordinador provincial en el cual se informaba sobre el cese de sus funciones en dicha repartición pública a partir del 1 de julio del corriente. Desde la patronal se argumenta que la no renovación de contratos se debe a la no aceptación de la categoría asignada por el Ministerio y la delegación provincial para la regularización de su situación laboral.
Sin embargo, no menciona en ningún momento que estos trabajadores no habían aceptado dicha categorización, por ser la misma arbitraria, injusta por ir en contra de los mismos derechos laborales que irónicamente decía formalizar. La categorización asignada a estos trabajadores (no así la de gran parte de los demás trabajadores de la delegación santiagueña) casualmente no correspondía con la documentación acreditada en sus legajos, lo cual en los hechos significaba la reducción de sus salarios en un 40% y el no reconocimiento de sus funciones. Lejos de buscar una solución al problema, tanto desde las oficinas de Nación como desde quienes coordinan la delegación provincial, lo que se resolvió fue despedir a quienes luchan por sus derechos laborales.
Cabe tener en cuenta que no se trata de un hecho aislado: en marzo de 2012 ya habían despedido a Celedonio Torres, paritario nacional del gremio de los trabajadores del Estado (ATE) de la SSAF comprometido con la lucha de los compañeros santiagueños quien fue cesado en sus funciones pese a tener fuero gremial.
Por otro lado, ya desde hace tiempo algunos de estos técnicos tenían vedado el trabajo en los territorios y el contacto con las organizaciones campesinas, hasta el punto de que a uno de ellos llegaron a dejarlo sin tarea durante más de medio año y a otro le cambian constantemente sus funciones, además de ser el único contrato por ¼ de tiempo en el país.
La discriminación y persecución ideológica en dicho organismo se expresa en diferentes niveles y diversos modos, desde negar la participación a actividades y eventos de la SSAF a quienes no son afines a la gestión del actual delegado; señalamientos a los técnicos comprometidos con la lucha campesina (cuando van a marchas, cuando participan en protestas, cuando son parte de organizaciones o movimientos sociales, etcétera); rastreo de llamadas telefónicas; y otras estrategias sutiles del ejercicio sistemático de la violencia laboral. No casualmente quienes fueran hoy objeto de persecución e intento de despido son los que otrora se han animado a hacer denuncias sobre el accionar de dichos funcionarios de la SSAF en Santiago del Estero ante el Ministerio de Agricultura.
En el año 2011 uno de ellos junto a otros técnicos denunciaron ante el Instituto Nacional de Discriminación (INADI) al titular de la delegación local Héctor Lipshitz y a Pablo Usandivaras, en aquel entonces referente de la zona de Figueroa. Pero la denuncia “no fue tomada por el INADI Santiago del Estero, ya que consideraron que no cabe en discriminación”, según declara el propio trabajador. De todos modos, señala que “la negativa se debe a que la encargada de la oficina local, Graciela Toscano, es cónyuge del Diputado Provincial del Bloque Compromiso Social, Raúl Lorenzo, partido político al que pertenece Lipshitz”, lo que marca el escenario de impunidad con la que se desenvuelven estos funcionarios.
El documento presentado ante el INADI y firmado por Ángel Morán sostiene que “mi carpeta presentada para la regularización laboral para la Ley Marco ha tenido una exagerada demora, en el último listado aparezco como pendiente quedando para otra instancia, siendo que ésta ha sido presentada en tiempo y forma”.En el mismo documento rechazado por el INADI de Santiago del Estero, se afirma respecto a Héctor Lipshitz que “en una reunión de Técnicos Referentes Zonales, acusó a tres compañeros junto a mí de ser “conspiradores”, porque según su interpretación los nombrados hemos incurrido en tal maniobra al habernos reunido junto a otras personas integrantes del gremio de ATE Nación sin habérsele consultado a él”.
En el caso de Pablo Usandivaras, éste según se denuncia había exhortado a los trabajadores a responder sobre su participación en lo gremial. “El mismo es un colaborador de Lipshitz con estas prácticas históricas en dicha agencia del Estado, y además cuestiona y criminaliza nuestra participación en el ejercicio de nuestros derechos gremiales, espacio único que tenemos los trabajadores para defendernos de la precaria situación laboral en que se desenvuelve nuestro trabajo, sin obra social, contrato basura, sin goce de seguro contra accidentes”, sostiene Morán.

De la SSAF a terratenientes
Según se desprende de las denuncias realizadas por los trabajadores, Osvaldo “Gallego” González y Alfonso Tricárico poseen numerosas propiedades  en la ciudad de Santiago del Estero y en zonas rurales: “Uno de ellos está en Fernández (Ruta 34 camino a Rosario), un campo de importantes dimensiones, donde incluso durante el 2011 ejecutaron un Proyecto Proinder (recursos que eran asignados inicialmente por el Ministerio de Agricultura de la Nación para apoyar a familias campesinas). Pero este proyecto fue desarrollado por un grupo integrado por Gerardo Tricárico, sobrino de Alfonso y empleado-administrador de sus campos en dicha zona. Con el dinero bajado a través del PROINDER se alambró parte de ese campo en Fernández, se compró un camión de postes y alambres”.
A su vez, la denuncia sobre los ingenieros mencionados dice que “el campo fue vendido hace algunos meses (luego de haber sido alambrado) por Osvaldo “Gallego” González y Alfonso Tricarico. Con el dinero, por supuesto con todas las mejoras fruto de PROINDER, compraron otro campo en Fernández de mayor superficie”.

Arbitrariedades con los fondos públicos
En el año 2011 el departamento con menor ejecución de fondos de toda la provincia fue Atamisqui, zona donde se desempeña uno de los trabajadores que intentan ser despedidos, y donde paradójicamente se encuentran 7 organizaciones campesinas, unas de las más numerosas y antiguas de la provincia. Lo mismo sucede en los departamentos Alberdi, Juan Felipe Ibarra y Moreno; éste último siendo uno de los más extensos de la provincia no cuenta ni con asistencia técnica, ni con fondos asignados (a pesar de existir allí diversas comunidades e incluso centrales campesinas del MOCASE-VC). Un caso similar es el del departamento Alberdi, donde tiene sede la organización UPPSAN de Santos Lugares y la presidencia del MOCASE. En esa zona, luego de que la organización participara activamente en el corte de la ruta 34 en defensa de sus derechos en el año 2010, le fue retirada la asistencia técnica, y desde aquel momento prácticamente no tiene vinculaciones con la delegación.
Consultadas las organizaciones campesinas, son innumerables las denuncias en torno al modo en que se ejecutan los fondos en la delegación. Uno de estos casos denunciado refiere a la construcción de un salón de amplias dimensiones que fuera asignado a una organización del Departamento Banda mediante un proyecto PROINDER con fondos nacionales. El galpón de referencia está ubicado en la Ruta 34, en las cercanías del paraje Media Flor, y actualmente después de años de ejecución el mismo se encuentra sin uso. En efecto, nunca fue utilizado por los destinatarios originales del proyecto, porque la organización denuncia que le impusieron la construcción de ese salón, “sin previa consulta a los verdaderos requerimientos de los campesinos que deberían verse beneficiados”.

A desenmascarar!
Uno de los casos más conocidos de usurpación y desalojo de familias campesinas en que están involucrados estos funcionarios es el ocurrido en el Paraje Celentano (Departamento Alberdi), hecho que fue denunciado ante el Subsecretario de Agricultura Familiar, Guillermo Martini, por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero–Vía Campesina (MOCASE-VC). Los técnicos del entonces Programa Social Agropecuario (PSA), Tricárico, “Gallego” González y Lipshitz, presionaron durante años a las familias asentadas en el lugar para abandonar sus tierras con el fin de cederlas al empresario Cordobés Ángel Bermejo. “Si no firmábamos nos decían que nos iban a desalojar”, relataba Blanca Tevés en Junio del 2009 al periódico que Canta la justa.
El conflicto en ese lugar era por 14 mil hectáreas. El trío de agrónomos desde el PSA les sugerían acceder a unas 75 hectáreas con la advertencia de que, caso contrario, serían desalojados, perdiendo todo, dado que el inmueble tenía un propietario. “No sé leer ni escribir, mi mamá tampoco sabía, le ensuciaron los dedos con tinta de lapicera para colocarlo en el papel, Tricárico y González, anduvieron casi 2 años insistiendo y presionando”, aclara la mujer campesina.
La acción de los técnicos del Programa, que en teoría debían velar por el reconocimiento de las tierras para los campesinos, derivó en hechos de suma violencia hacia estos últimos. Pascual Vélez, al contar su caso, afirmó que “Ángel Bermejo, el supuesto dueño, llega a la casa en Septiembre del 2004, desde ahí los empleados empezaron a cerrar el lote con alambre”. En tanto su esposa Blanca añadió otro dato a la crónica compartida con el MOCASE VC “el 4 de Junio de 2009 a las 09:00 horas llegó el Oficial de Justicia Roberto García, el abogado de Bermejo Dr. Gerez y el Jefe de la Seccional de Policía de Campo Gallo Comisario Jorge Tejerina, personal de GETOAR en una camioneta particular, 19 personas uniformadas y 10 personas de civil empleados de Ángel Bermejo”.

Llamado al frente
Mientras tanto, bien entrado el año 2012, y luego de reiteradas denuncias ejercidas por los pobladores del Paraje La Elsita, Departamento Moreno, ubicado al Norte de la actual provincia de las chacareras, el diputado provincial Luis Zavalía presentó un proyecto que llama a declarar al Ingeniero Alfonso Tricárico (socio de Lipshitz)  para ser interpelado ante la legislatura de la provincia.
El expediente legislativo N°21 solicita “se declare de interés provincial el esclarecimiento e investigación, por el despojo de sus tierras de humildes pobladores, gestado entre gente perteneciente al Programa Social Agropecuario (ahora Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación), en el inmueble denominado “La Elsita” de unas 6.700 has, con documentación apócrifa, basada en Sociedades ficticias, con denominación "Takima" y International Attorneys, S.A”.
La redacción añade “Invitar al Ing. Alfonso Tricárico a esta Cámara para que brinde las explicaciones de los supuestos hechos denunciados por pobladores de estas tierras, a fin de determinar la verosimilitud de lo denunciado”.
Asimismo, los pobladores rurales señalan que “aparecieron supuestos representantes de firmas anónimas que se atribuían la propiedad, al mismo tiempo les formulaban generosos beneficios, en particular provenientes de el ex PSA, lo que les permitiría una mejor calidad de vida…vieron con buenos ojos esta actitud, hasta que se dieron cuenta que estaban siendo víctimas de un posible despojo de sus tierras”, según relata en el documento presentado por el diputado Zavalía.


Un poco de historia…
Alfonso Tricárico y Osvaldo González llegaron de la provincia de Buenos Aires, en un primer momento a la provincia de Salta. Sus primeras acciones en el medio rural del NOA fueron en esa provincia donde desembarcaron para el cultivo de porotos en grandes extensiones; actividad que ya los vinculó con los desmontes de bosques nativos. De la provincia de Salta pasaron a Santiago del Estero, donde luego de un tiempo arribó el tercer socio, Héctor Lipshitz. Según cuentan ellos en sus historias, fueron militantes del Partido Comunista (PC) en Buenos Aires; pero según varios ex-integrantes de aquel partido estos personajes fueron expulsados del mismo.
No les fue muy bien en sus negocios agropecuarios desde la actividad privada, ya que en la mayoría de los intentos terminaron quebrados; por ejemplo, con el cultivo de algodón a gran escala que los tres realizaron en la zona de Sur de la provincia de Santiago del Estero. En sus andanzas como empresarios agropecuarios también fueron intervenidos por la AFIP por denuncias de defraudación tributaria en el gerenciamiento de una cooperativa algodonera. Del mismo modo, dejaron deudas impagas por créditos contraídos con el Banco Nación, involucrando en ello a terceros garantes hipotecarios que no formaban parte de sus sociedades. Explotaron también una gran extensión de campo en el Paraje Negra Muerta, cerca de la localidad de Clodomira. Su socio en ese negocio también manifiesta haber sido estafado por el trío.
Y así es como finalmente llegan a la función pública, incorporándose a la Unidad de Cambio Rural del INTA Santiago del Estero, donde se desempeñan como técnicos durantes varios años. De allí se retiran y con serios problemas.
Desde hace 14 años manejan la Delegación del ex–PSA, hoy Subsecretaría de Agricultura Familiar, en Santiago del Estero; pasando por los diferentes gobiernos y sus respectivos colores políticos (juarista, menemista, delarruista, duhaldista, kirchnerista), pero siempre promoviendo modelos productivistas que excluyen al campesinado santiagueño. Hace algún tiempo, poco menos que cuatro años, conformaron el Frente Compromiso Social, partido para el cual fueron candidatos a diputados y del que finalmente se retiraron. En la actualidad, ya es otra su opción política e integran el Partido Nuevo Encuentro junto a otros técnicos de la Subsecretaría, afines a su gestión y alineados al gobierno kirchnerista.
Lo que queda claro es que después de sus reiterados fracasos en los negocios privados, parecen haber cambiado su suerte desde que administran fondos públicos, puesto que sus patrimonios no hicieron más que incrementarse.
Esta es parte de la historia de estos tres tristes tigres; de militantes del PC a empresarios agropecuarios; de supuestos defensores de los derechos campesinos a usurpadores de tierras; de camaradas a compañeros nacionales y populares que despiden trabajadores.
                                                   

13 UAC en Santiago del Estero - 12 al 16 de agosto

FESTIVAL PRE-13º UAC