MARCHA DE LOS PUEBLOS 9/12/11

miércoles, 28 de noviembre de 2007

COMUNICADO DE PRENSA DE MOVIDA AMBIENTAL TERMAS

Ponemos en vuestro conocimiento que un par de personas supuestamente “ambientalistas” de la Ciudad de Termas de Río Hondo están gestionando la realización de unas jornadas los días 8 y 9 de diciembre en nuestra ciudad.

Dichos personajes tienen especial adicción a los despachos oficialistas y coherentes con su accionar alejado de la lucha reinvindicativa de los derechos de la población, se han relacionado con funcionarios de Cancillería de la Nación para traer a nuestra ciudad de Termas una especie de “encuentro en defensa de los recursos naturales” .

Ante esta confusa situación, algunos amigos y compañeros de lucha nos han consultado, pues de algún modo se dio a entender que nuestro grupo Movida Ambiental Termas participa en la convocatoria de este engendro.

Entonces queremos aclarar lo siguiente:

a) Movida Ambiental Termas, Norberto Costa o Elizabeth Avila no tienen ninguna participación, ni convocan, ni avalan el encuentro mencionado.

b) El 6º Plenario Ambiental Interprovincial que se realizará los días 15 y 16 de diciembre en la ciudad de Aguilares en Tucumán, que sí es convocado por la Multisectorial Ambiental de Aguilares, ProECo de Tucumán y la Movida Ambiental Termas no tiene ninguna conexión con este encuentro oficialista.

c) Por último, más allá de que otros lo crean un camino válido, nuestra posición con respecto a estos “encuentros” con funcionarios de tercera o cuarta línea del gobierno nacional es que lo único que se logra es perder el tiempo y dispersar la atención del pueblo. Mientras tengamos un presidente o presidenta que se declaran públicamente como pro-mineros, que mantienen y perfeccionan el código minero construido durante la “2º década infame” no tiene sentido hablar con los subordinados de ellos sobre Soberanía, Recuperación de Recursos Naturales y Cuidado del Medio Ambiente. Esto ha quedado demostrado en nuestra región con la farsa urdida por la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, al recrear el inútil, costoso y sobredimensionado Comité de Cuenca Salí-Dulce (oficialista) y el “invento” del Plan de Reconversión Industrial (PRI) que es violatorio de la ley Nacional Nro.24051 de Residuos Peligrosos, como lo venimos denunciando hace tiempo.

Muchas Gracias

Saludos para todos

Elizabeth Avila

Norberto Costa

lunes, 19 de noviembre de 2007

Golpes, disparos y detenciones para los campesinos santiagueños


Sociedad|Miércoles, 14 de Noviembre de 2007


Guardias privados y efectivos de infantería reprimieron a familias campesinas para sacarlas de sus tierras. Entre las víctimas hubo un anciano hemipléjico. El Mocase denuncia una escalada represiva.

Por Darío Aranda

Guardias privados al servicio de terratenientes que buscan desalojar a los campesinos.

Monte santiagueño. Madrugada. Rancho campesino. Silencio y tranquilidad. Hasta que cuarenta efectivos de infantería, con pasamontañas, chaleco antibalas y armas largas patean la precaria puerta, se abalanzan sobre un anciano hemipléjico de 69 años, lo esposan, interrogan a punta de fusil y detienen. Al hijo le atan las manos a la espalda, boca abajo lo arrastran por el piso, indagan y amenazan hasta que un ataque de epilepsia lo deja al borde del desmayo. A la hija, que dormía al momento del allanamiento, le arrojan gasoil sobre la cama, amenazan incendiarla y es levantada a fuerza de insultos y empujones. El hecho, con formas propias de la dictadura militar, ocurrió el viernes 2 en Santiago del Estero, a 290 kilómetros de la capital provincial, y el “delito” del anciano, Domingo Leguizamón, fue resistir que un abogado lo expulse de su tierra ancestral. Estuvo seis días incomunicado, y desde entonces con prisión domiciliaria acusado de usurpar la tierra donde siempre vivió. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), donde milita la familia atacada, denuncian que “el actual gobierno provincial, y el sistema judicial, actúan coordinados según los intereses de empresarios sojeros, que quieren hacerse de las tierras de las familias”.

Domingo Leguizamón tiene 18 hijos, más de treinta nietos, medio cuerpo paralizado por una hemiplejia y un bastón con el que se ayuda para caminar. Nació, se crió y vive en el paraje El Calderón-Lote 5, a 60 kilómetros de la ciudad de Quimilí, pleno monte santiagueño. Integra la comunidad indígena Guaycurú y cuenta con 400 hectáreas, de donde obtiene leña y cría animales. Su parcela cuenta con una particularidad: está rodeada de sembradíos de soja, que desde hace tiempo pretenden avanzar sobre el bosque nativo que preserva Leguizamón.

En agosto último, el abogado Carlos Alberto Gozal irrumpió en el campo con quince guardias armados y comenzó a alambrar. Amenazaron a la familia Leguizamón, le mataron sus animales e inutilizaron el pozo de agua comunitario (le arrojaron combustible y basura).

“Don Legui”, como todos llaman al hombre, realizó dos denuncias, el 20 y 29 de agosto, por usurpación de propiedad, amenazas de muerte y daños. Pero el juez de la Cuarta Nominación, Ramón Antonio Tarchini Saavedra, no ordenó ninguna medida en defensa de los campesinos. Luego de dos meses de inacción judicial, el viernes 26 de octubre, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero organizó la retoma del campo: centenares de familias organizadas llegaron hasta el lugar, desarmaron a los guardias privados y desalambraron las hectáreas ocupadas por el abogado Gozal, quien denunció a Domingo Leguizamón por “usurpación”.

Con inusual rapidez, el juez de la Tercera Nominación, Jorge Salomón, ordenó la detención del anciano y ancestral dueño del campo –con el violento operativo mediante–, pidió el encarcelamiento de quince integrantes del Mocase y el allanamiento de la sede de la organización (en Quimilí), donde funciona una radio comunitaria, una cooperativa de trabajo y una escuela campesina. Leguizamón estuvo detenido e incomunicado durante seis días. Y el juez Salomón aún persigue a los restantes campesinos.

“Es algo insólito. Hay un fallo judicial que reconoce la propiedad a Don Legui. Además, la Justicia no reaccionó ante las dos denuncias contra Gozal y los paramilitares. No hubo una sola acción del juez Tarchini Saavedra. Y, para peor, el otro juez (Jorge Salomón) persigue y detiene a las víctimas en lugar del usurpador. Esta represión, con Gerardo Zamora como gobernador, es volver a la época del juarismo (Carlos Juárez gobernó la provincia durante cinco décadas, durante las cuales el campesinado santiagueño sufrió duras agresiones)”, denunciaron desde el Mocase.

Este diario intentó hablar con ambos jueces, pero no estaban en sus despachos. También intentó comunicarse con el ministro de Justicia de Santiago, Ricardo Daives, pero no respondió los continuos llamados. Desde el Mocase explicaron que Daives es cuñado del juez Jorge Salomón, el que ordenó la detención de los campesinos y que mantuvo incomunicado durante seis días al anciano hemipléjico. Además, en los tribunales santiagueños explicaron que la rápida reacción del juez Salomón tiene un motivo concreto: la “Agencia de Seguridad La Estrella”, a quien responden los guardias armados que invadieron las hectáreas en conflicto y que luego fueron echados por el Mocase, pertenecería a un primo suyo, también de nombre Jorge Salomón. El teléfono celular de la empresa, único número comercial, estuvo apagado durante todo el día.

Dos semanas atrás, en la localidad de Tintina, la represión tuvo formas similares: un grupo de guardias armados atacó a la comunidad indígena Lule-Vilela de Tres Leones, golpeó a hombres y mujeres, realizó disparos a las piernas, amenazó de muerte y exigió que abandonan sus históricas parcelas. El mismo día, 30 de septiembre, irrumpieron en la radio comunitaria del Mocase, golpearon al comunicador José Tévez y le gatillaron con un revólver en la cabeza. “Dejate de joder con los derechos campesinos. Vas a terminar muerto”, le advirtieron. La organización identificó a los agresores y presentó denuncias. Pero el juez Abelardo Basbus no tomó ninguna medida. Los parapoliciales siguen libres.

“Nuestras denuncias nunca avanzan. Los jueces trabajan para los empresarios sojeros”, resumieron desde el Mocase. Domingo Leguizamón, de hablar lento pero firme, fue concreto: “Para el pobre no hay justicia. Pero no nos dejaremos correr de nuestra tierra”.

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INTEGRARIAN EN SANTIAGO DEL ESTERO COMITE MIXTO POR CONFLICTOS DE TIERRAS

Apuesta al diálogo multisectorial para evitar desalojos de campesinos

El gobierno de Santiago del Estero impulsa la creación de un comité mixto para intervenir y evitar los conflictos de tierra originados en el desalojo de campesinos en la provincia, informaron hoy las autoridades.

El comité estará integrado por representantes del gobierno, la Mesa del Diálogo por la Tierra y la Producción, que agrupa al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), Pastoral Social, Incupo, Fundapaz, Greenpace, Programa Social Agropecuario y la Liga Argentina de Derechos Humanos, entre otros.

Las acciones conjuntas a través del comité surgen a raíz de los distintos conflictos que derivaron en agresiones armadas de efectivos policiales y "guardias blancas" parapoliciales contra decenas de familias y comunidades de campesinos, que se negaron a cumplir ordenes judiciales de desalojo.

En los últimos tiempos, el Mocase realizó movilizaciones a los Tribunales de Santiago del Estero, en reclamo de la tenencia de tierras y la derogación de leyes que habilitan los desalojos de pequeños agricultores.

Los campesinos insisten en la normalización de los títulos de tenencia de la tierra de las familias, que reconocen el derecho a poseerlas en propiedad "por trabajarla durante decenas de años".

El Mocase denunció que la mayoría de las resoluciones judiciales "se habilita a desalojar a familias acusadas de

intrusas "ante el solo pedido por supuesto daño y con el único requisito de que el derecho invocado sea verosímil.

También sigue pendiente de resolución una denuncia contra el vicepresidente de la Legislatura provincial, Juan Simón -autor de la cuestionada ley- acusado de dirigir un desalojo de campesinos, pero en su condición de abogado.

lunes, 12 de noviembre de 2007

El defensor del Pueblo de la Provincia recibió un resumen de la causa


09/11/2007 |

El ombudsman recibió un informe que adelanta los resultados efectuados por Gendarmería, en el que se indica que “exceden los límites permitidos”.

El defensor del Pueblo de la Provincia, Darío Alejandro Alarcón, confirmó a Nuevo Diario que los resultados obtenidos por personal de Gendarmería en las muestras tomadas en los ríos tributarios que desembocan en la cuenca Salí-Dulce, tienen “niveles alarmantes”, que incluso “exceden bastante los límites permitidos por la ley”. “Por lo que vimos a simple vista, es un grado de contaminación muy importante, confirmando lo que veníamos denunciando”, señaló. El ombudsman recibió un resumen del avance de la causa iniciada en agosto del año pasado por el Gobierno de Santiago del Estero, la cual se anexó a la causa madre del ‘97, en donde se pedía una investigación sobre la responsabilidad penal que le cabe a los propietarios de las industrias que vuelcan sus efluentes en la cuenca Salí-Dulce. “Me enviaron un resumen, ya que en la causa son muy voluminosos los detalles técnicos, por lo que todavía no tengo los índices de contaminación, pero me adelantaron que son muy alarmantes”, destacó Alarcón.
“Los informes pertinentes de Gendarmería Nacional ya están anexados a la causa, los que había solicitado el juez Mario Racedo”, indicó el defensor del Pueblo de la Provincia.
Señaló que la causa está teniendo un avance importante, teniendo en cuenta las distintas acciones que se están llevando a cabo por parte de la Justicia Federal de Tucumán. “Desde el 2/10/07 están los informes de Gendarmería en el expediente de la causa”, comentó Alarcón.
También dijo que el juez que entiende en la causa ha requerido informes a la AFIP y al Registro Público de Comercio de Tucumán, a fin de que informe quiénes son los dueños y administradores de las distintas industrias azucareras que están siendo investigadas, pero todavía no fueron respondidos.
“Nosotros estamos en la causa como simples denunciantes, cuando tengamos todos los elementos a favor, con las copias en mano de los resultados de las muestras en los ingenios, seguramente nos constituiremos como querellantes”, remarcó Alarcón, para de esta forma -añadió- “poder instalar el proceso”.
Nuevo Diario tuvo acceso al resumen enviado por la Defensoría del Pueblo de Tucumán a la Defensoría santiagueña, en donde se detallan todos los pasos iniciados desde el año pasado, desde que se efectuó la nueva denuncia en forma conjunta por las defensorías del pueblo.
Una documentación entregada por la Defensoría de Tucumán al Juzgado Federal de un estudio de “Determinación de calidad de aire en distintas localidades de la provincia tucumana”, también forma parte del expediente. En ese informe, realizado por el Centro de Investigación y Formación de Salud Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba, se indica que los valores de contaminación en el aire producido por los ingenios, durante el período de zafra, es casi el 300% más del valor permitido. En cuanto a los excesos sobre la norma anual en los valores obtenidos durante los períodos activos y no activos frente a la zafra, llegan hasta el 700% más de lo permitido

martes, 6 de noviembre de 2007

Ambientalistas bloquearán las vías férreas el jueves


La medida sería por tiempo indeterminado

El objetivo es interrumpir el paso del tren de la Minera Alumbrera a la altura de la localidad de El Charco.

Tal como lo habían anunciado, los ambientalistas termenses continúan su lucha contra la explotación minera a cielo abierto.
En este sentido, el referente de la agrupación ambiental “Tincunaku”, Rafael Vielma, anunció que el jueves a partir de las 8 realizarán un nuevo bloqueo a las vías férreas que transportan material de la Minera Alumbrera.
En este sentido el ambientalista Rafael Vielma precisó que la medida de fuerza “desde un principio será declarada por tiempo indeterminado, aunque la duración dependerá del apoyo que recibamos de las otras agrupaciones ambientales del NOA que fueron convocadas para participar de esta protesta y también de los termenses y santiagueños que conocen nuestra lucha”.
Asimismo cabe destacar que la protesta se llevará a cabo en la localidad de El Charco, distante a unos 55 kilómetros de la ciudad termal.
Vielma en esta oportunidad agregó que además de organizar esta protesta, los integrantes de dicha agrupación están realizando una campaña de concientización entre los vecinos, “donde recalcamos que lo que está en juego es la vida de todas las personas y en especial de las generaciones futuras. Por ello invitamos a todos los ciudadanos a defender la vida y el medio ambiente”.
Por otra parte, cabe recordar que esta nueva protesta se enmarca en una serie de reclamos que los ambientalistas del NOA vienen realizando desde hace tiempo para repudiar la actividad minera a cielo abierto que tanto daño está ocasionando en el medio ambiente.
Por ello Vielma recalcó: “Esperamos poder contar con la participación de la mayor cantidad de personas posible, porque esta es una lucha que debemos realizar en forma conjunta, para que de una vez por todas nos escuchen y tomen en cuenta nuestros reclamos, debido a que todos los que padecemos las consecuencias de la minería sabemos lo dañino que resulta y por lo tanto debemos unirnos para repudiarla y pedir el cese de la misma”.

13 UAC en Santiago del Estero - 12 al 16 de agosto

FESTIVAL PRE-13º UAC