La posible designación de Pedro Eugenio Simón como fiscal federal de la provincia contradice las "buenas recetas" para una "buena justicia". P. Barbetta.
Desde el regreso a la democracia se ha discutido mucho acerca de los requisitos indispensables para contar con poderes judiciales eficientes y confiables. Dispositivos como la independencia del Poder Ejecutivo, accesibilidad de toda la población, códigos procesales actualizados, menos burocráticos, la existencia de una carrera y capacitación judicial son de primera prioridad. En tal sentido, la posible designación de Pedro Eugenio Simón como fiscal federal por la provincia de Santiago del Estero (ver artículo publicado por Martina Noailles el 22-06-2009) parece contradecir todas las “buenas recetas” para una “buena justicia”.Situación por demás alarmante no sólo porque como fiscal federal deberá decidir acerca de juicios por lesa humanidad, sino porque implicaría también la profundización de un modelo de justicia que no es capaz de explicar o dar respuestas a los reclamos y expectativas de gran parte de la ciudadanía.
Sin embargo, teniendo en cuenta los antecedentes de Simón son las poblaciones campesinas quienes verán aún más lacerados su derecho a producir y habitar en los territorios que vienen ocupando legítimamente por generaciones, amparados en los derechos posesorios. Las familias campesinas no sólo padecen el continuo hostigamiento de empresarios que buscan expulsarlas violentamente de sus tierras, sino que deben enfrentarse a una justicia que los considera como “intrusos o usurpadores”, negando y desconociendo el derecho que los ampara.
Y si se les reconoce tal derecho, se lo hace situándolos en el “lugar del no lugar” en términos económicos (pobres, improductivos), que implica la negación de un derecho a la tierra basado en usos, costumbres y prácticas productivas. Se niega una apropiación comunitaria de la tierra; se les niega la posibilidad de un tratamiento diferente, pero al mismo tiempo igualitario que no puede ser asimilable y homogeneizable a la de un productor empresarial.
En otras palabras, implica el no reconocimiento y la descalificación de otros modos de producir y otras formas de relacionarse con la naturaleza.
Mientras que para la producción capitalista agroindustrial la tierra tiene que estar constantemente en producción (aun a costa de su agotamiento), el “modo de producir y vivir campesino” se sostiene dentro del capitalismo a partir de una relación respetuosa con la naturaleza donde se contemplan los ciclos naturales de la tierra y donde el monte cumple una función tanto social como económica.
Así, la resolución de los conflictos por la tierra que se supone que se sostienen a partir de un discurso que apela a la igualdad –en el sentido de igualdad de los sujetos ante la ley– marca una clara jerarquización en cuanto al derecho que debe primar, es decir, el de la propiedad privada e individual.
De esta manera, la mayoría de los jueces, encubiertos bajo tecnicismos y fórmulas de los principios generales, rehúyen a la responsabilidad ética y política que inevitablemente implica su accionar. Por un lado, porque sus fallos no sólo criminalizan a los campesinos sino que también los desalojan.
Pedro Simón, así como otros hombres de la Justicia, se convierten en un obstáculo para que los sujetos concretos (sean campesinos o no) puedan ejercer/formular sus demandas frente al poder. No se trata de una cuestión menor en términos democráticos, ya que como sostiene el jurista brasileño Antonio Carlos Wolkmer, la Justicia, en su dimensión social y política se define como una virtud ordenada para la satisfacción de las necesidades mínimas y equilibradas que garantizan las condiciones (materiales y culturales) de una vida buena y digna. En otras palabras, la Justicia debería ser fiel y asentarse al más fundamental principio democrático: el de la igualdad.
*Sociólogo y doctor en Antropología. Investigador del Grupo de Estudios Rurales. Instituto Gino Germani.
http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=27813
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