Por: Sudestada
Hace unas semanas atrás, en algunos televisores de Santiago del Estero, se reflejó una expresión. Una sentencia ganó espacio en los diarios provinciales, un concepto se multiplicó por las radios de la zona. Los santiagueños se cansaron de leer y escuchar, una y otra vez, el mismo enunciado y se preguntaron de qué se trataba. La cita en cuestión era la siguiente: “Hay que volver al capitalismo en serio”. Fue pronunciada por la Presidenta de la República, en la Cumbre del G-20 en Cannes, el 3 de noviembre de 2011.
Trece días después de aquella frase, dos sicarios irrumpieron en la vivienda de un pibe de 23 años, y lo fusilaron a tiros de escopeta. Era Cristian Ferreyra y vivía desde siempre en el paraje San Antonio, en el departamento de Monte Quemado, al norte de Santiago del Estero. Integraba la comunidad indígena lule-vilela, que ocupa dos mil hectáreas comunitarias desde hace generaciones; que hoy son pretendidas por la codicia terrateniente. Tenía un hijo de dos años, una esposa, una vida. Allí también hirieron de gravedad a Darío Godoy.
“Esto es el Lejano Oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales”, afirmó Marilena Santillán, compañera de Ferreyra en el Mocase-Vía Campesina, organización que acusa directamente a elementos parapoliciales, sicarios a sueldo del latifundista santafesino José Ciccioli, pero no soslaya que este crimen está vinculado con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería intensiva, sobre territorios comunitarios. Desde hace al menos dos años denuncian, además, el acoso de empresarios para apropiarse de sus tierras mediante métodos intimidatorios, desde el incendio de una radio vecinal hasta detenciones arbitrarias. “Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del poder judicial e instituciones como la dirección provincial de bosque, quien autorizó el desmonte donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian”, dice el comunicado del Mocase, observado con indiferencia por medios oficialistas y opositores.
La muerte de Cristian fue la cuarta en los últimos dos años, de militantes en defensa de su territorio: el 12 de octubre de 2009 ejecutaron a Javier Chocobar, en Tucumán. El 13 de marzo de 2010 murió Sandra Juárez, al pie de una topadora, en Santiago. El 23 de noviembre de 2010 asesinaron en un corte de ruta a Roberto López, en Formosa. Las cuatro muertes tienen algunos elementos en común: los cuatro son crímenes impunes y en las tres provincias (Santiago, Tucumán y Formosa) hay gobernadores que son disciplinados soldados del oficialismo, triunfante en las últimas elecciones.
Como una cadena con varios eslabones, el modelo santiagueño expone una circular dependencia, íntima y dinámica, entre el agronegocio de la soja, la depredación terrateniente, la indefensión campesina, la impunidad de fuerzas de seguridad o parapoliciales y una imprescindible complicidad oficial. Se podrá debatir sobre la vigencia de algunos sistemas políticos y económicos en el mundo, su efectividad y su conflicto, pero resulta evidente que el “capitalismo en serio” que padecen los santiagueños todos los días no se preocupa demasiado por la vida de los muchos Cristian Ferreyra que la pelean en el campo. Ellos, en todo caso, son los “daños colaterales” que conviene ocultar debajo de la alfombra. Su “capitalismo en serio” es la coartada perfecta para los negocios de quienes, desde la protección de una impunidad que saben garantizada, mandan a otros a apretar el gatillo.
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