MARCHA DE LOS PUEBLOS 9/12/11

miércoles, 5 de septiembre de 2007

LA HISTORIA SIN FIN (o 37 años de nada)

Hemos sido invitados a participar en una reunión del Comité Técnico del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí – Dulce. Debo confesar que no tenía muchas esperanzas, pero no quise prejuzgar y acudí con una actitud abierta.

Vamos a escuchar, me dije. En una de esas nos llevamos una sorpresa.

Bueno, la sorpresa llegó: luego de presentarnos entre funcionarios y vecinos de las asambleas presentes, el Sr Javier Pascucci (creo que pertenece a Recursos Hídricos de la Nación), que hizo las veces de conductor de la reunión, haciendo gala de una gran soltura, seguramente producto de su experiencia en este tipo de comités, nos hizo un resumen de las actividades del Comité de Cuenca.

Nos contó que la historia del Comité de Cuenca arranca en 1970 (sí, hace 37 años), que en el año 1980 dejó de funcionar por falta de presupuesto, y que luego con cierta irregularidad siguió en actividades (sin pena ni gloria, agrego yo) hasta esta nueva “gran etapa” que comienza.

En esta nueva etapa, el remozado Comité – nos cuenta el Sr. Pascucci – tiene un “Plan de Gestión” destinado a fortalecer los organismos provinciales de control de la contaminación industrial en la cuenca. Que cuenta y/o contará con financiamiento de la Nación y de las Provincias. La provincia de Santiago del Estero, proporcionó, por ser sede permanente del Comité, un edificio muy bien puesto ubicado en Urquiza 208. De aquí en adelante, nos sigue contando, a cada proyecto se le deberá gestionar la correspondiente financiación (ante la Nación y/o las Provincias). Nos cuenta también que ninguno de los funcionarios presentes (alrededor de 15 de 5 provincias) se encargará del trabajo técnico (¿?) sino de las decisiones. El trabajo técnico (el real, digamos) estará a cargo de un Coordinador General, que tendrá a su cargo a cinco (5) Gerentes, quienes a su vez tendrán a su cargo varios Coordinadores de Proyecto, quienes a su vez tendrán a su cargo al personal de campo (¿?). O sea que estamos hablando de una estructura importante, como la de una empresa más que mediana, digamos grande, de esas que facturan varios millones de pesos por mes.

A esta altura, algo parecido a la indignación iba trepando hasta mi garganta, pero resolví aguardar. Traté de convencerme de que era mi ansiedad, producto de las aguas podridas de nuestro lago, de nuestros vecinos que se están enfermando y muriendo de cáncer, etc.

Entonces comenzaron las preguntas de los integrantes de las asambleas. Primero se planteó el interrogante sobre qué planes de salud pensaban implementar y la necesidad de realizar un “rastrillaje” en las zonas ribereñas, casa por casa, para brindar asistencia médica a los pobladores y de ese modo elaborar estadísticas sanitarias que permitan atacar los problemas de salud inmediatos y trazar planes a futuro. Nos contestaron que para la próxima reunión (dentro de un mes) tratarían de traer un médico. De ahí en más la cosa se desbarrancó, pues le pedimos los resultados de monitoreos anteriores sobre la contaminación de las aguas y nos dijeron que los tenían, pero no ahí, que todavía no los habían visto, etc.

Cuando les preguntamos sobre los residuos que vierte Minera La Alumbrera, nos contestaron que el único monitoreo que realizaron (48 horas seguidas mediante una sonda automática) arrojó valores muy por debajo de los parámetros permitidos, y ahí creímos llegar al colmo de la “tomada de pelo”. Les entregamos documentación probatoria de la contaminación que produce la minera, entre ella parte del expediente de una causa penal que se tramita ante el responsable de esa empresa, y nos contestaron que no conocían esa información (¡¡¡!!!). Entonces les pedimos que la estudien así se enteraban. Pero ahí nomás, uno de los funcionarios emprendió una encendida defensa de la empresa, diciendo que eso no era cierto y que tampoco es cierto que la minera sea responsable de que el Río Santa María se haya secado, y que tampoco es responsable de que alrededor de 60 pozos de la ciudad se hayan “colgado” y que los estén llevando de 60 a 100 metros de profundidad para poder encontrar agua.

Si están pensando que esa persona que defendió a la minera es un geólogo y que es funcionario del gobierno de Catamarca ¡ ACERTARON !

Tratamos de calmar nuestros ánimos y proseguimos con la reunión. Ahora la indignación ya me hacía ver nublado y me temblaban las manos.

Entonces, como ya se estaba haciendo tarde (yo tenía que volver a mis quehaceres y el ambiente estaba denso), le hicimos entrega al Sr. Pascucci de una hoja (firmó una copia de la misma) conteniendo algunas preguntas para que sean contestadas por escrito. Con total soltura, (realmente se le nota una gran habilidad para estas cosas), comenzó a responderlas en el momento.

Total, eran unas preguntas simples e ingenuas, hechas por vecinos sin la preparación suficiente.

A la pregunta sobre si los integrantes del Comité conocían los parámetros de contaminación permitidos por el Plan de Producción Limpia (PPL) y del Plan de Reconversión Industrial (PRI) contestaron que sí, que los conocen.

A la pregunta sobre si todos los integrantes del Comité conocen el contenido y los alcances del Art. 41 de la Constitución Nacional y de las leyes nacionales Nº 24051 (de residuos peligrosos), la Nº 25675 (de política ambiental) y la Nº 25831 (régimen de libre acceso a la información pública ambiental) también contestaron que sí, que las conocen. Los representantes por Santiago del Estero declararon también conocer el contenido y alcances de la ley provincial Nº 6321 (defensa y conservación del ambiente y recursos naturales).

Al pedido del listado de empresas que generan residuos industriales ubicadas en Tucumán y Catamarca, agrupadas según su registro en el PPL , al PRI, en las leyes 24051 y 25612, y las no adheridas o registradas en ninguna de las anteriores, dijeron no disponer de esa información.

A la pregunta sobre qué participación tendrían las organizaciones y asambleas civiles en el comité, contestaron que solamente en reuniones como ésta.

Y a las preguntas sobre que atribuciones tenía el comité y sus integrantes para requerir informes a las empresas, aplicar sanciones, requerir toma de muestras y realizar acciones legales contra esas empresas y/o los funcionarios que les permitan seguir contaminando, nos contestaron que NINGUNA, NADA PUEDEN HACER MÁS QUE ACONSEJAR A LOS ORGANISMOS PROVINCIALES DE CONTROL.

Y nos fuimos.

Si alguien cree que esto es una fábula de fundamentalistas, les cuento que tenemos toda la reunión grabada (estamos pensando en transcribirla completa y publicarla como un tratado más sobre la cuadratura del círculo).

Si el lector no conoce los parámetros del PPL, no los aburriré con números, simplemente recurriré a palabras de funcionarios de la secretaría de Medio Ambiente de la Nación (declaraciones a la prensa entre octubre de 2006 y mayo de 2007), que manifestaron que esos valores eran muy superiores a los permitidos en la ley nacional 24051. Esos mismos funcionarios declararon que el PRI tendría parámetros acordes a la ley nacional. También dijeron que el PPL había fracasado porque la adhesión de las empresas no era obligatoria, pero que la incorporación al PRI sí lo sería.

Pero resulta que hace poco nos enteramos que el PPL y el PRI tienen los mismos parámetros y se ajustan a la Resolución 1265/CPS (Tucumán – 13/08/2003) por lo tanto son superiores a los fijados en la ley Nº 24051 y que el PRI tampoco es de incorporación obligatoria.

Entonces, como humildes ciudadanos, llegamos a algunas conclusiones:

a) que la Resolución 1265/CPS es violatoria de la ley federal 24051

b) que los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente mintieron en sus declaraciones a la prensa

c) que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la Provincia de Tucumán son responsables de la violación de una ley federal

d) que los funcionarios de los organismos de control ambiental de la Provincia de Tucumán son corresponsables de dicha violación

e) que los integrantes del Comité de Cuenca conocen de esa violación y son corresponsables de ella

f) que el Poder Ejecutivo Nacional , en la persona del Presidente y del Jefe del Gabinete de Ministros y los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación a cargo de la Dra. Romina Picolotti son corresponsables de que ese delito siga en proceso

g) que el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, además, no está cumpliendo con el art. 42 de la ley provincial Nº 6321 (“El Gobierno de la Provincia facultará a Fiscalía de Estado para propiciar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las acciones judiciales correspondientes en relación a los efectos negativos sobre el ambiente y/o los recursos naturales, originados u ocasionados por las provincias vecinas que provoquen daños permanentes o temporales a los ecosistemas humano y natural dentro del territorio de la Provincia de Santiago del Estero”)

h) que los integrantes del Comité de Cuenca en representación de la Provincia de Santiago del Estero conocen la ley provincial 6321, y son corresponsables del incumplimiento mencionado en g)

i) que el Plan de Gestión del Comité de Cuenca Salí-Dulce es un despropósito, pues se convertirá en un despilfarro del dinero de todo el pueblo, manteniendo una estructura superdimensionada y sin las atribuciones necesarias para hacer efectivo su accionar

j) que en vista de las declaraciones de funcionarios efectuadas a la prensa y las respuestas del Comité Técnico se ha urdido una mentira al pueblo y ocultamiento de información pública ambiental, que si bien no había sido requerida según lo establecido en la ley nacional 25831, al ser todos estos funcionarios conocedores de ella y ocultarla y manipularla para que un delito siga en proceso deberían ser procesados además por incumplimiento de los deberes de funcionario público en la jurisdicción que corresponda a cada uno.

k) Que la Patria y el pueblo soberano los tienen que demandar para que esto no sea más LA HISTORIA SIN FIN del título.

Elizabeth Avila

Ciudadana Argentina

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