Piden cerrar en Pozo Hondo un silo que amenazaría la salud de la gente

A LA JUSTICIA - La Defensoría del Pueblo interpuso una medida cautelar por quejas de los vecinos Piden cerrar en Pozo Hondo un silo que amenazaría la salud de la gente La planta de acopio de granos está en el medio del pueblo, muy cerca de las viviendas y de las escuelas. El defensor del Pueblo dijo que están ante “un atentado contra la vida”. Foto/Defensoría del Pueblo Reclamo. Los pobladores aseguran que son afectados por el contacto con agroquímicos. Un informe médico habla de afecciones respiratorias y escoriaciones en la piel de niños y adultos. La Defensoría del Pueblo de la Provincia presentó ante la Justicia un pedido de clausura de una planta de acopio de granos que está ubicada en pleno centro de Pozo Hondo. Las causas: la fuerte sospecha de los pobladores de que muchos de los problemas de salud que sufren niños y grandes serían consecuencia de la contaminación ambiental que provocarían las toneladas de granos de soja tratadas con agroquímicos que son almacenadas en una zona densamente habitada. Se trata de una medida cautelar innovativa que lleva la firma del Dr. Martín Díaz Achával y que fue presentada el viernes pasado en el Juzgado del Crimen de Segunda Nominación, donde puntualmente solicita la clausura de la planta de acopio y acondicionamiento de cereales perteneciente a una cooperativa agropecuaria que opera desde hace años en este pueblo del departamento Jiménez, y que –según el defensor del Pueblo- no cumple con las medidas sugeridas para reducir los niveles de contaminación. “Los vecinos gozan del amparo, en nuestro derecho, de residir en un ambiente sano, por lo que procuramos dar una pronta y definitiva solución a este problema ambiental”, dijo el defensor del Pueblo. " La solicitud también incluye “la prohibición del ingreso de camiones para descargar en el predio de la cooperativa maíz o cualquier otro grano, para evitar que se realice todo el proceso contaminante por parte de los mismos, a fin de evitar que se produzca un perjuicio irreparable al medio ambiente”. Según informaron desde el organismo, las notas enviadas por los pobladores de Pozo Hondo destacan que “cuando opera esta planta de acopio de granos, ubicada en Pozo Hondo, se observa una nube tóxica gris irrespirable, que se dispersa por los vientos afectando a la población circundante en un radio de acción importante”. Díaz Achával planteó como argumento que “para llegar a esta determinación se agotaron todas las instancias técnicas y administrativas posibles, con el concurso de los organismos pertinentes y la misma entidad cooperativa -en una actuación iniciada en abril del año pasado- ante numerosas denuncias de vecinos afectados por las operaciones de la aludida planta. Se determinó fehacientemente que, producto de sus operaciones, se produce una grave contaminación ambiental atmosférica con material particulado, sin haber aplicado la empresa -en términos absolutos- las recomendaciones técnicas efectuadas”. También aclaró que no está en contra de la actividad de la cooperativa, sino que pretende que “se trabaje de manera sustentable. Sin contaminar”. En uno de los párrafos más contundentes del escrito que entregó a la Justicia, el ombudsman remarcó: “A los vecinos les asiste todo el derecho de reclamar y, el Estado, a través de sus organismos competentes, atender a la brevedad esta emergencia que es un atentado contra la vida”. Recordó además que el año pasado se había ordenado la suspensión de las actividades en la planta de acopio, pero “tampoco este año se han realizado las mejoras necesarias para que, en sus operaciones, no contamine el medio ambiente”.  Antecedente De prosperar el pedido de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, sería un valioso antecedente para varios pueblos y ciudades del interior santiagueño donde también hubo denuncias de pobladores por supuestas afecciones en la salud de la gente.Uno de los casos más recientes es Bandera, en el departamento Belgrano, donde funcionarios de una comisión investigadora del Ministerio de Salud hizo hace poco más de un mes un relevamiento de lo que ocurre en esta ciudad, donde existen decenas de casos de niños y adultos con problemas respiratorios, enfermedades cancerígenas y malformaciones congénitas que son relacionadas con el uso indebido de agroquímicos en los campos que están a metros de las viviendas. En Bandera también existen silos cercanos a la zona urbanizada y las maquinarias agrícolas recorren las calles a diario. 

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AVANCES MINEROS EN SANTIAGO

El Rector de la UNSE y sus pares de Jujuy, Catamarca y Chilecito, acompañados por el Secretario de Minería de la Nación y por el Vice-gobernador de la Provincia, lanzaron oficialmente la Carrera Técnico Universitario en Explotación de Minas

Representante de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, Rector de la UNCa, Subsecretario de Medio Ambiente de la Nación, Ministro de la Producción del Gobierno de Santiago del Estero, Secretario de Minería de la Nación, Vice-gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, Presidente del Concejo Deliberante de Frías a cargo de la Intendencia, Rector de la UNSE, Rector de la UNJu y Rector de la UNdeC.

En lo que representa un claro objetivo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) por establecer una relación constante con el hombre y su medio, atendiendo las demandas de la población, y también un ejemplo fiel de integración universitaria, el Rector de la UNSE y Coordinador del Grupo de Universidades Nacionales del Norte Grande Argentino (UNNGA), Geólogo Arnaldo Tenchini, lanzó oficialmente en Frías la Carrera Técnico Universitario en Explotación de Minas junto a los Rectores de las universidades públicas de Jujuy, Catamarca y Chilecito (La Rioja).

El acto se concretó en la Casa de la Cultura de Frías, donde el Rector de la UNSE estuvo acompañado por el Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral; el Vice-gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, Angel Niccolai; el Subsecretario de Medio Ambiente de la Nación, Sergio La Roca; el Ministro de la Producción del Gobierno de la Provincia, Luis Gelid; el Presidente del Concejo Deliberante de Frías, Humberto Salim, a cargo de la Intendencia, y por los Rectores del UNNGA que participaron de la firma del convenio para la apertura de la nueva carrera: Dr. Enrique Arnau (UNJu), Ing. Flavio Fama (UNCa) e Ing. Norberto Caminoa (UNdeC).

La Carrera Técnico Universitario en Explotación de Minas fue declarada de interés Municipal, Educativo y Cultural por la Intendencia de Frías. Esta dependerá de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), es decir que el título validado por el Ministerio de Educación de la Nación será otorgado por la UNJu, y los alumnos, si bien asistirán a clases en Frías, serán estudiantes de la UNJu. De este modo, se evitará el desarraigo de los jóvenes frienses y de zonas aledañas que elijan estudiar esta carrera. Las preinscripciones comenzaron a efectuarsey se estima que las clases se iniciarán en agosto próximo.

Entre las autoridades del Gobierno provincial se destacó también la presencia del Director General de Minería, Geología y Suelos, Dr. Alberto Abitbol.

También asistieron a la ceremonia las siguientes autoridades de la UNSE: Secretario de Planeamiento Universitario del Rectorado, Ing. Guillermo Sanmarco; Secretario de Ciencia y Técnica, Dr. Daniel Werenitzky; Decana de la Facultad de Humanidades, Lic. Natividad Nassif; Decano y Vice-decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Ing. Carlos Bonetti e Ing. Héctor Paz, respectivamente; Secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades y el Lic. Angel Storniolo de la Facultad de Ciencias Exactas.

En la ocasión también se firmaron acuerdos importantes entre el Gobierno provincial y la Secretaría de Minería de la Nación, relacionados con la apertura de la carrera mencionada.

http://www.unse.edu.ar/Novedades2009/18junio2009/18junio.htm

“Minera La Alumbrera es el ente contaminador más importante que tiene el NOA

ONG - Dr. Rafael Medina, presidente de la ONG Pacto Verde de Tucumán Los camiones llevan 220 toneladas de material por viaje. “Hay un impacto ambiental que no podrá ser revertido” Declaraciones. El abogado y ambientalista advirtió que hay otra mina que está por entrar pronto en producción. Los riesgos para el medio ambiente. “Minera La Alumbrera es el ente contaminador más importante que tiene el NOA, ellos están consumiendo 600 litros de agua por segundo, está generando un impacto ambiental que no va a tener manera de ser revertido ni siquiera a mediano plazo, a partir de que es uno de los pocos lugares en el mundo en el que se sigue practicando la minería a cielo abierto”. El Dr. Rafael Medina, presidente de la ONG Pacto Verde de Tucumán cuestionó con dureza a la empresa que desarrolla este emprendimiento minero en Andalgalá, Catamarca. Sostuvo que hay una gran preocupación porque Xstrata, la firma que opera la mina “va a comenzar a explotar otra mina que está muy cerca de La Alumbrera que es dos veces más grande y que se llama Agua Rica”. Aseguró que el impacto ambiental que produce la mina a cielo abierto, se debe a que “utiliza productos químicos para la extracción que no reciben tratamiento adecuado y terminan contaminando la montaña, el agua y el aire”. Sostuvo que en Tucumán, donde desemboca el ducto por el cual se envía el mineral y donde se produce la separación del metal, “el agua –de ese tratamiento- termina yéndose por el canal DP2 y es vertida finalmente en el embalse de Río Hondo, todo eso es una contaminación enorme, pero además un inmenso consumo de energía eléctrica y de agua pura, además de un impacto social negativo en los valles”. En Río Hondo A su vez, Rafael Vielma, ambientalista de la ONG Tincunacu de Las Termas de Río Hondo, expresó que “mientras la minera La Alumbrera siga funcionando vamos a estar condenados a sufrir las consecuencias de la contaminación en nuestro embalse” al referirse al impacto ambiental que arroja la explotación minera en Las Termas. Vielma repudió el accionar de empresas mineras y de ingenios tucumanos que desechan material contaminante al embalse Río Hondo y advirtió que la situación se agravará en los próximos dos años cuando comience a funcionar el emprendimiento minero Agua Rica en Catamarca. La agrupación ecologista, en diálogo con EL LIBERAL, afirmó que el daño ambiental persiste en el embalse Río Hondo como consecuencia “de los desechos de ingenios tucumanos y empresas mineras a cielo abierto que son arrojados a los cauces tucumanos y al canal DP 2”. “El daño ambiental no se detuvo, La Alumbrera comenzó la actividad cerca del 97 y en el 2000 sospechamos que los casos de enfermedades de cáncer en Las Termas son provocadas por este emprendimiento económico a cielo abierto; ahora Agua Rica empezó la etapa de exploración y dentro de 2 ó 3 años tenemos miedo que los derivados se filtren en el Valle del Aconquija”, expresó. 

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La Alumbrera afirma que su actividad no contamina y busca adquirir más minas

DECLARACION - Jorge Montaldi, Gte RR.II de minera La Alumbrera La mina a cielo abierto tiene una profundidad de 7 km y 17 de ancho. Eso equivale a unir una línea recta entre la plaza Libertad y la plaza Belgrano de La Banda. Defensa. “Nosotros no contribuimos a la contaminación del embalse” de Río Hondo, dice Jorge Montaldi. Ambientalistas cuestionan la actividad de la empresa. Esta semana hay una audiencia en tribunales federales. Esta semana funcionarios del área de Relaciones Institucionales de la empresa minera La Alumbrera visitaron la provincia para informar sobre la actividad que realiza la empresa, además de la inminente firma de un convenio con la Universidad Nacional (Unse) para que esta institución realice el control de efluentes que la empresa vierte por su actividad en el polémico canal DP2, un curso de agua que desemboca en el embalse de Río Hondo y que fue seriamente cuestionado por ambientalistas santiagueños y tucumanos. La Alumbrera, es un megaemprendimiento minero ubicado en el departamento de Belén en Catamarca que realiza un fuerte aporte a la economía de la zona y también a los ingresos fiscales. En 2008, pagó impuestos nacionales, provinciales y municipales por $1.208 millones. En los últimos diez años esos aportes suman $4.521 millones. Esta empresa emplea en forma directa a 1.263 personas y pese a la crisis, no despidió personal. La minera produjo una explosión en el aumento de las exportaciones catamarqueñas, llevándolas de U$S 96 millones en 1997 a U$S 1.497 millones en 2007. El año pasado pagó por retenciones U$S 150 millones. El gerente de Relaciones Institucionales de la multinacional, Jorge Montaldi, se refirió a las acusaciones que diversos grupos ambientalistas hicieron contra la actividad de la empresa. Sostuvo además que Xstrata Copper, la firma controlante de La Alumbrera, participa de una licitación por otras 5 áreas mineras lindantes a esta principal, para extender el período de vida útil de la mina a cielo abierto que expira en el 2017. “La Alumbrera explota una mina a cielo abierto, de cobre y oro, es una empresa comandada por el grupo Xstrata, ha formado una UTE (Unión Transitoria de Empresa) con Ymad (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), empresa estatal dueña de los derechos de explotación y exploración y que participa con el 20% de las utilidades del proyecto”. Ymad, es el gobierno de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucuman (UNT), porque La Alumbrera fue descubierta por un investigador de la UNT en la década del 30. “La empresa explota un concentrado de cobre y oro a cielo abierto. El proceso es por trituración del material para liberación del cobre, en ningún momento se usan sustancias como mercurio, cianuro, ni su mineral contiene arsénico. Muchas de las acusaciones que se hacen a la minería viene por ahí, que se utiliza el cianuro para separar oro o mercurio para amalgamar oro, en el caso nuestro no se usa ninguna de esas sustancias”, aclaró. En el caso de los efluentes que se vierten en el canal DP2 y luego llegan al embalse de Río Hondo, dijo que “muchas veces se asocia la contaminación del Dique Frontal con minera La Alumbrera y con la actividad industrial de Tucumán, pero nosotros contamos con un laboratorio con el que controlamos el proceso del tratamiento de agua”. Añadió que “tenemos controles de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Dirección de Minería, de la Secretaría de Minería de la Nación y del Comité de Cuenca Salí-Dulce que se ha formado como una reacción para mejorar la cuenca”. Por ello, indicó que “estamos absolutamente tranquilos que nosotros no contribuimos de ninguna manera a la contaminación que tiene el dique”. Con el objetivo de brindar mayor tranquilidad en este tema, indicó que “estamos trabajando con la Unse, hicimos un convenio con el rector Arnaldo Tenchini quien a su vez es coordinador del Grupo de Universidades del Norte Grande y ellos también harán un control de nuestros efluentes, de esta manera lo que queremos hacer es dar transparencia a nuestra actividad del efluente y que haya terceros que nos controlen y que puedan publicar todos los datos”. Crisis y minería La crisis que afectó a la minería en todo el mundo, no se extendió con la misma ferocidad hacia La Alumbrera. “Nos ha golpeado mucho por el lado del precio, en setiembre de 2008 estaba a U$S 3,50 la libra pero se produjo una caída inesperada y en 60 días llegó a un valor piso de U$S1,32, eso nos golpeó muchísimo, tuvimos que implementar medidas, pero ninguna pasó por bajas del personal”. Añadió que “avizoramos un 2009 y parte de 2010 muy complejo, pero el valor del cobre fue recuperándose, hasta encontrar un valor estable de U$S 2,10 que es un valor interesante que permite mirar el futuro con más optimismo, sobre todo pensando que queremos seguir desarollando proyectos en la zona”. Xstrata Copper vende su producto a refinerías de China, Japón, Canadá, España, Brasil y Alemania. El cobre comercializado se utiliza en la industria de la construcción, automotriz, etc 2017 Es el año en que concluirá la explotación de la mina. 670 mil toneladas de cobre y oro produce anualmente. 156 mil de ellas son de cobre. $1 Millón es el monto que indican desde La Alumbrera que se distribuyó hacia la Unse, como una porción del reparto de utilidades entre universidades.

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A simple vista este funcionario es un ignorante, un corrupto o ambas cosas

A raíz de las lamentables declaraciones de Juan Carlos Targa, director de Medio Ambiente de Santiago del Estero, nosotros podemos decir que "a simple vista este funcionario es un ignorante, un corrupto o ambas cosas". Lean la nota a continuación (puaj)

Declaraciones el director de Medio Ambiente, Juan Carlos Targa, ante el inicio de la zafra

Toman muestras del dique y no detectan “anomalías”
Ayer realizaron una tarea similar en ríos de Tucumán, técnicos de la Diosse y esa provincia.
y esa provincia.

La situación del embalse de Río Hondo amerita controles periódicos.
El jueves pasado, el director de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Carlos Targa, junto a dos técnicos de Tucumán, tomaron muestras en siete sectores del embalse de Río Hondo, como lo hacen todos los meses, para conocer los valores que arrojan, frente a la problemática de la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce.
“El embalse trae mucha agua y no se ve ninguna anomalía a simple vista, por caso: animales muertos en la superficie”, indicó Targa.
El funcionario no descartó que la zafra que avanza en Tucumán ocasione problemas en el futuro, aunque indicó que “el problema suele ocurrir cuando sube la temperatura”.
De igual manera que el trabajo hecho el jueves, ayer, técnicos de la Diosse -Dirección de Obras Sanitarias- y también de Tucumán hicieron un trabajo similar, aunque esta vez vía terrestre, en las entradas de los ríos en la vecina provincia.
En tanto, Targa indicó que ya se viene aplicando esta metodología de trabajo desde hace unos meses atrás, y que sus resultados se evaluarán en la nueva reunión del Comité de Cuenca a realizarse el próximo 8 de julio.
Mientras, el 7 de julio se lanzará oficialmente el Plan de Producción Limpia en nuestra provincia, con la presencia del director nacional, Ariel Carbajal, y otros funcionarios.
El mismo está destinado a una producción sustentable de empresas locales y forma parte de un convenio suscripto entre el Gobierno provincial y la Secretaría de Ambiente nacional.

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IMAGENES DEL DESALOJO DE CAMPESINOS EN CELENTANO

VER ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA

Un polémico candidato a juez amigo de los terratenientes sojeros

22-06-2009 /

Rodolfo Yanzón

El Senado de la Nación deberá analizar el pliego de Pedro Eugenio Simón para ser designado fiscal federal en la provincia de Santiago del Estero. La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo de la Nación y mereció la impugnación de varias organizaciones, entre ellas del Frente Nacional Campesino y de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos. Los impugnantes dijeron que Simón representa “legal y políticamente a los terratenientes y empresarios vinculados a las corporaciones nacionales e internacionales del complejo sojero”. Recordaron la pertenencia de postulante al estudio jurídico Sechi Retondo, especialista en desalojar campesinos de sus tierras. Como ejemplo del accionar empresario y de su staff de abogados, citaron el caso de la familia Quiñónez, que había habitado durante décadas en el lote 41 de Los Juríes en el Departamento de Taboada, jurisdicción de Añatuya. Los Quiñónez fueron desalojados en varias oportunidades, la última de ellas mediante una estafa con falsificación de documentos públicos pergeñada por abogados y escribanos para beneficio de los empresarios del campo. De esa maniobra participó Simón, que fue imputado en la investigación de la estafa, por la que ya están procesados por la jueza Roxana Vera el empresario Carlos Sartor y el escribano Edmundo A. Gómez, de la ciudad de Santiago. La maniobra para desapoderar a la familia Quiñónez de sus tierras es uno de los métodos utilizados por los empresarios en perjuicio de los campesinos. Adulteran escrituras que luego hacen valer ante los jueces para llevar a cabo los desalojos. La práctica es posible por abogados como Simón y con el aval de dirigentes políticos.
Durante la intervención de la provincia a partir de 2004, Pedro Eugenio Simón obtuvo como premio que el Partido Justicialista lo incluyera en la lista de diputados provinciales en la elección que el dirigente José Figueroa perdiera ante el Frente Cícivo que integra el actual gobernador Gerardo Zamora, aliado del Gobierno nacional. Al asumir como diputado provincial, Simón redactó e impulsó un proyecto, que luego se transformó en ley por la aprobación del justicialismo y del oficialismo, para incorporar al código procesal penal una herramienta expeditiva para desalojar de sus tierras a las comunidades campesinas e indígenas. En 2006 la producción del programa Blog que se emitía por Canal 9 y dirigido por Daniel Tognetti, realizó mediante cámara oculta una investigación, bajo el título de “Tierras robadas”, en la que Pedro Eugenio Simón reconocía descaradamente haber desalojado en forma personal a una familia campesina, en momentos en que era diputado provincial y abogado de los empresarios. Desde ese doble rol fue el artífice de la ley que permitió el desalojo y uno de los que pergeñaron los ardides empleados. En las filmaciones se lo puede observar riendo a carcajadas en momentos en que desalojaba a una familia, mientras decía “vengo en mi rol de abogado pero soy el vice de la Cámara de Diputados”. De la investigación también surge que las tierras arrebatadas a los campesinos luego son custodiadas por efectivos de empresas de seguridad privadas fuertemente armados, varios de ellos miembros de la policía provincial. A partir del escándalo producido por el informe televisivo, se intentó expulsarlo de la Cámara, pero los terratenientes sojeros lograron mantenerlo en su cargo. No conformes con ello, hoy pretenden que les sea útil en el rol de fiscal federal.
Los impugnantes también recordaron que Simón había representado a la corporación empresarial Minera Alumbrera Limited en causas penales federales iniciadas por daños ambientales generados sobre la cuenca de los ríos Salí Dulce. Un profesional que a lo largo de su trayectoria ha puesto su saber al servicio de empresarios cuya actividad está absolutamente reñida con el medio ambiente, la vigencia de los derechos humanos y la defensa de los sectores mas débiles de la sociedad. Esperemos que el Poder Ejecutivo de la Nación retire este pliego indeseable o que el Senado lo rechace. Los campesinos y el medio ambiente darán las gracias.
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GRUPOS ARMADOS ENTRAN EN COMUNIDAD INDÍGENA EN SANTIAGO DEL ESTERO

Informe realizado por el Mocase Vía Campesina, la comunidad pertenece a la Central CCTIA de la organización.


Entre el viernes y sábado pasados grupos armados volvieron a entrar en la comunidad indígena Lule – Vilela de Tres Leones, esta vez se ubicaron en el paraje Pampa Chaquina a pocos kilómetros de la localidad Tintina, al noroeste del Dpto. Moreno.

Entre todas las comunidades hay más de 50 familias de origen indígena quichuista vilela que viven en la zona produciendo agricultura, ganadería, artesanías y haciendo productos forestales (Carbón y postes).

Hace 5 años aparecieron en la zona dos empresarios cordobeses: Aníbal Boyero y un tal Joni Gasparuti. El primero compra los derechos y acciones de una supuesta posesión a nombre de Juan Angel Martines (puntero político juarista, y quien fuera encargado del registro civil de la localidad de Libertad, que jamás ejerció posesión alguna sobre ese lote de 3.600 has). La fracción norte (de 800 has) de ese lote era sujeto de pastaje de la comunidad Indígena. Luego de un tiempo Boyero metió una topadora y deslindo las 3600 has. Y comenzó a empostar y alambrar cerrando el camino “El Charquinero”, camino vecinal con más de 100 años de antigüedad que es mantenido por la misma comunidad. Las comunidades integrantes de Tres Leones al ver que su territorio estaba siendo amenaza realiza una denuncia ante el Consejo Provincial de Vialidad contra Boyero por cierre indebido de camino, previa verificación ocular del Juez de Paz de la localidad de Tintina.
A su vez, al ver la actitud de Boyero de seguir con el alambrado, los hermanos comunitarios proceden a redelimitar su coposesión comunitaria con 2 hebras de alambre para que Boyero respete a la misma. Boyero rompe el alambre y prosigue alambrando. Los pobladores desarman el alambre y vuelven a armar su alambrado. En Junio del año 2004 Boyero acompañado por personal policial de la comisaría seccional Nº 44 de Tintina se apersona al lugar e intima a los pobladores a que depongan su actitud. De hecho Julio Sosa alias “guiso”, agente de la policía le dice a Carlos Pérez, integrante de la comunidad, que iban a ir todos presos si siguen redelimitando la posesión. El oficial Julio Sosa recibió de Boyero $40 pesos por acompañarlo.
Durante la semana del 16 al 20 de junio de ese mismo año en dos oportunidades más, personal de la policía de Tintina vuelven a ir al lugar a apretar a los pobladores a que depongan su actitud. La comunidad, facultados por el derecho de defensa de sus territorios siguen realizando la autodefensa de la posesión. Boyero contrata alambradores cordobeses quienes con custodia policial siguen realizando el alambrado. El abogado de Boyero de apellido Carol realiza una denuncia en el juzgado de 4 nominación en lo criminal y correccional de los Tribunales de Santiago del Estero, contra los pobladores de Pampa Charquita y La Pampa por el supuesto delito de usurpación de tierra, daños y perjuicios.

El día 23 de junio, como a las 9 de la mañana, Boyero, en su camioneta lleva a la zona de conflicto el siguiente personal policial de la seccional Nº 44 de Tintina, a saber: el oficial Carlos Luna, suboficial “Kito” Perez, el sumariante Luis Romero, los agentes Guillermo Vallejo, “Toro” Santillán, Julio Sosa, Vázquez, y los agentes de las destacamentos de Amamá: Cansino y de Libertad: Santillán.
En aquella oportunidad en ocasión en que los integrantes de la comunidad Carlos Perez y Carlos Roldán, estaban esperando en la entrada de la seccional Nº 44 de Tintina, para hablar con el Jefe Taboada, el cual estaba en Santiago del Estero, vieron arribar a dicha seccional la camioneta de Boyero con todo el personal anteriormente enunciado, descendieron bajando armas largas, chalecos antibalas. Con sus propios ojos pudieron ser testigos como Boyero, de manera impune entrega a Kito Pérez un fajo con billetes de $ 100.
Cuando hablamos con el oficial Luna le advertimos de las consecuencias penales por abuso de autoridad que recaería sobre el personal (a todo esto llaman de Buenos Aires en ese momento asesores de la Senadora Diana Conti). Luna responde a quien estaban allí que el no va hacer nada que no le ordene el juez, el cual telefónicamente le abría dado la orden para hacer este procedimiento. No nos dijo si hay orden de detención, ni en el marco de QUE??? se produjo este procedimiento. El conflicto con el empresario Boyero se da en el marco de la disputa territorial por el predio conocido como campo San Dimas.

Al ser tan extenso el territorio de la comunidad tienen otro frente de conflicto con una persona de nombre Yoni Gaparutti y con la empresa Batzen SA. En este caso por el campo denominado catastralmente como Villa María. Asimismo el tercer eje de defensa territorial se da con un empresario de nombre Enricci por el campo denominado Alza Nueva.
Los conflictos han sido innumerables y a modo de ejemplificar las problemáticas sufridas mencionamos que varios compañeros estuvieron detenidos durante más de dos semanas, imputados entre otros delitos por el de Asociación Ilícita.


A continuación se transcriben fragmentos de una de las tantas denuncias realizadas por miembros de la comunidad en los Tribunales de la Provincia, esta fue hecha en el año 2007 ante la Fiscalía del Crimen de Segunda Nominación:
Que en fecha 30 de Septiembre del presente año en horas 2.30 de la madrugada aproximadamente, los suscribientes nos dirigíamos a nuestros hogares, acompañados por nuestras familias y numerosos vecinos de distintos parajes, luego de haber participado de una peña en el paraje Central Dolores (Pista “El Gato Negro”). En momentos en que transitábamos por el camino une el Paraje Libertad y el paraje El Hoyo, pasando por Pampa Charquita, fuimos interceptados por una camionada Ford F 100 dominio EBY – 929 repleta de personas armadas con distintas armas de fuego. Al bajarse del vehículo de mención pudimos reconocer a las personas que se mencionan como denunciadas y otras cuyas identidades se deberá establecer. Sin ningún tipo de advertencia previa los denunciados comenzaron a atacarnos a golpes de puño mientras el resto de las personas de dispersaban por diversos lugares intentando evitar la agresión. Algunos de nosotros y de las demás personas que transitábamos por el camino tuvieron que abandonar los vehículos en los que se transportaban, recuperándolos al otro día. Todos recibimos lesiones de distinta consideración. Luego de varios minutos de forcejeos y golpes fuimos encañonados por los agresores, sobre todo las dos personas indicadas con apellido Castillo, los cuales nos amenazaron de muerte, diciendo que si no dejábamos de joder con el campo nos iban a matar a todos. Se aclara que la comunidad viene sosteniendo la posesión de su territorio ancestral de la intrusión de estas personas con un conflicto que lleva varios años y que a pesar de las innumerables denuncias radicadas las agresiones y la usurpación no cesan.
Todo esto se ve agravado porque el accionar delictivo se realizó en presencia de los oficiales denunciados que se encontraban “custodiando” o “asegurando” el resultado de la redada aquí relatada.

Ese mismo día pero en horas de la tarde, la misma camioneta con las mismas personas se presentó en el local de la radio FM Sacha Huayra (89.3) de la ciudad de Tintina, emisora que a nuestro pedido hizo público los hechos acontecidos. Al llegar allí encontraron al Sr. José Tevez, locutor de la radio, y luego de reducirlo y colocándole el cañón de una pistola sobre su cabeza lo amenazaron de muerte si seguía dando esas noticias al aire. Le dijeron que no lo mataban en ese lugar pero que en cualquier momento lo matarían en la calle.
A pesar de estos graves hechos el juzgado a cargo del Dr. Basbus no adopto ninguna medida tendiente a detener al Sr. Gugy Castillo, quien posee un amplio prontuario delictivo, para evitar una tragedia mayor.
Se aclara que el Sr. Castillo vende sus servicio como “guardián de campos”, prestando al momento de la denuncia mencionada servicios para la empresa Batzen SA asentada en el campo Villa María, territorio de la comunidad.

A pesar de las reiteradas denuncias ante distintos organismos del Estado Nacional y Provincial, el conflicto en las tierras de esta comunidad indígena se ve agravado cada tanto por el ingreso de grupos armados, como lo es en estos días. Cabe resaltar que la zona de Tintina es la zona liberada para los terratenientes y paramilitares.

“Ante un estado de derecho en ruinas rige la criminalización de la lucha por la tierra que se vale de terrorismo judicial en búsqueda de legitimar las violaciones a los derechos humanos de los campesinos e indígenas.”

Chicos de Santiago con extrañas malformaciones y la Sociedad Rural dice "No es tan grave"

Chicos de Santiago con extrañas malformaciones

Al menos cien niños del departamento Belgrano presentan malformaciones de diversa índole por lo que autoridades provinciales y nacionales están investigando probables causas. Miembros de las familias afectadas sospechan que el origen podría ser el uso indebido de plaguicidas en zonas en las que los campos se encuentran muy cerca de los pueblos. El Gobierno Nacional puso en marcha en Bandera, departamento Belgrano, una investigación para determinar la veracidad de lo que sostiene una denuncia radicada hace meses por Víctor Krieguel, un vecino que aportó como pruebas documentación y testimonios de familiares de trabajadores rurales que sufren distintas enfermedades, o bien sus hijos nacieron con malformaciones. Todos aseguran que son causadas por los químicos que se utilizan para fumigar los campos que rodean la ciudad. La antropóloga Leticia Lahitte estuvo en Bandera entre el Leticia Lahitte. miércoles y el viernes pasados, enviada por la Comisión de Investigación sobre el Uso de Agroquímicos, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Allí se entrevistó con autoridades municipales, sanitarias, vecinos y otros sectores involucrados en lo que fue presentada como una vieja problemática que se repite en distintos lugares del país donde la soja tiene marcada presencia, al igual que los potentes insecticidas y herbicidas utilizados para el cultivo. Pero en Bandera nadie habla en contra de la siembra del grano como una amenaza para la población, más bien plantea el riesgo que corren quienes deben estar en contacto diario con las sustancias que se utilizan para eliminar plagas, tanto animales como vegetales. “No queremos que dejen de sembrar soja, lo que se pide es la creación de una zona de interfase, que proteja al pueblo de los químicos y que se respete la ley que habla de una zona libre de fumigación, de un kilómetro y medio alrededor de la zona urbanizada. También queremos que se prohíba el paso por la ciudad de máquinas fumigadoras y la existencia de depósitos de estas sustancias que son muy nocivas para la salud de la gente”, reclamó Krieguel en una entrevista con EL LIBERAL. Leticia Lahitte vino al sur santiagueño precisamente en respuesta al alerta del denunciante, el único de toda la provincia que llamó al 0800 que habilitó la comisión investigadora para que la gente radique denuncias sobre este tipo de amenazas. Fue así que se arregló una serie de entrevistas en un hotel de Bandera, donde la antropóloga recibió durante la siesta del jueves a una decena de familiares de personas que aseguran ser víctimas del uso desmedido de los agroquímicos. Fueron entrando por grupos, porque las madres con sus hijos desbordaban el pequeño salón habilitado para la reunión. Fueron casi dos horas de escuchar historias de vecinos de distintos sectores periféricos de la ciudad donde apenas una calle de tierra separa las viviendas de la zona cultivada donde en temporada alta se fumiga casi a diario. Luego, en diálogo con EL LIBERAL, Lahitte reconoció que la comisión no tiene poder de policía ni facultades para promover acciones legales en contra de quienes serían responsables de la desgracia de las familias cuyos hijos nacieron con malformaciones o padecen algún tipo de cáncer. No hace más que acopiar información y elaborar informes que pasan a manos de funcionarios de más alto rango, quienes deciden qué hacer. “La comisión define las estrategias a seguir, las que son consensuadas para determinadas situaciones, a partir del asesoramiento de técnicos y de funcionarios de las áreas del Ministerio de Salud”, explicó. Aunque remarcó que a partir de la información recogida se podrá “trabajar de manera más articulada con los gobiernos locales para que adopten las medidas necesarias”. De todas formas, su visita a Bandera le permitió comprobar la existencia de silos y depósitos de agroquímicos cerca o dentro de la ciudad; también que muchas familias no asumen el peligro que representan los plaguicidas porque utilizan los envases para almacenar agua de lluvia que recogen de los techos y que utilizan para beber y cocinar, agravado esto porque en las chapas quedan impregnados restos de plaguicidas rociados por avionetas sobre los campos aledaños. Durante los tres días que estuvo en Bandera, la investigadora se pudo entrevistar con el intendente Oscar Gorosito, quien –según afirmó- “tiene más cosas en común que diferencias” con las personas que piden un mayor control al uso de los agroquímicos. Pese a que precisamente las autoridades municipales están entre las más comprometidas en la denuncia de Krieguel, quien se queja por la inacción del municipio para resguardar la salud de la población, fijando un cordón protector alrededor de la zona urbanizada, donde no se permita fumigar. GRACIELA OCAÑA - Ministra de Salud de la Nación Un espacio para analizar pruebas. “La comisión que la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) ha creado busca ordenar las múltiples jurisdicciones que existen para actuar en este tema y fundamentalmente nos da mandato para hacer estudios de casos similares a los de Ituzaingó (provincia de Córdoba, dónde se registraron denuncias por el mal uso de fertilizantes) en otras áreas del país, para hacer una evaluación sobre evidencia de los posibles efectos que los agroquímicos tienen sobre la salud de las personas. testimonios - Cientos de familias viven a metros de las zonas fumigadas Chicos con malformaciones y enfermos de cáncer en la periferia Los González tienen cinco hijos, tres nacieron con malformaciones congénitas. El padre era fumigador. Sandra (31) y Daniel González (36) tienen cinco hijos, de los cuales tres nacieron con distintos tipos de malformaciones. Él trabajó desde los 18 años en distintas tareas rurales, entre ellas, la fumigación de campos, y está convencido que el contacto permanente con los agroquímicos es la principal causa del drama que padecen hoy sus hijos. Rosa tiene a su marido con cáncer y una nieta con malformaciones congénitas. EL LIBERAL/José Gómez Viven en el humilde barrio La Plata, en el lado este de la ciudad, a no más de cien metros de los sembradíos. Justo al lado está la casa de Rosa Villafañe, cuyo marido, de 57 años, permanece internado en un centro de salud capitalino, afectado por un cáncer de pulmón. Él también trabajó durante casi toda su vida como fumigador. Y para colmo de males, su nieta, de un año y medio, nació con una malformación de pelvis de riñón. “En el Hospital Garrahan le dijeron a mi hija que ella nació así por los agroquímicos y ahora está con tratamiento”, se lamentó la mujer. Quienes viven en este barrio están particularmente expuestos a los efectos de los plaguicidas, no solo por la corta distancia que los separa de la zona de cultivos, sino también porque las calles de tierra son el corredor frecuente de los famosos “mosquitos”, como le llaman a los equipos fumigadores que casi a diario repasan el terreno. Daniel González no deja de lamentar la desgracia de sus hijos. Se siente culpable por haberse ganado la vida con los plaguicidas, aunque en aquellos años desconocía que –tal como supone- estaba llenando su organismo de sustancias que afectarían a su descendencia. Dos de sus hijos, Leonel de 9, y Gastón de 11 años, nacieron sin el orificio anal, y en distintos momentos de sus cortas vidas tuvieron que ser sometidos a cirugías correctivas, aunque antes debieron soportar la incomodidad de tener un ano contranatura. Su hermanita Yasmín, tiene 7 años, y también nació con un cuerpito imperfecto. Dos dedos de su mano izquierda están unidos por la piel. Pero más allá de eso, sus padres temen que con el paso del tiempo otras enfermedades puedan aparecer. En el barrio La Plata, como en el 120 Viviendas, ambos ubicados frente a los sembradíos, hablar de niños con malformaciones o personas víctimas de cáncer no es nada extraño. Al dialogar con la gente del lugar sale a la luz que todos saben de alguien en la zona que sufre alguna patología que, por influencia del boca a boca ó por indicación médica, suponen que guarda alguna relación con los agroquímicos que durante todo el año son regados en los campos ubicados a metros de sus casas. Dirección de la nota: http://www.elliberal.com.ar/secciones.php?nombre=home&file=verarchivo&id_noticia=090531U22 La Rural dice: “No es tan grave”, pero propone medidas "Le pedimos a los socios que tienen equipos de fumigación que no ingresen sus equipos sucios en el pueblo. Lo mismo se podría hacerse con los dueños de campos linderos”. Omar ChiattI Omar Chiatti es presidente de la Sociedad Rural de Bandera y, si bien intenta restar seriedad a las denuncias de personas que aseguran haber sufrido los efectos de los agroquímicos, reconoce que muchos productores de la zona no respetan las normas mínimas para proteger a la población de los efectos nocivos de los plaguicidas. La enviada de la Nación tenía previsto entrevistarse también con los representantes de esta institución antes de regresar a Capital Federal, pero eso no ocurrió. No obstante, el dirigente expresó a EL LIBERAL la postura de la Rural sobre un tema que ya es viejo para los asociados pero que “por falta de decisiones firmes” nunca se pudo avanzar. Coincide en la necesidad de reunir a todas las partes y buscar puntos de coincidencias para adoptar medidas para reducir la amenaza de los plaguicidas sobre la población. Es más, ofrece las instalaciones de la Rural para hacerlo. “Hay que reunirse las entidades, los vecinos que denuncian y los que forman parte del sistema, para ponernos de acuerdo para tomar medidas, como por ejemplo no dejar ingresar a la ciudad los equipos fumigadores sucios y tomar distancia prudencial del pueblo para aplicar los productos que son autorizados por ingenieros bajo receta”, dijo. También dijo que es factible una salida diplomática para crear una zona de protección, que mantenga a la ciudad alejada de las nubes de agroquímicos que son regados con máquinas terrestres y aéreas. “No son muchos los linderos al pueblo que tienen campos, ni las empresas que fumigan y que entran al pueblo”, aseguró. Dijo además que “la institución colabora con la municipalidad y las instituciones que quieren que se erradiquen del pueblo los equipos de fumigaciones, y prueba de ello es que se ofreció tras instalaciones de la Rural para que los propietarios de los campos linderos se reúnan, que serán no más de diez, para ver que en esos campos se fumigue con recetas de ingenieros y que no afecten a la población”. Dirección de la nota: http://www.elliberal.com.ar/secciones.php?nombre=home&file=verarchivo&id_noticia=090531NT8

LAS TIZAS DE LA UNSE SE MANCHAN CON SANGRE

LAS AMISTADES MINERAS DEL RECTOR DE LA UNSE

El geólogo Arnaldo Tenchini agradece a Minera La Alumbrera y a Barrick Gold.
No se quiere dar por enterado de que Julian Rooney (Alumbrera) se encuentra procesado en la justicia federal. Parece que tampoco le llegaron las noticias de los crímenes cometidos en Papua Nueva Guinea por la gente de Barrick Gold, ni de los "antecedentes" de su socio fundador, Peter Munk.
A continuación la nota en El Liberal

Funcionarios y académicos destacan el logro conseguido
En Frías siguen los ecos por la carrera de minería
	Profesionalización. El miércoles se firmó un convenio entre las universidades del NOA para crear una tecnicatura en Frías para contar con mano de obra especializada.

FRÍAS, Choya (C) El anuncio de la puesta en marcha de la carrera de técnico universitario en explotación de minas, que se implementará en la subsede Frías de la Unse, realizado el miércoles último, no sólo abrió una gran posibilidad para contar con profesionales locales en una región rica en reservas naturales, sino demostró que entre la educación superior, el Estado y el sector privado se puede consolidar un verdadero trabajo en equipo para que beneficie a la sociedad.
El rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, geólogo Arnaldo Sergio Tenchini, dijo tener un cariño muy especial por la “Ciudad de la amistad” y precisó que el miércoles fue “un día muy importante para los rectores del norte grande, porque se consolida un proyecto que lleva mucho tiempo de trabajo”.
Seguidamente sostuvo: “Quisiera agradecer a la Nación por el apoyo de las secretarías de Minería, Medioambiente y Planificación, a la provincia de Santiago del Estero, en la figura del Ing. Luis Gelid y el Dr. Ángel Niccolai, y a las mineras Alumbrera, Loma Negra y Barrica (léase Barrick Gold). Frías es un centro minero muy importante en el Norte Grande. El objetivo fue trabajar en red y dar respuestas a las necesidades de la región”.
Por su parte, el concejal a cargo de la intendencia, Humberto Salim, agradeció en nombre del pueblo friense al Gobierno provincial, a las autoridades nacionales y de las universidades que integran el Norte Grande por la concreción de esta carrera.

Impugnaron a Simón para un cargo federal

Ante la Comisión de Acuerdos del Senado

La presentación es en contra del letrado del foro local, Pedro Eugenio Simón, aspirante a fiscal de ese fuero. Lo acusan de “posiciones político-criminales violatorias de los DD.HH”.

El CELS y Copadi denunciaron a Simón.

La candidatura de Pedro Eugenio Simón para fiscal federal de Santiago del Estero fue drásticamente cuestionada e impugnada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Colectivo para la Diversidad (Copadi), cuyas autoridades enfatizan, según publicación del Diario Judicial, que “el postulante ha sostenido posiciones político-criminales violatorias de los estándares internacionales de derechos humanos”.
Tal impugnación fue presentada ante el senador Marcelo Guinde, presidente de la comisión que analiza los pliegos remitidos al Senado nacional, para que se designe a Pedro Simón como fiscal federal.
Tales organizaciones fundamentan en forma severa la impugnación a Simón diciendo que “de ser nombrado éste, se estaría designando en un cargo institucional de alta relevancia para la Justicia Federal y la Provincia de Santiago del Estero a quien ha sostenido posiciones político-criminales violatorias de los estándares internacionales de derechos humanos” y sostuvieron que “rechazar este acuerdo es necesario, para conformar un Poder Judicial democrático e independiente” en el territorio santiagueño.

Objetan proceso
Asimismo, el CELS y el Copadi objetan el proceso de designación advirtiendo que del análisis realizado al concurso para fiscal federal en esta provincia, surge que Pedro Simón obtuvo 30 puntos -sobre 60- en el examen de oposición, y en el examen oral 20 puntos sobre 40, remarcando que de los tres ternados fue el de menor puntaje (53 sobre 100), cuando en contraposición la postulante Indiana Garzón obtuvo 54 puntos sobre 60 en el examen escrito y en el examen oral logró 38 sobre 40, o sea que sus calificaciones fueron netamente superiores a las obtenidas por Pedro Eugenio Simón.
Remarcan que de Simón, cuentan con “fundadas sospechas respecto de su falta de compromiso con la vigencia de los derechos humanos y de su falta de independencia del poder político y los sectores dominantes provinciales”.
Rematan el duro cuestionamiento diciendo que Pedro Simón fue, como diputado provincial, el impulsor de un proyecto de ley para restablecer los desalojos como medida cautelar en los juicios por usurpación, sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo, normativa que resulta contraria a estándares constitucionales”, enfatizan.
nota original

CUESTIONAN A UN CANDIDATO PARA SER FISCAL EN SANTIAGO DEL ESTERO

Abogado experto en desalojar campesinos

Por Diego Martínez

Proviene de un estudio especializado en desalojar campesinos e indígenas de sus tierras. Como diputado provincial, mientras patrocinaba a terratenientes, impulsó un proyecto para acelerar desalojos y participó en persona de la expulsión de una familia junto a un grupo de policías. También defendió los intereses de la corporación Minera Alumbrera en causas por graves daños ambientales. Con esos antecedentes, Pedro Eugenio Simón se postuló para fiscal federal de Santiago del Estero. Fue cuestionado por el Mocase, entre otras organizaciones, y quedó último en el concurso de la Procuración General. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional propuso su designación y pidió acuerdo al Senado. Ahora la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colectivo para la Diversidad solicitaron a la Cámara baja realizar audiencias públicas para evaluar su idoneidad moral y recomendaron rechazar su pliego para garantizar “un Poder Judicial democrático e independiente” en Santiago del Estero.

Según los abogados Rodolfo Yanzón y Luis Santucho, de la Fundación LADH, Simón “representa legal y políticamente a terratenientes y empresarios vinculados a corporaciones nacionales e internacionales del complejo sojero”. El candidato proviene del estudio Sechi-Retondo de Spaini, “que en tiempos de los Juárez y hasta la fecha se especializa en desalojar campesinos de sus tierras”, apuntan. El caso más resonante, en Los Juríes, lo padeció la familia Quiñónez e incluyó una escritura adulterada que derivó en el procesamiento de un empresario de apellido Sartor y del escribano Edmundo Gómez por defraudación y falsificación de instrumento público. Simón tuvo un rol “directo y decisivo”, sostiene el escrito.

Como diputado provincial por el peronista Bloque Lealtad Popular, Simón impulsó un proyecto para restablecer los desalojos como medida cautelar en juicios por usurpación, sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo. La norma había sido derogada por la intervención federal porque “coloca a las personas de condiciones más humildes en una situación de vulnerabilidad e indefensión”, sostuvo el Ministerio de Justicia en 2003. El Cels y Copadi recuerdan que el candidato era entonces abogado de la empresa Agroval, dueña de tierras en conflicto con campesinos, y consideran “por demás sospechoso que como diputado haya promovido una ley que resultaba esencial en su estrategia como abogado”.

Luego de que su proyecto se convirtiera en ley, Simón participó en persona del desalojo de la familia Guzmán junto a un grupo de elite de la policía de Santiago (Getoar). Hubo intentos de expulsarlo de Diputados, pero logró mantenerse en el cargo. “Existen fundadas sospechas respecto de la falta de compromiso del candidato con la vigencia de los derechos humanos y de su falta de independencia del poder político y los sectores dominantes provinciales”, afirman el Cels y Copadi, y como “la Presidenta no hizo claras las razones por las cuales eligió a un candidato tan mal calificado y tan seriamente cuestionado” como Simón, solicitan al Senado que contribuya a conformar “una justicia federal democrática e independiente”.

Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-126916-2009-06-19.html

Ambientalistas advierten potenciales daños por la nueva planta que tratará los residuos

Basural tucumano estaría sobre acuífero que abastece a ciudades santiagueñas

Un especialista en Ingeniería Ambiental asegura que el emprendimiento, en zona limítrofe con Santiago, se ubicaría “directamente sobre el flujo natural de agua que hace su aporte al acuífero de Isca Yacu”. Afirma que se deben hacer estudios geológicos y de permeabilidad.

El traslado de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Pacará Pintado a Overa Pozo, en el límite con la provincia de Tucumán, genera mucha preocupación entre los ambientalistas.
En este sentido, el especialista en Ingeniería Ambiental, Jorge Ragno resaltó que “la preocupación es entendible” ya que el importante recurso para la provincia como lo son las aguas subterráneas como ser las termales de Río Hondo tienen sus orígenes en los cerros tucumanos, en los denominados del Aconquija, que corren de norte a sur en Tucumán. “En cambio los acuíferos cercanos a Pozo Hondo en la zona de Isca Yacú tienen sus orígenes en la denominada zona de recarga en los cerros de Medina en el sur-este de Tucumán y finalmente los acuíferos cercanos a Nueva Esperanza, en los cerros de La Candelaria situados en el sur de Salta”, explicó. Por ello es que remarcó que “la preocupación de las entidades ambientalistas podría entenderse a partir de que la zona elegida donde se desarrollaría el proyecto, del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos en Tucumán, estaría ubicado directamente sobre el flujo natural de aguas que abastece al acuífero de Isca Yacú en Santiago del Estero y como se dijo tienen su zona de captación y el origen (zona de recarga) de sus aguas en los cerros de Medina”.
De igual manera advirtió que dicha determinación “se debería precisar con estudios geológicos previos a la obra”.
Es así que resaltó la importancia de “identificar como hipótesis en el Estudio de Impacto Ambiental ese aspecto, donde se demuestre las medidas a adoptar para la mitigación de ese impacto, en el Plan de Gestión y Vigilancia Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental, para que aseguren que determinando la profundidad de la inmensa fosa, del Centro de Disposición Final, se verifique la perfecta estanqueidad e impermeabilización de la misma durante todo el proceso de la obra y en su puesta en servicio, para que potencialmente no se interfiera con el natural flujo de las aguas subterráneas, si esto así se verifica que ocurriese mediante los estudios geológicos que se realicen”. nota original

Miembros del PSA y de la Mesa de Tierras de Santiago del Estero involucrados en Estafa Desalojo de campesinas y campesinos del Paraje Celentano

Miembros del PSA y de la Mesa de Tierras de Santiago del Estero involucrados en Estafa

Desalojo de campesinas y campesinos del Paraje Celentano

Los Ingenieros Osvaldo González y Alfonso Héctor Tricárico, miembros de la actual delegación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, se presentaron identificándose como referentes del Programa Social Agropecuario, induciendo a campesinas y campesinos a firmar un compromiso de trasladarse a otro sector del campo, para ocupar una superficie de 75 hectáreas, bajo la advertencia de que, caso contrario, serían desalojados, perdiendo todo, dado que el inmueble tiene un propietario.

Por temores ante las amenazas de Tricárico y el Gallego González durante años, una campesina y dos campesinos, firmaron este compromiso de traslado.

Entre la noche del 4 y 5 de junio fueron desalojadas veintitrés personas con apoyo de personal policial.

Concretado el desalojo, les quemaron las pertenencias, procediendo a destruirles las viviendas, perdiendo los desalojados motos, zorras, 60 vacunos, yeguas, caballos, chivas, chivos, más de 30 cabritos, pavos, gallinas, patos, ovejas, más de 30 chanchos, perros, mulas, Quemaron todos los corrales y tres casas quedaron destruidas.

Esta injustificable violencia institucional ha motivado que nosotros, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. MOCASE MNCI Vía Campesina, nos solidaricemos, aunque las victimas no pertenecían al mismo.

El territorio en conflicto está conformado por Cuatro Lotes o campos de un total de 14.997 hectáreas.

Está involucrado también de manera directa en estas transacciones y luego violento desalojo, Patricio Adrián Lipshitz, hijo del actual Delegado de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Ingeniero Héctor Lipshitz.

Denunciamos y repudiamos a los ingenieros Héctor Gallego González y Alfonso Héctor

Tricárico y todos aquellos que por complicidad se han servido de sus funciones públicas, para enriquecerse a costa de la eliminación de familias campesinas que de forma pacífica, y continua, viven, trabajan y producen la tierra, en lugar de promover el desarrollo campesino y la agricultura familiar.

El MOCASE Vía Campesina pondrá toda su capacidad en función de

- Restituir en la tierra a la que pertenecen legítimamente, a estas familias campesinas.

- Investigar y hacer investigar a fin de que se realicen las acciones jurídicas y administrativas que correspondan.

- Desarrollar una campaña de información y alerta nacional para que se no se repitan ni reproduzcan estas conductas desde quienes supuestamente debieran velar por los derechos de trabajadores y productores rurales, y los utilizan para sus intereses.

"En este ahora se sabrá un poco más de la historia de las organizaciones campesinas en Santiago del Estero"

MOCASE MNCI Via Campesina

TEfs 011 156 643 6042

BASURAL: De Pacará Pintado a Overa Pozo

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Empiezan a abrir la ruta para llevar la basura a Overa Pozo

Un grupo de 30 operarios comenzó las obras en la traza que será enripiada y consolidada. Se trata de un trayecto de 2,1 kilómetros que los trabajadores viales acondicionarán para la circulación de camiones.

La trata de residuos

Hasta ahora son siete los municipios que descargan la basura en Pacará Pintado. Se calcula que son unas 800 toneladas por día.

El funcionamiento de Pacará Pintado está en la mira judicial, a causa de las denunciadas por supuesta contaminación que hizo una ONG.

“Es un tema muy serio que debemos resolver definitivamente”, afirmó Alperovich, a fines de mayo, en referencia a las dificultades del caso.

Durante el día, las topadoras abren el camino. Como un gigante brazo, desprenden la tierra para luego consolidar lo que será el camino de acceso a Overa Pozo, donde se construirá una planta de tratamiento para los residuos sólidos urbanos.
Para llegar al sitio hay un tramo de unos 2,1 kilómetros sobre los que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) comenzó a trabajar para afianzar lo que se convertirá en el principal acceso al lugar.
Como es habitual para este tipo de obras, además de las topadoras también se trabaja con moto niveladoras, cargadoras frontales, retro excavadoras y camiones en los que se transporte el material sobrante.
El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Raúl Basilio, detalló a LA GACETA que en Overa Pozo hay un total aproximado de 30 operarios de esa repartición (entre maquinistas y choferes de camiones), que ya iniciaron las obras. “En la primera etapa, el trayecto de acceso, que es la ruta provincial 327, será un camino de ripio consolidado. La idea es tener un buen ancho de calzada para la futura circulación de los camiones que utilizarán ese vía para transportar la basura”, detalló.
El funcionario explicó que hasta ahora se mantiene un buen ritmo de trabajo, pero aclaró que si la intención es habilitar el camino en el menor tiempo posible se podría reforzar la cantidad de operarios disponibles y las maquinarias.

Un largo trayecto
La localidad de Overa Pozo-Monte Redondo está ubicada al este tucumano, casi en el límite con Santiago del Estero. Para llegar al lugar hay que tomar la ruta provincial 302 (por Banda del Río Salí), luego se debe seguir en la misma dirección hacia el este por la ruta provincial 303. Entre las localidades de Los Ralos y Lapachitos hay que desviar hacia el norte por la ruta provincial 327.
El trayecto desde San Miguel de Tucumán hacia Overa Pozo, por las rutas 302 y 303 está pavimentado. Sin embargo, la traza de la ruta 303 requiere de trabajos de repavimentación. En este sentido, Basilio explicó que para poder concretar esa obra de reacondicionamiento, la Legislatura abrirá una licitación pública internacional en el marco del programa nacional de infraestructura denominado “Norte Grande”. El funcionario resaltó que se trata de una inversión de casi $ 15 millones.
Además de la Dirección Provincial de Vialidad hay otros dos organismos estatales que comenzaron a operar en la zona de Overa Pozo. Según fuentes oficiales, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), cuyo titular es Miguel Brito, se encargará de montar la cerca perimetral del predio, donde se hará la disposición final de los residuos sólidos urbanos. También tendrá injerencia la Dirección Provincial del Agua (DPA), que conduce Juan Sirimaldi. En este caso, esa repartición se ocupará de los pozos de extracción de agua.

Plazo perentorio
Los funcionarios son conscientes de la celeridad con que deben trabajar en esa zona para habilitar la planta de tratamiento de residuos en un plazo de 60 a 90 días. Ese fue el plazo establecido por el gobernador, José Alperovich, cuando a fines de mayo anunció la decisión de cambiar a Pacará Pintado por Overa Pozo.
El mandatario, incluso, precisó que el Gobierno ofrecerá subsidios a los municipios del Gran San Miguel para afrontar el costo del traslado de la basura a Overa Pozo, ubicada a 38 kilómetros de distancia de la planta de Overa Pozo. Alperovich adelantó que esa ayuda financiera rondará los $ 500.000 mensuales, como mínimo.
El proyecto de llevar los residuos a Overa Pozo es un viejo anhelo del Poder Ejecutivo provincial, que comenzó en diciembre de 2005, cuando la Legislatura aprobó la utilidad del terreno para ese fin.
NOTA ORIGINAL

En la capital, creció el 100% el costo de la recolección de basura

La facturación del servicio, a cargo de la firma 9 de Julio, trepó a $ 5 millones por mes. El cambio de localidad para la disposición final de los residuos encarecerá más aún los gastos para la administración Amaya.

El servicio de recolección y disposición final de la basura es el más costoso para la Municipalidad de la capital. En 2005, cuando se inició el nuevo contrato con la empresa 9 de Julio la facturación era de $ 2,5 millones por mes; mientras que ahora esa cifra trepó a $ 5 millones mensuales.
La facturación de la firma privada se efectúa por quincena (alrededor de $ 2,2 millones), pero en algunas ocasiones el costo es más elevado todavía debido a los servicios adicionales, como ocurrió el mes pasado con la limpieza del predio de Campo Norte, donde se extrajeron residuos por un total de 500 viajes.
De este modo, el servicio de la empresa 9 de Julio concentra unos $ 60 millones del presupuesto anual del municipio. El contrato entre la capital y la empresa privada establece una fórmula polinómica que dispara el costo del servicio cada vez que se producen aumentos de sueldos del personal o suba en el valor del combustible. Esa cláusula había sido impuesta por el Concejo Deliberante (gestión 2003-07), cuando se aprobó el pliego de bases y condiciones del llamado a licitación.
Estos montos millonarios podrían trepar aún más, a partir de la decisión del Gobierno provincial de llevar los residuos a un predio en la localidad de Overa Pozo, una localidad ubicada a 38 kilómetros de Pacará Pintado.
La empresa 9 de Julio cuenta con otra cláusula a su favor que establece nuevos valores escalonados respecto de las distancias entre la capital y el sitio de disposición final de la basura (toneladas por kilómetros). Por ende, el servicio se encarecerá cuando los residuos sean trasladados a Overa Pozo. “Será un nuevo servicio, lo que implicará un costo diferente. Pero el intendente Domingo Amaya buscará que se haga al menor precio posible dentro del presupuesto limitado que tiene la Municipalidad”, afirmó el secretario de Gobierno, Walter Berarducci.
El funcionario resaltó que el cambio de localidad traerá otros beneficios. “No será un gasto, sino una inversión, porque después de mucho tiempo, habrá un lugar con las condiciones ambientales necesarias y dentro del canon internacional para este tipo de emprendimientos”, dijo.
Berarducci aclaró que todavía no está definido el nuevo costo del servicio, pero insistió en que será provechoso para la ciudadanía, porque se trata de un ambiente apropiado.
Mientras tanto, por orden del gobernador, José Alperovich, comenzaron los trabajos en Overa Pozo para acondicionar el terreno. La Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) hará el cercado del predio, la Dirección de Vialidad Provincial (DPV) las obras en el acceso al lugar y la Dirección Provincial del Agua (DPA) los pozos de extracción de agua.

Avignone reclamó la renegociación del contrato

En vista del cambio de localidad para la disposición final de la basura, el concejal de la capital, José Luis Avignone (UCR), encendió una luz de alerta. Planteó, por un lado, el elevado costo actual del servicio y, por otro, la suba que se producirá en el futuro por el traslado a Overa Pozo.
“La incidencia de la mano de obra sobre la metodología de cálculo es significativa siendo el rubro que más repercute en la prestación del servicio y sus costos”, señaló. “Además hay que tener en cuenta que el municipio, en forma separada, abona por la disposición final de la basura a otra empresa (Servicios y Construcciones La Banda, propietaria de la planta de Pacará Pintado), por una suma de $ 500.000 mensuales”, advirtió.
Ante esta situación, Avignone recordó que si el Gobierno pretende que los residuos se depositen en Overa Pozo habrá un incremento del costo. Inclusive deslizó que la alta facturación podría derivar en una suba de las tasas municipales. Por esa razón, presentó un proyecto de ordenanza para que se autorice a la intendencia a renegociar el contrato con la empresa Transporte 9 de Julio.

De Pacará Pintado a Overa Pozo

1 - La capital concentra la mayor cantidad de residuos sólidos urbanos con un total aproximado de 450 toneladas por día, que se trasladan a Pacará Pintado.

2 - El cambio de lugar -de Pacará a Overa Pozo- obligará a la empresa 9 de Julio a contar con camiones aptos para el traslado en larga distancia.

3 - Son siete los municipios que depositan unas 800 toneladas por día de basura en la planta de Pacará Pintado, que tiene permiso para funcionar hasta 2011.

SOLIDARIDAD CON LOS HERMANOS INDIGENAS DEL PERÚ

LA VIA CAMPESINA INTERNACIONAL

Las campesinas y campesinos del mundo nos solidarizamos con los hermanos indígenas del Perú.

Los hombres y las mujeres; Campesinas y campesinos miembros de la Vía Campesina de Asia, Europa, Africa y América nos manifestamos indignados, y ofendidos ante la masacre cometida contra los hermanos indígenas del Bagua en el norte del Perú, en el día 05 de junio, día mundial del medio ambiente.

Condenamos y rechazamos este genocidio cometido contra aquellos que luchan por sus territorios, recursos naturales, su autonomía, cultura e identidad.

Condenamos y rechazamos las políticas imperialistas de marginación, opresión y destrucción de nuestros pueblos originarios, que se imponen en Perú, América y otras partes del mundo.

Condenamos el uso desmedido de las armas y las leyes que violan los más elementales derechos humanos causando desolación y muerte.

Nos solidarizamos con las familias y organizaciones de nuestros hermanos indígenas sacrificados del Perú.

Ratificamos nuestro compromiso por la unidad de los pueblos de las Américas y el mundo.

Continuaremos luchando por la justicia, la vida y la igualdad.

Continuaremos luchando por nuestra tierra y territorios

¡Globalicemos la lucha!

¡Globalicemos la esperanza!

Leonida Zurita Vargas e Itelvina Masioli

Por La Via campesina Internacional