22-06-2009 /
El Senado de la Nación deberá analizar el pliego de Pedro Eugenio Simón para ser designado fiscal federal en la provincia de Santiago del Estero. La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo de la Nación y mereció la impugnación de varias organizaciones, entre ellas del Frente Nacional Campesino y de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos. Los impugnantes dijeron que Simón representa “legal y políticamente a los terratenientes y empresarios vinculados a las corporaciones nacionales e internacionales del complejo sojero”. Recordaron la pertenencia de postulante al estudio jurídico Sechi Retondo, especialista en desalojar campesinos de sus tierras. Como ejemplo del accionar empresario y de su staff de abogados, citaron el caso de la familia Quiñónez, que había habitado durante décadas en el lote 41 de Los Juríes en el Departamento de Taboada, jurisdicción de Añatuya. Los Quiñónez fueron desalojados en varias oportunidades, la última de ellas mediante una estafa con falsificación de documentos públicos pergeñada por abogados y escribanos para beneficio de los empresarios del campo. De esa maniobra participó Simón, que fue imputado en la investigación de la estafa, por la que ya están procesados por la jueza Roxana Vera el empresario Carlos Sartor y el escribano Edmundo A. Gómez, de la ciudad de Santiago. La maniobra para desapoderar a la familia Quiñónez de sus tierras es uno de los métodos utilizados por los empresarios en perjuicio de los campesinos. Adulteran escrituras que luego hacen valer ante los jueces para llevar a cabo los desalojos. La práctica es posible por abogados como Simón y con el aval de dirigentes políticos.
Durante la intervención de la provincia a partir de 2004, Pedro Eugenio Simón obtuvo como premio que el Partido Justicialista lo incluyera en la lista de diputados provinciales en la elección que el dirigente José Figueroa perdiera ante el Frente Cícivo que integra el actual gobernador Gerardo Zamora, aliado del Gobierno nacional. Al asumir como diputado provincial, Simón redactó e impulsó un proyecto, que luego se transformó en ley por la aprobación del justicialismo y del oficialismo, para incorporar al código procesal penal una herramienta expeditiva para desalojar de sus tierras a las comunidades campesinas e indígenas. En 2006 la producción del programa Blog que se emitía por Canal 9 y dirigido por Daniel Tognetti, realizó mediante cámara oculta una investigación, bajo el título de “Tierras robadas”, en la que Pedro Eugenio Simón reconocía descaradamente haber desalojado en forma personal a una familia campesina, en momentos en que era diputado provincial y abogado de los empresarios. Desde ese doble rol fue el artífice de la ley que permitió el desalojo y uno de los que pergeñaron los ardides empleados. En las filmaciones se lo puede observar riendo a carcajadas en momentos en que desalojaba a una familia, mientras decía “vengo en mi rol de abogado pero soy el vice de la Cámara de Diputados”. De la investigación también surge que las tierras arrebatadas a los campesinos luego son custodiadas por efectivos de empresas de seguridad privadas fuertemente armados, varios de ellos miembros de la policía provincial. A partir del escándalo producido por el informe televisivo, se intentó expulsarlo de la Cámara, pero los terratenientes sojeros lograron mantenerlo en su cargo. No conformes con ello, hoy pretenden que les sea útil en el rol de fiscal federal.
Los impugnantes también recordaron que Simón había representado a la corporación empresarial Minera Alumbrera Limited en causas penales federales iniciadas por daños ambientales generados sobre la cuenca de los ríos Salí Dulce. Un profesional que a lo largo de su trayectoria ha puesto su saber al servicio de empresarios cuya actividad está absolutamente reñida con el medio ambiente, la vigencia de los derechos humanos y la defensa de los sectores mas débiles de la sociedad. Esperemos que el Poder Ejecutivo de la Nación retire este pliego indeseable o que el Senado lo rechace. Los campesinos y el medio ambiente darán las gracias.
nota original
Durante la intervención de la provincia a partir de 2004, Pedro Eugenio Simón obtuvo como premio que el Partido Justicialista lo incluyera en la lista de diputados provinciales en la elección que el dirigente José Figueroa perdiera ante el Frente Cícivo que integra el actual gobernador Gerardo Zamora, aliado del Gobierno nacional. Al asumir como diputado provincial, Simón redactó e impulsó un proyecto, que luego se transformó en ley por la aprobación del justicialismo y del oficialismo, para incorporar al código procesal penal una herramienta expeditiva para desalojar de sus tierras a las comunidades campesinas e indígenas. En 2006 la producción del programa Blog que se emitía por Canal 9 y dirigido por Daniel Tognetti, realizó mediante cámara oculta una investigación, bajo el título de “Tierras robadas”, en la que Pedro Eugenio Simón reconocía descaradamente haber desalojado en forma personal a una familia campesina, en momentos en que era diputado provincial y abogado de los empresarios. Desde ese doble rol fue el artífice de la ley que permitió el desalojo y uno de los que pergeñaron los ardides empleados. En las filmaciones se lo puede observar riendo a carcajadas en momentos en que desalojaba a una familia, mientras decía “vengo en mi rol de abogado pero soy el vice de la Cámara de Diputados”. De la investigación también surge que las tierras arrebatadas a los campesinos luego son custodiadas por efectivos de empresas de seguridad privadas fuertemente armados, varios de ellos miembros de la policía provincial. A partir del escándalo producido por el informe televisivo, se intentó expulsarlo de la Cámara, pero los terratenientes sojeros lograron mantenerlo en su cargo. No conformes con ello, hoy pretenden que les sea útil en el rol de fiscal federal.
Los impugnantes también recordaron que Simón había representado a la corporación empresarial Minera Alumbrera Limited en causas penales federales iniciadas por daños ambientales generados sobre la cuenca de los ríos Salí Dulce. Un profesional que a lo largo de su trayectoria ha puesto su saber al servicio de empresarios cuya actividad está absolutamente reñida con el medio ambiente, la vigencia de los derechos humanos y la defensa de los sectores mas débiles de la sociedad. Esperemos que el Poder Ejecutivo de la Nación retire este pliego indeseable o que el Senado lo rechace. Los campesinos y el medio ambiente darán las gracias.
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