Ante la Comisión de Acuerdos del Senado
Tal impugnación fue presentada ante el senador Marcelo Guinde, presidente de la comisión que analiza los pliegos remitidos al Senado nacional, para que se designe a Pedro Simón como fiscal federal.
Tales organizaciones fundamentan en forma severa la impugnación a Simón diciendo que “de ser nombrado éste, se estaría designando en un cargo institucional de alta relevancia para la Justicia Federal y la Provincia de Santiago del Estero a quien ha sostenido posiciones político-criminales violatorias de los estándares internacionales de derechos humanos” y sostuvieron que “rechazar este acuerdo es necesario, para conformar un Poder Judicial democrático e independiente” en el territorio santiagueño.
Objetan proceso
Asimismo, el CELS y el Copadi objetan el proceso de designación advirtiendo que del análisis realizado al concurso para fiscal federal en esta provincia, surge que Pedro Simón obtuvo 30 puntos -sobre 60- en el examen de oposición, y en el examen oral 20 puntos sobre 40, remarcando que de los tres ternados fue el de menor puntaje (53 sobre 100), cuando en contraposición la postulante Indiana Garzón obtuvo 54 puntos sobre 60 en el examen escrito y en el examen oral logró 38 sobre 40, o sea que sus calificaciones fueron netamente superiores a las obtenidas por Pedro Eugenio Simón.
Remarcan que de Simón, cuentan con “fundadas sospechas respecto de su falta de compromiso con la vigencia de los derechos humanos y de su falta de independencia del poder político y los sectores dominantes provinciales”.
Rematan el duro cuestionamiento diciendo que Pedro Simón fue, como diputado provincial, el impulsor de un proyecto de ley para restablecer los desalojos como medida cautelar en los juicios por usurpación, sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo, normativa que resulta contraria a estándares constitucionales”, enfatizan.
nota original
CUESTIONAN A UN CANDIDATO PARA SER FISCAL EN SANTIAGO DEL ESTERO
Abogado experto en desalojar campesinos
Proviene de un estudio especializado en desalojar campesinos e indígenas de sus tierras. Como diputado provincial, mientras patrocinaba a terratenientes, impulsó un proyecto para acelerar desalojos y participó en persona de la expulsión de una familia junto a un grupo de policías. También defendió los intereses de la corporación Minera Alumbrera en causas por graves daños ambientales. Con esos antecedentes, Pedro Eugenio Simón se postuló para fiscal federal de Santiago del Estero. Fue cuestionado por el Mocase, entre otras organizaciones, y quedó último en el concurso de la Procuración General. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional propuso su designación y pidió acuerdo al Senado. Ahora la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colectivo para la Diversidad solicitaron a la Cámara baja realizar audiencias públicas para evaluar su idoneidad moral y recomendaron rechazar su pliego para garantizar “un Poder Judicial democrático e independiente” en Santiago del Estero.
Según los abogados Rodolfo Yanzón y Luis Santucho, de la Fundación LADH, Simón “representa legal y políticamente a terratenientes y empresarios vinculados a corporaciones nacionales e internacionales del complejo sojero”. El candidato proviene del estudio Sechi-Retondo de Spaini, “que en tiempos de los Juárez y hasta la fecha se especializa en desalojar campesinos de sus tierras”, apuntan. El caso más resonante, en Los Juríes, lo padeció la familia Quiñónez e incluyó una escritura adulterada que derivó en el procesamiento de un empresario de apellido Sartor y del escribano Edmundo Gómez por defraudación y falsificación de instrumento público. Simón tuvo un rol “directo y decisivo”, sostiene el escrito.
Como diputado provincial por el peronista Bloque Lealtad Popular, Simón impulsó un proyecto para restablecer los desalojos como medida cautelar en juicios por usurpación, sin audiencia de la contraparte y sin necesidad de procesamiento previo. La norma había sido derogada por la intervención federal porque “coloca a las personas de condiciones más humildes en una situación de vulnerabilidad e indefensión”, sostuvo el Ministerio de Justicia en 2003. El Cels y Copadi recuerdan que el candidato era entonces abogado de la empresa Agroval, dueña de tierras en conflicto con campesinos, y consideran “por demás sospechoso que como diputado haya promovido una ley que resultaba esencial en su estrategia como abogado”.
Luego de que su proyecto se convirtiera en ley, Simón participó en persona del desalojo de la familia Guzmán junto a un grupo de elite de la policía de Santiago (Getoar). Hubo intentos de expulsarlo de Diputados, pero logró mantenerse en el cargo. “Existen fundadas sospechas respecto de la falta de compromiso del candidato con la vigencia de los derechos humanos y de su falta de independencia del poder político y los sectores dominantes provinciales”, afirman el Cels y Copadi, y como “la Presidenta no hizo claras las razones por las cuales eligió a un candidato tan mal calificado y tan seriamente cuestionado” como Simón, solicitan al Senado que contribuya a conformar “una justicia federal democrática e independiente”.
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