El fiscal federal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, resaltó el avance de la Justicia Federal de Santiago del Estero contra los responsables de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, tras el pedido de indagatoria al secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, acusado de encubrimiento. Gómez dijo que por los antecedentes (recordó la condena a un ex intendente de Concepción por los mismos delitos), a Montalvan le espera “un futuro un poco negro”.
Gómez no tiene dudas de que este requerimiento efectuado por el fiscal federal general de Santiago, Gustavo Gimena (como subrogante del fiscal Pedro Simón), obrará como un efecto dominó sobre los demás funcionarios provinciales de Tucumán con responsabilidad en esta cuestión, para que empiecen a preocuparse por hacer cumplir la normativa ambiental a las industrias.
El alto funcionario de la Justicia Federal de Tucumán, analizó el dictamen elevado por Gimena al juez federal santiagueño, Guillermo Molinari, en el que pidió ampliar la instrucción para indagar a Alfredo Montalván por abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, delitos previstos en el artículo 248 del Código Penal.
Al respecto, subrayó dos puntos: “En primer lugar, hay que tener muy en claro que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario sospechado de corrupción. El caso de una empresa llega a cometer el delito de contaminación es porque han fracasado los controles administrativos. Y lo que destaco en segundo lugar, lo que está marcando Gimena, es que esa falta de control, esa suerte de complicidad con la contaminación proviene de la propia Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán.
Gómez dijo que no es una cuestión nueva el avance contra un funcionario por delitos ambientales, y uno de los casos que recordó fue el del ex intendente de Concepción, Octavio Muedra, condenado a un año de prisión condicional e inhabilitación para desempeñarse como funcionario público, por hechos similares a los que se le imputa al secretario de Medio Ambiente, Montalvan. “Aventuro que se tratará de un caso bastante oscuro, veo un futuro un poco negro si nos atenemos a la jurisprudencia”, le aventuró el representante del Ministerio Público Fiscal al secretario de Estado tucumano.
Más responsables
Tampoco descartó que pueda haber otros funcionarios de Tucumán implicados en esa connivencia con los industriales para no respetar las leyes y que se contamine la cuenca Salí-Dulce. “En Tucumán todo lo que tenga que ver con las cuestiones de autorización para emprendimientos industriales, pasa por un Consejo Ambiental integrado por representantes de distintas áreas, entre ellas las universidades. Si el Consejo Ambiental ha dado una autorización para que alguna empresa funcione sin prever el nivel y el tipo de contaminante que se arroje al río Salí es una clara negligencia y eso está contemplado como un delito en el artículo 56 de la ley 24.051 (de Residuos Peligrosos)”, advirtió.
-¿Por qué pasó eso, hubo presión del gobierno o de las industrias para que no avance la Justicia Federal en Tucumán?
-Objetivamente no lo sé, tengo que decir que tengo muchas sospechas, pero no las puedo basar en ningún hecho con certeza. El porqué un fiscal de primera instancia que es quien lleva estas causas, no imputa en los delitos de encubrimiento como ha ocurrido en estos expedientes de acá de Tucumán, o por qué se los procesa a los dueños de un ingenio y no se avanza sobre quiénes autorizaron al ingenio a funcionar de esta manera delictual, es una cuestión que deberían preguntárselo a los jueces federales y a los fiscales de primera instancia de Tucumán. Yo no tengo memoria, excepto el caso de los intendentes de varias ciudades de aquí, que contra un funcionario del gobierno provincial se haya citado a prestar declaración indagatoria o se le haya tomado declaración indagatoria como ocurrió en Santiago. Es complicado y lo digo por experiencia personal, avanzar en una provincia desde la Magistratura contra un funcionario público de su misma provincia, aún cuando seamos jueces y fiscales federales.
-¿Esta citación a indagatoria de Montalván puede generar un efecto en los funcionarios tucumanos para que tengan mayor preocupación en velar por el cumplimiento de las leyes?
-No tengo ninguna duda y lo digo con fundamento en hechos concretos. En Tucumán a partir de la condena del intendente de Concepción sobre el tema basural y el procesamiento de dos intendentes más, los intendentes son muy cuidadosos en la manera en que se producen las deposiciones de los residuos sólidos urbanos. Si esto llega a tener el mismo reflejo en los funcionarios provinciales o nacionales que sean citados a prestar declaración indagatoria, va ser un hecho muy bueno”.
Gómez no tiene dudas de que este requerimiento efectuado por el fiscal federal general de Santiago, Gustavo Gimena (como subrogante del fiscal Pedro Simón), obrará como un efecto dominó sobre los demás funcionarios provinciales de Tucumán con responsabilidad en esta cuestión, para que empiecen a preocuparse por hacer cumplir la normativa ambiental a las industrias.
El alto funcionario de la Justicia Federal de Tucumán, analizó el dictamen elevado por Gimena al juez federal santiagueño, Guillermo Molinari, en el que pidió ampliar la instrucción para indagar a Alfredo Montalván por abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, delitos previstos en el artículo 248 del Código Penal.
Al respecto, subrayó dos puntos: “En primer lugar, hay que tener muy en claro que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario sospechado de corrupción. El caso de una empresa llega a cometer el delito de contaminación es porque han fracasado los controles administrativos. Y lo que destaco en segundo lugar, lo que está marcando Gimena, es que esa falta de control, esa suerte de complicidad con la contaminación proviene de la propia Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán.
Gómez dijo que no es una cuestión nueva el avance contra un funcionario por delitos ambientales, y uno de los casos que recordó fue el del ex intendente de Concepción, Octavio Muedra, condenado a un año de prisión condicional e inhabilitación para desempeñarse como funcionario público, por hechos similares a los que se le imputa al secretario de Medio Ambiente, Montalvan. “Aventuro que se tratará de un caso bastante oscuro, veo un futuro un poco negro si nos atenemos a la jurisprudencia”, le aventuró el representante del Ministerio Público Fiscal al secretario de Estado tucumano.
Más responsables
Tampoco descartó que pueda haber otros funcionarios de Tucumán implicados en esa connivencia con los industriales para no respetar las leyes y que se contamine la cuenca Salí-Dulce. “En Tucumán todo lo que tenga que ver con las cuestiones de autorización para emprendimientos industriales, pasa por un Consejo Ambiental integrado por representantes de distintas áreas, entre ellas las universidades. Si el Consejo Ambiental ha dado una autorización para que alguna empresa funcione sin prever el nivel y el tipo de contaminante que se arroje al río Salí es una clara negligencia y eso está contemplado como un delito en el artículo 56 de la ley 24.051 (de Residuos Peligrosos)”, advirtió.
-¿Por qué pasó eso, hubo presión del gobierno o de las industrias para que no avance la Justicia Federal en Tucumán?
-Objetivamente no lo sé, tengo que decir que tengo muchas sospechas, pero no las puedo basar en ningún hecho con certeza. El porqué un fiscal de primera instancia que es quien lleva estas causas, no imputa en los delitos de encubrimiento como ha ocurrido en estos expedientes de acá de Tucumán, o por qué se los procesa a los dueños de un ingenio y no se avanza sobre quiénes autorizaron al ingenio a funcionar de esta manera delictual, es una cuestión que deberían preguntárselo a los jueces federales y a los fiscales de primera instancia de Tucumán. Yo no tengo memoria, excepto el caso de los intendentes de varias ciudades de aquí, que contra un funcionario del gobierno provincial se haya citado a prestar declaración indagatoria o se le haya tomado declaración indagatoria como ocurrió en Santiago. Es complicado y lo digo por experiencia personal, avanzar en una provincia desde la Magistratura contra un funcionario público de su misma provincia, aún cuando seamos jueces y fiscales federales.
-¿Esta citación a indagatoria de Montalván puede generar un efecto en los funcionarios tucumanos para que tengan mayor preocupación en velar por el cumplimiento de las leyes?
-No tengo ninguna duda y lo digo con fundamento en hechos concretos. En Tucumán a partir de la condena del intendente de Concepción sobre el tema basural y el procesamiento de dos intendentes más, los intendentes son muy cuidadosos en la manera en que se producen las deposiciones de los residuos sólidos urbanos. Si esto llega a tener el mismo reflejo en los funcionarios provinciales o nacionales que sean citados a prestar declaración indagatoria, va ser un hecho muy bueno”.
MONTALVÁN
¿Premonición?
Sorpresivamente el viernes pasado, Montalván y su abogado concurrieron a la sede del Juzgado Federal local aunque no había sido citado por motivo alguno. El funcionario tucumano pidió acceso al expediente judicial iniciado por una denuncia del ex intendente Saleme y que aglutina una serie de denuncias efectuadas por el gobierno provincial, Defensoría del Pueblo y la ex edila termense, Ana Loto, a raíz de la mortandad de toneladas de peces en el lago de Río Hondo. Como la causa no está bajo secreto de sumario, Montalván pudo leerla junto con su abogado, pero acompañados por un efectivo de la Policía Federal. Luego, concurrió a la Secretaría Penal para saber acerca de su situación, tras lo cual se retiró del edificio, esquivando a la guardia periodística.
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| En la mira. El fiscal federal de Santiago pidió la indagatoria de Alfredo Montalván. http://200.61.210.154/ampliada.php?ID=812 |
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