Juzgado Federal de Santiago del Estero
Martes 28 de Junio de 2011
A partir de ese paso, se podría avanzar sobre un procesamiento. La medida fue solicitada en el marco de la querella impulsada días atrás por la ex concejal Ana Loto, “por considerarlos autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto y penado en el Art. 248 del Código”.
En el caso del ingeniero Alfredo Montalván, es “por haber omitido el control de la normativa ambiental nacional y de la provincia de Tucumán, que posibilitó la comisión de los delitos de contaminación ambiental que se investigan en la presente instrucción”.
Para el fiscal, el dolo directo del secretario de Estado de Medio Ambiente de Tucumán se encuentra acreditado puesto que no ejecutó las leyes cuya observancia debía, cuando sabía que la contaminación del río Salí, del embalse de Las Termas de Río Hondo y toda la cuenca hídrica Salí-Dulce que termina en la provincia de Córdoba (laguna Mar Chiquita) es generada principalmente por el vertido impune de efluentes líquidos y sólidos altamente contaminantes por parte de industrias ubicadas en la provincia de Tucumán y la empresa minera la Alumbrera cuya planta de secado se encuentra en la tucumana localidad de Ranchillos.
“Reiteramos la solicitud de declaración de indagatoria inmediata, tal cual se peticionó en anteriores dictámenes de esta Fiscalía Federal, sin considerar necesario esperar los informes requeridos a Gendarmería”, sostiene la ampliación del requerimiento.
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Es por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce
Procesan a directivo de empresa azucarera
Martes 28 de Junio de 2011 | Lo determinó el juez federal Mario Racedo con un embargo de 200 mil pesos.
El fiscal Gimena en diálogo con Nuevo Diario.
La contaminación afecta a la cuenca Salí-Dulce.
Se trata de un directivo de la empresa Arenal del Norte, del ingenio Cruz Alta cuya denuncia por “presunta contaminación” fue impulsada en el año 2006 desde Santiago del Estero. El medida procesal se lleva a cabo luego de varios años de estar paralizada la causa y tras “el nuevo impulso que se dio el pasado mes de abril” desde la Defensoría del Pueblo.
Según lo indicado desde la Justicia Federal de Tucumán, la medida fue dispuesta en el marco de la Ley 24051 que se refiere a delitos de contaminación. En este contexto, indicaron que los parámetros considerados para hablar de contaminación de la cuenca fue “los altos valores de sólidos sedimentados” que se obtuvieron tras los muestreos llevados a cabo en más de una ocasión.
Cabe mencionar que ésta es sólo una de las causas impulsadas desde la provincia, ya que “la mayoría se canalizó en en ese año”.
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