“No se trata de una pelea entre provincias ni entre tucumanos y santiagueños. Es una cuestión de obligación de todos los ciudadanos de preservar el medio ambiente y si algún ciudadano comete algún delito en ese sentido, es la justicia la que tiene que actuar”, destaco el gobernador al hablar sobre la contaminación del embalse.
En cuanto al proceso judicial que se sigue por la contaminación, el gobernador dijo que “está en el marco de una estrategia permanente que se viene realizando con Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo que son los que vienen dando a conocer el estado de la causa”.
El mandatario provincial sostuvo además que “se hará todo lo que se tenga que hacer, pero creo que ya se ha hecho todo lo necesario y está en manos de las justicia y es obviamente la Justicia Federal la que tendrá que determinar y nosotros tendremos que seguir trabajando desde el Comité de Cuenca porque esto no se trata de una pelea entre provincias ni entre tucumanos y santiagueños, esto no tiene que ver con la política, sino es una cuestión de obligación de todos los ciudadanos de preservar el medio ambiente y si algún ciudadano comete algún delito en ese sentido, es la justicia la que tiene que actuar”.
Ante la consulta de si es necesario redefinir la función del Comité de Cuenca, el mandatario provincial expresó que “este organismo está trabajando como tiene que trabajar y como corresponde, hace al control, planificación y algunas cuestiones estratégicas obviamente relacionadas con la visión nacional y el aporte que debe realizar la Nación y el compromiso que tiene para toda la cuenca donde la integramos varias provincias; después hay cuestiones que son delictuales y en las cuestiones delictuales es la justicia la que tiene que actuar”.
En cuanto a la necesidad de que el Comité de Cuenca cumpla rol de policía, Zamora puntualizó: “Lo que pasa es que si bien tiene un control y de alguna manera hemos delegado las provincias partes de nuestro poder de policía en fiscalizar, tomar datos, en ingresar de alguna manera a las provincias para que se pueda realizar llámese control, fiscalización o toma de datos, estadísticas, controles de aguas, calidades de las aguas, pero lo que no tiene es el poder jurisdiccional para tomar las medidas sancionatorias”.
Por último, el gobernador detalló que “en este caso hay una cuestión que va mucho más allá, porque se han registrado algunos avances importantes, pero existen personas con nombre y apellido que lucran violando la ley y eso es un delito que está en manos de la justicia”.
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