Se agrava situación de Trabajadores Rurales

Consejo de Comunicación de la Atuchajpa Sujllayas de la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano 


En una acción encubierta de despidos masivos y, como represalia a denuncias públicas a través de medios nacionales (Página 12), trabajadores rurales temporarios, originarios de Atamisqui (Santiago del Estero) están siendo reenviados en estos momentos a sus casas desde los campos donde debían realizar las actividades de desflore o desflorada de maíz, entre otras cosechas, por parte de empresas agrícolas. Con el propósito de hacer desaparecer toda huella de explotación laboral se están desmantelando casillas y reenviando a la gente de campos situados en la provincia de Santa Fe donde podría llegar a realizarse alguna inspección. 

Esta situación esta generando problemas graves ya que son numerosos trabajadores que quedan sin el único ingreso monetario anual que les posibilita sobrevivir a lo largo del año hasta la próxima campaña; a la vez que promueve tensión y conflicto entre trabajadores ya que las empresas les dan a entender que esto esta pasando porque otros, en Atamisqui, se atrevieron a denunciar las formas inhumanas de explotación a que son sometidos. Esta práctica de castigo a la falta de sumisión es una extensión de otras formas perversas, ya denunciadas, tales como el “puntaje por rendimiento y buen comportamiento” que estas empresas utilizan para evitar cualquier forma de solidaridad interna y organización gremial de los trabajadores en los campos de trabajo. 

Para las empresas es necesario que estos trabajadores, ubicados en la parte más baja de la pirámide, con los más bajos ingresos y la más alta vulnerabilidad laboral, “aprendan que el hilo se corta por lo más delgado” y su atrevimiento de denunciar a una patronal que nunca vieron tenga un “escarmiento ejemplar” que sirva al resto. La denuncia de las condiciones de explotación realizada por trabajadores atamisqueños es tomada por estos empresarios como una “insolencia” comparada a la del perro (que de tanto recibir patadas) un día mordió la mano de su amo. 

Estos trabajadores rurales, que hoy están siendo reenviados a sus casas, “liberados” por sus captores antes de que aparezcan como rescatados por la justicia o la administración estatal, están viviendo la angustia de quien regresa a su hogar sin nada para numerosas familias que aguardaban este magro ingreso monetario que servía para acceder a un consumo mínimo de subsistencia. No se trata de los trabajadores rescatados y visibilizados por la cobertura solidaria de algunos medios nacionales; se trata de cientos, miles de anónimos invisibles que sienten que están pagando caro por haberse rebelado con la palabra contra un sistema que históricamente lo explota y oprime. 

Es el mismo sistema vinculado al mundo de los agronegocios, de empresas transnacionales y socios (empresarios y políticos) locales, que en su irracional afán de lucro desaloja a comunidades campesinas e indígenas (de donde proviene el mayor número de trabajadores rurales) de sus tierras para convertirlos en mano de obra esclava; arrasa con bosques nativos en el argumento de expandir la frontera agropecuaria y generar inversión; se apropia de los recursos naturales y de la vida de las personas, a los que explota por igual. 

Estos mercaderes de hombres, devenidos en empresas de punta, algunas de ellas premiadas por su “responsabilidad social empresaria”, se desnudan de todo ropaje para mostrar su verdadera naturaleza al castigar a estos trabajadores santiagueños por decir que la jornada de trabajo es de 10 a 14 horas, que tienen que dormir en casillas de chapas que durante el día se recalientan bajo el sol como se recalienta el agua para consumo humano, que nunca saben cuánto a van a cobrar ni cuánto van a trabajar, etc. 

Hoy son regresados a Atamisqui, uno de los departamentos con mayores índices de pobreza y de injusticia social. Donde cientos de familias vieron morir sus animales luego de cuatro meses sin agua, ni siquiera para consumo humano, porque el agua era derivada por funcionarios de la Administración Provincial de Recursos Hídricos a los campos de estos mismos empresarios, inversores, que llegaron a Atamisqui a “traer el progreso”. 

Donde otras tantas familias también vieron morir sus animales, pero por la orden de un juez provincial (Tarchini Saavedra) que ordenó su secuestro como represalia a otra rebeldía que merecía castigo: denunciar que estos empresarios (Genética del Este S.A.) estaban usurpando la tierra de las comunidades y deforestando un bosque protegido por leyes nacionales y provinciales, con el “dejar hacer” cómplice de la Dirección Provincial de Bosques, órgano que supuestamente debía controlar el cumplimiento de la ley. 

Donde el GETOAR (Grupo Especial Táctico para Operaciones de Alto Riesgo) de la policía provincial golpeó a ancianos, mujeres y niños que se preparaban para asistir a su primer día de clase, por orden de otro juez (Jorge) por otra “rebeldía”: negarse a auto incriminarse como autores de supuestos delitos denunciados por estos mismos empresarios. 

Esta claro que la pobreza tiene causas estructurales e históricas, que no es natural sino el resultado de decisiones políticas que hicieron y hacen posible el enriquecimiento de unos a costa de la explotación y empobrecimiento de muchos; esta claro que ningún hombre aceptaría someterse a estas condiciones inhumanas de trabajo esclavo si tuviese una mínima alternativa de otra forma de subsistir y desarrollarse; esta claro que a ningún explotador le resultaría fácil explotar si hubiese una legislación que proteja los derechos del trabajador y quienes estén dispuestos a hacerla cumplir y; esta claro que la patronal rural y sus asociados (funcionarios, políticos y jueces) saben castigar el “mal comportamiento”. 

La extrema pobreza y la ausencia de posibilidades en sus lugares de origen es tan grave como la explotación en los lugares de destino de estos trabajadores, ambas situaciones tienen responsables; son las dos caras de una misma moneda. 

Los trabajadores de Atamisqui están siendo reenviados, castigados, a sus hogares, con la incertidumbre de no saber de dónde sacarán lo necesario para la subsistencia de su familia; con la incertidumbre de no saber si los culpables de esto son los empresarios, los que descubrieron los campos de trabajo esclavo o, ellos mismos, por haberse atrevido a denunciar. 

Ahora es necesaria la intervención del Estado nacional: estos trabajadores deben ser censados en su lugar de origen (Atamisqui) y garantizarles un ingreso que les permita la subsistencia del grupo familiar mientras se avanza en la resolución de las causas estructurales de la explotación. Que sientan el orgullo de haber denunciado el sometimiento de sus compañeros y no la sensación de culpa que se pretende hacerles sentir por verlos volver. 

Reinaldo Ledesma 

DNI 16.017.382 

T. 0385-4390608
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