El defensor del Pueblo de la provincia, Martín Díaz Achával, aludió a la testimonial del arrepentido ex industrial que se presentó ante la Justicia Federal local para denunciar la contaminación de la cuenca por parte de ingenios. “Ratifica lo que siempre afirmamos desde este organismo, que las industrias azucareras de Tucumán no realizan el tratamiento de sus residuos industriales, consecuentemente, arrojan la vinaza cruda a la cuenca Salí-Dulce”, dijo.
El ombudsman subrayó que “lo más grave e importante es el ocultamiento de información, como la rotura de un tanque de melaza, como materia prima del alcohol que se derivó al río Gastona y de allí al Salí-Dulce, causando una catástrofe en la fauna ictícola”. Además, indicó que el ex empresario arrepentido se habría mostrado partidario de la construcción del vinazoducto como solución a la problemática, y.recordó que esta fue una de las propuestas que hace cinco años elevó Santiago del Estero.
En apuros
El defensor también opinó sobre los dichos de su par de Tucumán, de que los empresarios están animados a suscribir el Programa de Reconversión Industrial: “Están compelidos, no por buenos que son, sino por el miedo a que se apliquen sanciones penales y civiles”.
Por otro lado, señaló que “el amparo ambiental planteado ante la Corte Suprema de Justicia es una bomba de tiempo, como se admite con preocupación en la vecina provincia. Es el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo”. Subrayó que de intervenir la Corte se creará un Consejo de la Cuenca Salí-Dulce –distinto del Comité de Cuenca-, en el que intervendrán indirectamente las provincias, las ONGs ambientalistas, las defensorías del Pueblo de la cuenca, Ambiente de la Nación, organismos nacionales, con poder de policía para controlar el saneamiento de la cuenca.
Finalmente, dijo que para la Defensoría se agotó la vía administrativa de entendimiento con la provincia de Tucumán. Aunque respeta la decisión del gobierno de la provincia de sostener un canal posible de diálogo y entendimiento. l
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