| INGENIOS Y CITRÍCOLAS, EN LA MIRA |
| Santiago será querellante por la contaminación del embalse |
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| REPRESENTANTES. Martín Díaz Achával, defensor del Pueblo; y Raúl Abate, fiscal de Estado, harán la presentación en la Justicia Federal. |
| La Defensoría del Pueblo de la provincia y Fiscalía de Estado harán una presentación ante la Justicia Federal de Santiago y de Tucumán. Buscan dar un mayor impulso al avance judicial en contra de los desechos que vuelcan industrias tucumanas en la Cuenca Salí-Dulce. |
En los últimos días la Justicia Federal –tanto de Tucumán como de Santiago del Estero- viene produciendo medidas y dictando fallos en distintas causas por delitos ambientales que están arrinconando a los titulares de industrias y empresas tucumanas acusados como las responsables de contaminar la cuenca Salí-Dulce.
Para acompañar y dar un mayor impulso a este avance judicial, la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía de Estado se preparan para constituirse como querellantes en las distintas causas en las que se investiguen la degradación a las aguas de la cuenca Salí-Dulce y el embalse Río Hondo. Ser querellante permitiría tener acceso pleno a los expedientes, ser notificados de las distintas medidas procesales que se adopten en torno a las causas o también presentar pruebas (como estudios y testimonios), entre otras facultades.
Al momento, ambos organismos trabajan en la redacción del escrito en la que solicitarán la incorporación a las causas como querellantes en las causas que se tramitan en el Juzgado Federal local como en Tucumán. Por eso esperan que el juez federal santiagueño, Guillermo Molinari, tenga individualizados a los dueños de las industrias tucumanas sindicadas como responsables por el fiscal federal Pedro Simón (15 ingenios, 5 citrícolas, Papelera Tucumán, Minera La Alumbrera y Sociedad Aguas de Tucumán).
La constitución como querellante sería una idea que analizaban ambos organismos, a modo de ir consolidando los distintos pasos que diera la Justicia en contra de los culpables de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce.
Como una especie de movimiento adelantado en esta materia –la constitución como querellantes, meses atrás el defensor santiagueño, Martín Díaz Achával, había solicitado la autorización del fuero federal de Tucumán para tomar compulsa en todas las causas por la contaminación de las aguas del embalse. Este pedido fue concedido y se estima que próximamente se enviarán abogados de la defensoría a la vecina provincia para tomar contacto con los distintos expedientes.
Causas abiertas
Mientras tanto, en el Juzgado Federal local se espera que el magistrado Guillermo Molinari fije fecha de las indagatorias a titulares de 15 ingenios que arrojan sus desechos en los tributarios del lago del embalse Río Hondo y que de acuerdo con el requerimiento del fiscal Pedro Simón, contaminaron sus aguas. Estas firmas son: ingenios Bella Vista, Concepción, La Corona, La Florida, La Fronterita, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Bárbara, San Juan, Santa Rosa, Aguilares, Cruz Alta, La Providencia y Nuñorco. Simón también pidió la imputación de los responsables de cinco citrícolas (Citromax, San Miguel SA., Litoral Citrus, Cota y Acheral), de la empresa Papelera Tucumán, de la Sociedad Aguas del Tucumán y de la planta de secado de Minera La Alumbrera Ltd.
La Simón sostiene basado en la numerosa prueba recopilada en el expediente, que estas personas son presuntos autores penalmente responsables del delito de contaminación peligrosa para la salud, previsto en el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos.
En tanto, en Tucumán, el titular del Juzgado Federal Nº 2, Mario Racedo, procesó en los últimos días al dueño del ingenio Nuñorco por infringir la ley de Residuos Peligrosos y mandó a juicio oral la causa contra dos directivos de la citrícola Cota, por violación a la citada norma.
Es de señalar que en agosto de 2010, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ratificó el procesamiento sin prisión preventiva a Enrique Fausto González, Silvio José Peluffo y Héctor Gregorio Mateos, directivos de la empresa Azucarera Argentina, propietaria del ingenio La Corona por contaminación con efluentes industriales a la Cuenca Salí-Dulce. Además, se trabó embargo por un millón de pesos a cada uno de los acusados.
Además, meses atrás el propio Racedo procesó al administrador del ingenio Santa Rosa, José Fernández, tras constatar el derrame de vinaza en canales que después derivan en ríos que a su vez son colectores del río Salí y que constituyen la Cuenca Salí-Dulce. l |
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